Payasos y leones

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Cualquier tema es bueno para que la gente no note la falta de azúcar, las filas para comprar arroz y la inflación galopante en el país.

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: La reinvención de la macroeconomía

  2. El Día: Más allá de una novela negra

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: Payasos y leones

  5. El Día: La promesa del Gobierno

  6. Los Tiempos: Las implicaciones del caso Rózsa

  7. El Deber: En paralelo con ‘ciudad del crimen’

  8. Cambio: El ritmo del proceso de cambio

  9. La Prensa: El pueblo castigado

  10. El Diario: Costo de vida, contrabando y escasez

  11. El Mundo: Misiles

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: Contradicciones en la política sobre la inflación




El Día: La reinvención de la macroeconomía

Economía en línea.

En las últimas semanas la propaganda oficial ha bombardeado a la opinión pública con datos macroeconómicos. Superávit fiscal, balanza comercial positiva, reservas internacionales que habrían sobrepasado los 10 mil millones de dólares, entre otros. Habla mucho menos del crecimiento enano de 3,8 % o de la inflación elevada de 7,18 o la escalada de precios de los alimentos que llegó a 11% en el 2010.  Como en el pasado neoliberal los datos macro dominan la agenda de políticas públicas.

El crecimiento económico entre 2006 y 2010 fue, en promedio anual, de 4,5%. Este resultado es muy parecido a la tasa de crecimiento del período de auge del neoliberalismo, entre 1994 y 1998. El crecimiento económico en Bolivia, además de ser muy bajo comparado con la región latinoamericana, es muy sensible a los booms y colapsos de los precios internacionales de los recursos naturales y a la volatilidad de los ingresos de capitales. El crecimiento moderado del producto en los últimos años, también se explica por el “sesgo financiero” de las políticas macroeconómicas adoptadas.

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la mayoría de los países latinoamericanos, desde los años noventa hasta ahora, optó por políticas macroeconómicas que tuvieron como prioridad la estabilidad financiera; entre tanto, los resultados sobre el crecimiento económico y la equidad social fueron muy magros. Para la Cepal , el hecho que la macroeconomía haya enfatizado los objetivos de bajar inflación y disciplina fiscal tuvo consecuencias negativas desde la perspectiva del desarrollo.

La estabilidad macroeconómica financiera contrastó con las intensas fluctuaciones de la tasa del PIB; es decir, con la inestabilidad del producto, que, a su vez, se tradujo en fuertes variaciones de la demanda agregada, el tipo de cambio y las expectativas los actores económicos. El entorno macroeconómico de los últimos 20 años en América Latina no estimuló la formación de capital, la innovación tecnológica y la creación de empleos de calidad. Bolivia no fue la excepción.

El concepto de estabilidad macroeconómica se transformó en este período. Según José Antonio Ocampo, un economista colombiano, después de la segunda Guerra Mundial, para el pensamiento keynesiano, estabilidad macroeconómica implicaba una combinación de equilibrio interno (pleno empleo, crecimiento económico estable e inflación baja) y ponderación externa (balanza de pagos equilibrada). A partir de la hegemonía del pensamiento neoliberal en los años noventa, el equilibro fiscal y la estabilidad de precios  se convirtieron en los objetivos dominantes de las políticas macroeconómicas. El rol contracíclico de las políticas macro fue abandonado y se dejó de lado los temas de inestabilidad macroeconómica real;  es decir, comportamiento del producto y empleo. Ocampo aboga porque las políticas macroeconómicas amplíen sus objetivos e incluyan múltiples dimensiones,  envolviendo no sólo la estabilidad fiscal o de precios, sino también la evolución del producto, las relaciones endeudamiento sostenibles, balance público–privados saludables, moderadas tasas de interés de largo plazo, tipos de cambio competitivos y lo más importante, retomar el objetivo keynesiano final: el pleno empleo.

En estas circunstancias, para Ffrench-Davis, economista chileno, "se precisa pasar del fuerte sesgo ‘financierista’  y ‘cortoplacista’ a un enfoque que priorice, explícitamente, el desarrollo productivo y su repercusión en la equidad. Ello requiere un enfoque integrado en que incorporen las interrelaciones entre la micro y la macroeconomía, y se consideren las implicancias de la intensa heterogeneidad estructural de los mercados nacionales y la prociclicidad intrínseca de los flujos financieros internacionales".

En el caso boliviano, en el período 2006 y 2010, las políticas económicas adoptadas no rompieron con el patrón descrito para América Latina. La macro fue cortoplacista, en especial, las políticas monetarias  y cambiarias que mantuvieron elevados grados de continuidad, en objetivos e instrumentos, respecto al pasado neoliberal, cuando las políticas macroeconómicas priorizaban el control de la inflación y el balance presupuestario.  Entre tanto, durante la administración del presidente Morales, la política fiscal fue expansiva, el gasto y la inversión aumentaron significativamente, aunque hay duda sobre su calidad y eficacia de estas para fomentar el crecimiento y la creación de empleo. Más aún, estas dos últimas variables fueron afectadas por los altibajos en los ciclos económicos, problemas de acceso a créditos, apreciación del tipo de cambio real, políticas monetarias contradictorias, primero contractivas para controlar la inflación hasta el 2008 y después expansivas. Además, durante la administración del presidente Morales no se avanzó en la coordinación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, hecho que las tornó  más disfuncionales respecto a las metas de crecimiento económico sostenido.   En suma, a la macroeconomía no llegó el cambio y por lo tanto, ahora ésta precisa de ser reinventada.

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El Día: Más allá de una novela negra

Línea de Fuego

Cuando en la madrugada del 16 de abril del 2009 un grupo de hombres embozados rompió puertas escandalosamente y abatió a balazos a Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, que dormían cada uno en su habitación en el hotel Las Américas, comenzó a escribirse en Bolivia una novela negra que algún día tendrá autor. Empezaba un drama producido en Santa Cruz de la Sierra, que no relataba un hecho policial de bandidos y delincuentes, sino que era parte de un maléfico plan político ajustado hasta el último detalle.

Los que dispararon a mansalva con sus armas modernas pertenecían a la UTARC de la Policía boliviana y los masacrados eran tres aventureros, crédulos, violentos, e irreflexivos, reclutados con engaño para crear la intriga más canalla que jamás pudimos imaginar en Bolivia. El jefe, Eduardo Rózsa, boliviano-húngaro, ex combatiente en las guerras balcánicas, fue la ficha más importante del tablero que armó el Gobierno del MAS en su afán de destruir la “inteligentzia” cruceña; es decir, su élite política, cívica y empresarial. No la destruyó hasta ahora, pero persiste en su intención y la humilla con enfermizo encono.

El Gobierno masista, jurado enemigo de Santa Cruz, construyó una trampa para atrapar a su dirigencia. Sabía el Gobierno andino-centrista que los cruceños le tenían mucha resistencia, hasta el extremo que le resultaba riesgoso, al propio Presidente de la República, poner sus pies en Santa Cruz. Los masistas merodeaban lejos del centro de la ciudad, acobardados, y así era imposible consolidar el “cambio”. Resultaba vital despejar el camino y hacer que S.E. y sus seguidores tuvieran las puertas abiertas en el reducto más indómito.

¿En qué forma se podía doblegar a esta gente terca, orgullosa, que no comulgaba con el racismo aimara ni con la supremacía andina? Acusarlos de conspirar era una posibilidad. Denunciarlos de pretender matar a S.E. era otra. Pero ni lo uno ni lo otro iba a conmover a un pueblo como el boliviano acostumbrado a los levantamientos y las conjuras. ¿Qué más podía conmover al país? Ahí fue cuando se pensó en que lo único inaceptable, lo que llenaría de desprestigio a los cruceños, lo que uniría al resto de Bolivia en su contra, sería el separatismo. Desenterrar del pasado viejas ideas federalistas. Y ése era el momento apropiado, cuando Santa Cruz resistía sola e inerme el avasallamiento que bajaba de la cordillera y los valles.

Entonces se empezó a escribir apresuradamente la novela negra que culminó con tres muertos en el hotel Las Américas y con un centenar de personajes cruceños perseguidos y encarcelados. Se urdió un argumento magistral para el novelón, hay que reconocer. El Gobierno contactó astutamente a varios mercenarios inactivos, dispuestos a cualquier cosa, para que vinieran a Bolivia con el cebo de defender a Santa Cruz del acoso gubernamental, o en su defecto, encabezar un movimiento separatista. Ante la amenaza que se cernía sobre la ciudad, no fue difícil que el grupo tomara contacto con algunos cruceños dispuestos a no dejarse avasallar. Lo que no sabían ni los mercenarios ni quienes se les plegaron, era que el grupo estaba infiltrado desde antes de arribar a Bolivia porque, sin saberlo, eran marionetas del Ministerio de Gobierno.

Si los grupos represores del régimen sólo hubieran asesinado a sangre fría a Rózsa, Magyarosi y Dwyer, habría existido material para una novela negra de tipo policial. Pero la cosa fue mucho más allá. Matar a tres personas era lo de menos. Había que joder a los cruceños. Criminalizar a Santa Cruz era el plan central. Paralogizar a sus habitantes, sorprenderlos, atemorizarlos, culpando a sus cooperativas más representativas, citando a declarar, acusando y secuestrando a través de denuncias de esbirros pagados, a dirigentes cívicos, empresariales, militares, y al propio Gobernador, era el fin. Al mismo tiempo que se armaba un tinglado internacional donde se denunciaba que un grupo racista y oligárquico quería dividir a la República.

La movida del Gobierno tuvo éxito. Evo Morales dio la primicia de un fallido magnicidio e intento separatista, en Caracas, a Chávez y Raúl Castro, cuando los cuerpos de los acribillados estaban todavía tibios. Pese a que S.E. dijo que había ordenado actuar contra los tres mercenarios, quedó como una víctima. ¿Qué país iba a apoyar a un presunto grupo separatista? ¿Quiénes iban a poner en duda públicamente lo que decía el presidente de Bolivia que aún tenía credibilidad? El obediente perraje judicial inició, implacable, su tarea destructiva.

Ahora, con lo de "El Viejo", Andrade, Clavijo, Núñez del Prado, los miles de dólares de gastos reservados para sobornar, por fin nos damos cuenta de que el Gobierno no sólo estaba dispuesto a asesinar a tres individuos, sino a muchos más si es que el plan les fallaba. El Gobierno  llegó a tal irresponsabilidad que pudo provocar una represión sangrienta en Santa Cruz. Pero la farsa ya está a la vista. El montaje es tenebroso. Sin embargo, el poder que todavía ostenta S.E. hace que la humillación prosiga y que el fiscal Soza continúe anatemizando a los cruceños. ¿Hasta cuándo?.

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El Día: Bolítica

No he recibido ninguna información, menos denuncia de que exista dominio de mercado, no hay. No tenemos una norma que sancione las prácticas anticompetitivas, yo voy hacer seguimiento al mercado".

Óscar Cámara
DIRECTOR DE LA AEMP


Se dice que: La Autoridad de Empresas (AEMP) recordó que no es su atribución fiscalizar Emapa pero sí realizar un seguimiento a empresas públicas que tengan dominio de mercado con prácticas restrictivas".


El Decreto Supremo 071, del 9 de abril de 2009, que crea AEMP, dice que ninguna empresa privada, comunitaria, pública, mixta y de cooperativas, están excluidas de la fiscalización y control social".

Elizabeth Reyes
DIPUTADA DE UNIDAD NACIONAL

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El Día: Payasos y leones

Bajo el Penoco.

Cualquier tema es bueno para que la gente no note la falta de azúcar, las filas para comprar arroz y la inflación galopante en el país. La telenovela de “El Viejo” se ha vuelto una comedia de enredos y está a unos pasos de convertirse en un circo en el que obviamente no pueden faltar los payasos. El último chiste tiene que ver con declaraciones del Ministro de Gobierno y del vocero gubernamental, quienes aseguran que el grupo que comandaba Eduardo Rózsa Flores tenía planes de adquirir misiles por un valor de 20 millones de dólares con el objetivo de dividir Bolivia. Los chistositos no han aclarado si la compra se iba a producir en la Feria de Alasitas, en Barrio Lindo o en La Cancha.  A lo mejor se están refiriendo a algún video juego de esos de guerra y no sería raro, ya que –recordemos- el ex ministro Rada creyó que un grupo de grandulones que jugaba con bolitas de pintura eran terroristas practicando en un campo de entrenamiento. Tantas payasadas esconden, además de los graves problemas de abastecimiento, una lucha feroz interna en el Gobierno equiparable a la pelea de dos leones enjaulados. De cualquier forma, un circo.

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El Día: La promesa del Gobierno

Editorial

El Gobierno del presidente Morales ha lanzado hace poco una osada promesa: En el plazo de diez días se acabarán las filas para adquirir azúcar y la demanda estará satisfecha en todo el país. Las palabras del Mandatario han sido respaldadas por la Ministra de Desarrollo Productivo, quien comprometió su palabra ante los medios, afirmando asimismo, que el precio del azúcar bajará en abril a cinco bolivianos el kilo. Noticias de esta naturaleza hubieran podido levantar el ánimo de la población boliviana en otros tiempos, pero ya no en el presente, donde no sólo hay escasez de azúcar, sino también de harina, arroz y otros alimentos de la canasta básica, con precios en alza.

Con la credibilidad deteriorada, el oficialismo pretende convencer a la ciudadanía que todo volverá a la normalidad. Olvida quizás el efecto devastador del “gasolinazo”, con la secuela de la marcha atrás, sembrando confusión y riesgos entre la población. Existe coincidencia en el hecho que el Gobierno se ha atrevido a lanzar la medida del alza de los carburantes líquidos apoyado en una presunta fortaleza política y social, capaz de soportar el vendaval de protestas que ha generado. Sin duda ha sido un mal cálculo, y la decisión del alza del precio de carburantes ha sido inoportuna y desproporcionada. No extraña que a partir de entonces suban los precios de los alimentos y otros productos.

En el caso del azúcar, no sólo ha habido escasez, sino también agio y especulación. Para resolver el problema al Gobierno se le ha ocurrido importar, de modo que la demanda de azúcar sea cubierta. Se habla de miles de toneladas que llegarán al país para ese efecto. Apenas se ha mencionado que el precio kilo del producto será de ocho bolivianos, lo que significa un alza de casi el ciento por ciento respecto al precio original antes del alza, aun a sabiendas que ya se vende a diez bolivianos el kilo. Hubiera sido preferible que el Gobierno atienda las necesidades del sector productivo agroindustrial, cuando era tiempo, para evitar la escasez y la importación de alimentos.

La propia FAO (Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas) ha acusado al Gobierno de Morales por la escasez de alimentos y el alza de precios. Recordó que hace dos o tres años, los alimentos subieron de precio en el país tanto por la coyuntura internacional, escasez por desastres naturales y "ciertas medidas de política que se pensó que en ese momento eran buenas: como la prohibición de exportaciones, control de precios y entrar a la producción de aceite". Al mantenerse por más tiempo del recomendado, las medidas desincentivaron a los productores de alimentos, que tenían en la exportación una vía de recuperación de inversiones.

Ahora ya es tarde. Todo lo que se haga para revertir la situación llevará su tiempo, el suficiente para que la población confirme que ha mermado su poder adquisitivo, al punto que decida movilizarse para protestar ante tanto desatino. Se sabe, por ejemplo, que la importación y la exportación resulta una vía crucis que recién el Gobierno está tratando de resolver con la modificación a la Ley de Aduanas. Esta seguidilla de desaciertos pone en duda la promesa oficial de dar fin a las colas para abastecerse de azúcar y al descenso del precio por kilo. La gente duda y con justa razón. Peor cuando amenaza la escasez de carne, pollo y otros alimentos, y no sólo la del azúcar.

Hubiera sido preferible que el Gobierno atienda las necesidades del sector productivo agroindustrial, cuando era tiempo, para evitar la escasez y la importación de alimentos.

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Los Tiempos: Las implicaciones del caso Rózsa

NUESTRA PALABRA

Las autoridades gubernamentales ya no pueden seguir eludiendo sus responsabilidades sin verse atrapadas en un callejón sin salida

La aparición -al parecer por pugnas internas dentro de la coalición de gobierno- de un video en el que un importante funcionario estatal (primero del Ministerio de Gobierno, luego de la Defensoría del Pueblo) daba un soborno de más de 30 mil dólares a un supuesto informante sobre el caso Rózsa, apodado "El Viejo", ha puesto nuevamente en la agenda este tema.
Hasta ahora, las autoridades del Estado han reaccionado tratando de esquivar la responsabilidad que tienen en este caso que significó, al parecer, la ejecución de tres personas el año 2009, las mismas que lograron infiltrar una serie de grupos de Santa Cruz interesados, presuntamente, en organizar un movimiento subversivo o separatista.

A la difusión de ese video se han sumado otras preocupantes evidencias de la participación en este caso de figuras ligadas a esta gestión gubernamental. Por ejemplo, en algunos materiales audiovisuales se observa a un teniente de Policía (también vinculado a los atentados de Yacuiba o El Porvenir en Pando) en amena reunión con Rózsa. Está también la difusión, el jueves, de una entrevista a "El Viejo" en la que también pone en serios aprietos a funcionarios del Estado.

Además, hubo una serie de contradictorias declaraciones de parte de importantes autoridades estatales sobre el caso, hasta que el viernes se impuso un libreto para ordenar y uniformarlas, así como organizar la información a difundirse en los principales medios de difusión a su servicio. Analizando el libreto, lo que se busca es desorientar a la ciudadanía con dos argumentos inconsistentes y contradictorios entre sí, a saber: que las declaraciones de "El Viejo" confirman que hubo intentos separatistas en el país y que la difusión de estos materiales busca evitar que las investigaciones sobre los intentos subversivos sigan su curso (como si no hubieran pasado casi dos años desde la sangrienta desarticulación del grupo Rózsa en los que el Ministerio Público se convirtió en el terror de cientos de familias del oriente boliviano para develarlo sin que, al parecer, haya podido hilvanar una acusación consistente).

En este contexto cada vez más confuso, es fundamental para salvaguardar la seriedad del Gobierno, la buena imagen del país y la propia legitimidad del proceso de cambio que impulsa el presidente Evo Morales que se organice una comisión investigadora  con personalidades de reconocida imparcialidad y prestigio profesional y moral, a las que se les dé un plazo razonable de investigación que les permita emitir un dictamen que el Poder Judicial debería hacer suyo para organizar el debido proceso en contra de quienes, por un lado, hayan cometido delito de sedición si se comprueba que efectivamente se impulsaron acciones con ese propósito, y, por otro lado, a quienes hayan realizado actos ilegales amparados en "razones de servicio a la revolución" en las que un exviceministro de Gobierno trató de justificar que un funcionario de seguridad haya sobornado a un imputado o testigo clave para que "desaparezca" del escenario cuando el proceso investigativo del Ministerio Público estaba en curso.

Eso será posible si las autoridades se dan cuenta de que mantener la actitud de eludir responsabilidades puede conducirlas a un callejón sin salida.

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El Deber: En paralelo con ‘ciudad del crimen’

Mientras el Gobierno no sabe qué hacer con la prolongada e inaguantable escasez de algunos productos básicos de la canasta familiar como el azúcar y la disparada a las nubes de los precios de otros, mientras se extravía en una perversa y desvergonzada urdidumbre relacionada al escabroso caso Rózsa sobre ‘terrorismo’ y ‘separatismo’, mientras imperturbables ministros de Estado y portavoces gubernamentales se ocupan de seguir armando grotescas tramoyas buscando descargar sus propias ‘chambonadas’- en periodistas, medios de comunicación y opositores- en Santa Cruz de la Sierra, como si nada en absoluto pasara, siguen y suman las muertes violentas a bala en plena vía pública.

Tan espantosa saga empieza a establecer semejanzas cada vez más inquietantes entre la urbe cruceña y otras allende las fronteras como la mexicana Ciudad Juárez, tristemente célebre por su mala fama e identificación como ‘ciudad del crimen’, donde se cuentan por miles los muertos a merced de sanguinolentos gatilleros.

En menos de un mes del que hasta ahora resulta ser un penoso tránsito de 2011, las calles y avenidas cruceñas han sido escenario de sangrientos crímenes cometidos incluso a plena luz del día, en medio del cotidiano tráfago y ante los ojos de decenas de azorados ciudadanos, testigos circunstanciales de hechos atribuidos preliminarmente por organismos policiales a ‘ajustes de cuentas’. Por lo general, se trata de casos relacionados con el narcotráfico que, ya se sabe, es brutal e implacable cuando se trata de hacer pagar traiciones o de tomarse venganza. Entonces golpea sin pizca de misericordia. Tarde o temprano. Donde más duele, siguiendo los códigos mafiosos.

En medio del estremecimiento y la perplejidad ciudadanas se produjo hace poco el ajusticiamiento de una pareja que circulaba a bordo de su vehículo por una ajetreada avenida cuando desde una motocicleta descendió un sicario que, con impresionante sangre fría, vació todo el cargador de su moderna arma sobre los dos infortunados. Y siguiendo el reguero de violencia y sangre en la semana que termina, la misma ‘metodología’ fue utilizada para acabar con la vida de dos individuos. Con diferencia de escasas horas y en zonas igualmente concurridas de la ciudad, a los asesinos no les tembló la mano para ajusticiar a sus víctimas. Ni el hecho de que una de ellas estuviera acompañada de su hija, menor de edad, evitó su violenta muerte.

Los ‘ajustes de cuentas’ y sus espantosas formas no son de ahora en Santa Cruz de la Sierra. Se dieron también en la década de los 80 del siglo pasado, cuando el narcotráfico había alcanzado cierto auge y están volviendo a producirse ahora que la ilícita actividad parece haber alcanzado un apogeo mayor, y con persistencia se menciona la presencia de poderosas y sanguinarias organizaciones mafiosas en territorio nacional como los cárteles de la droga que, junto al crimen organizado, se desplazan subrepticiamente hacia donde está localizado el ‘negocio’.

En Bolivia hay terreno fértil para que opere el crimen organizado, sentenciaron hace pocos años dos expertos mexicanos invitados a un seminario internacional de periodistas realizado en esta ciudad.

Con el narcotráfico en creciente ebullición y los ajustes de cuentas como una de sus más terribles secuelas, la nuestra empieza a adquirir los dramáticos rasgos de una ciudad donde, impune y sin control, se enseñorea el crimen. Que Dios nos guarde…

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Cambio: El ritmo del proceso de cambio

Muchos de los que luchamos contra el neoliberalismo rapaz y sus expresiones políticas (MNR, MIR, ADN, entre otras) -que destrozaron la patria durante más de dos décadas (1985-2005)- quisiéramos que las cosas cambien o hubiesen cambiado de manera radical y hoy tuviésemos la tarea de construir el Estado Plurinacional autónomo y comunitario en todas sus líneas. Es más, quisiéramos que desde las comunidades campesinas-indígenas hasta los barrios populares de las ciudades se estuviera construyendo una nueva práctica política y revolucionaria que exprese, en lo cotidiano, el compromiso con el proceso de cambio, su defensa y, desde luego, su imprescindible organización política desde las bases.

Sin embargo, el proceso es y todavía será lento. Desmontar las viejas estructuras burocráticas y corruptas del Estado colonial requerirá mucho tiempo aún y exigirá la inversión de mayores esfuerzos. Así lo ha demostrado la historia de similares aperturas progresistas en otras latitudes, por lo que si bien hay ansiedad, el peor enemigo será la desesperación que conduzca a la frustración colectiva.

La cruda realidad -en un país que fue desvalijado no sólo durante el neoliberalismo, sino desde que nacimos como República- golpea, y muy duro, a la mayoría de los bolivianos.

Cuando debiéramos estar abocados a la construcción del nuevo Estado, a la consolidación de las conquistas logradas durante los pocos pero fructíferos años de gobierno de Evo, la dinámica política altamente mediatizada ha puesto en agenda temas tangenciales y en muchos casos marginales que distraen la acción gubernamental y se les da una atención desmedida bajo el supuesto de que aquello dará ‘réditos políticos’. La reacción por parte de algunos actores políticos del oficialismo respecto a algunos temas que lanza la oposición a través de sus medios desgasta y distrae.

En cuestiones fundamentales, como la producción y la economía, nos damos cuenta de que, más allá de la recuperación de la propiedad de los recursos hidrocarburíferos y la decisión política de llevar adelante las transformaciones políticas institucionales en este ámbito, quienes realmente tienen el poder económico en sus manos, es decir, quienes controlan la producción de alimentos -por ejemplo-, son pequeños grupos privilegiados que desde siempre tuvieron a su disposición y usufructuaron no sólo la estructura estatal, sino que vieron en las crecientes poblaciones de occidente a simples consumidores, como el potencial mercado. Vivimos siempre chantajeados por aquellos dueños de la comida. Tal es así que las grandes industrias de producción de azúcar, arroz, aceite, leche, carne, entre otros, hoy están en manos privadas y el conjunto de la población boliviana está a su merced. Esto no es de ahora, sino que es resultado de toda una lógica capitalista con que se desarrolló la producción de alimentos, al margen de las necesidades y potencialidades de las regiones y sus pobladores. A muchos se les negó su futuro desde el mismo Estado. Cabe mencionar, sólo como un antecedente, el proyecto azucarero de San Buenaventura para La Paz, aplazado por décadas por intereses privados que controlaron los sucesivos gobiernos. Hoy aquello ya es historia y desde el Gobierno se busca potenciar a las regiones y desarrollarlas en bien de las futuras generaciones.

Un reciente encuentro en la ciudad de Oruro entre los movimientos sociales y el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, mostró la urgencia de avanzar -desde la perspectiva de la economía plural- hacia la seguridad y soberanía alimentaria, esto es recuperar el carácter productivo del campo y las técnicas ancestrales de uso y aprovechamiento de la tierra.

Ya no se trata tan sólo de sostener el discurso del Vivir Bien, sino de organizarnos todos para la producción de alimentos con soberanía. El chantaje de los monopolios que controlan la producción de alimentos debe acabar y esto sólo será posible a mediano y largo plazo. El mismo presidente Evo señaló en aquel encuentro memorable la necesidad de conquistar efectivamente el poder económico. "Ya hemos logrado el poder político", dijo el mandatario, que recogió la voz de los representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). "Ustedes están bien informados, conocen lo que pasa con la producción", destacó el Presidente, que subrayó además la claridad con que las organizaciones campesinas y originarias plantearon la necesidad de defender el proceso de cambio, pero a la vez de trabajar en los temas referidos a la producción de alimentos, agua, riego y uso de los pisos ecológicos.

Las comunidades campesinas han desarrollado, por siglos, técnicas que les han permitido hacer frente a la adversidad y hoy incluso al cambio climático, que en muchos casos ha provocado serios desajustes a sus hábitos productivos y alimenticios. En diversas zonas del país donde había ríos y se vivía de la pesca, sencillamente hoy la gente debe recurrir a formas alternativas para sobrevivir. Allí donde la producción agrícola sigue suministrando el autoconsumo, las comunidades tienen establecido un sistema de abastecimiento y acopio que les permite no morir de hambre.

Existe pues un conjunto de prácticas comunitarias que explican por qué y cómo los pueblos indígenas y originarios hicieron frente al consumismo capitalista y están lejos de la histeria urbana por un grano de azúcar. ¡Cuánto debemos aprender de los pueblos indígenas!

El chantaje de los monopolios que controlan la producción de alimentos debe acabar y esto sólo será posible a mediano y largo plazo. En un reciente encuentro con movimientos sociales, el presidente Evo señaló la necesidad de conquistar el poder económico.

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La Prensa: El pueblo castigado

Los ministros deben volcarse a estudiar las alternativas sólidas que existen, dejando por el momento de lado la actividad político-ideológica?

El pueblo está recibiendo un castigo doloroso: el alza de los precios de artículos de primera necesidad y la escasez de productos alimenticios.

A ello se suma esa especie de ironía de algunas autoridades gubernamentales que sugieren a la gente endulzar su café, su té o su leche con la cara miel de abejas porque es más saludable que el azúcar, o que dicen que no se sienten afectados por el alza y la escasez porque compran azúcar por quintales para todo el año. Qué feliz el parlamentario que tiene el dinero para hacer la anual adquisición y qué insulto a la pobreza de la gente que no tiene dinero sino para comprar de libra en libra el ahora virtualmente desaparecido producto.

Pero la cosa no para ahí. Están los productores de leche que exigen incrementos y, apenas hablaron de una elevación, los lácteos empezaron a desaparecer del mercado. Unos lo adquieren para estocarlo y consumirlo a lo largo del tiempo y otros para hacer pingües negocios con la necesidad de la población.

Los ganaderos anuncian que este año producirán 10 millones de kilos de carne vacuna menos que el año pasado porque la sequía mató gran cantidad de sus reses y evitó el engorde de ganado. Los choferes decidieron subir las tarifas del transporte público. Los productores de pollos se declaran en quiebra y se avecina la escasez de carne de ave. La situación está grave.

En medio de ese triste panorama están las empresas Insumos Bolivia o Emapa que ni siquiera dan facturas a los desesperados compradores de azúcar que entre 10 deben repartirse un quintal. La Contraloría debe investigar a estas dos empresas para saber cuántos cientos de miles de quintales adquirieron a precios del año pasado y a principios de éste y cuántos quintales de ésos están siendo vendidos al nuevo precio de 7 y 8 bolivianos por kilo. ¿En qué se emplea la diferencia? ¿Dónde va a parar?

El Gobierno debe tomar medidas urgentes para evitar que el descontento aumente y crezca como una bola de nieve, derivando en acciones imprevisibles. La importación urgente de cantidades enormes de esos productos podrá frenar la escasez. Los técnicos gubernamentales deberán elaborar planes coherentes, serios y responsables que permitan una mayor producción de alimentos para este año.

El Gabinete de ministros debe volcarse a estudiar las alternativas sólidas que existen, dejando por el momento de lado la actividad político?ideológica que se ha convertido en estos seis años en asunto prioritario y los gobernantes deben evitar hacer declaraciones tontas e hirientes para la población pobre que hace filas desde las tres o cuatro de la madrugada para conseguir algo de azúcar. No debe olvidarse que hay reservas internacionales de 10.000 millones de dólares y que una buena parte puede ser empleada en urgentes compras externas.

Pero no sería raro que alguna iluminada autoridad proponga dejar de consumir los productos cuyos precios se elevan a las nubes y reemplazarlos por otros: la carne de res por la de pescado, la de pollo por la de torcazas y patos; el transporte público podría ser reemplazado con bicicletas en las ciudades más o menos planas y suponiendo que de esa manera se eliminaría la demanda. Total, para todo hay soluciones imaginativas y brillantes.

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El Diario: Costo de vida, contrabando y escasez

Después de que la momentánea política del Gobierno fue suprimir la subvención a la gasolina, al diésel y a los carburantes, ahora volviendo por los caminos andados aplica la subvención a todos los productos básicos alimenticios, como azúcar, maíz, leche y otros. Según la nueva ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, esta subvención deberá quedar sin efecto tan pronto como los precios tiendan a bajar. Según ella el alza de precios y la carestía obedecen a trastornos climáticos y a reflujos mundiales de escasez.

Empero, es válido considerar que si tales factores tienden a prolongarse las subvenciones no podrán levantarse, haciendo cada vez más ficticia y contraproducente la economía nacional. Las subvenciones del Estado sirven para paliar el presente, pero a cambio del atraso y de la falta de desarrollo que nos agobia o, como diría el habla popular, “pan para hoy, hambre del día siguiente”. Uno de los principios comprobados de la economía política, es que la injerencia del Estado en la materia no asegura soluciones duraderas ni positivas.

La falta de los componentes de la canasta familiar no sería tan dramática si se suprimiera en gran medida el contrabando. En estos días el remedio para el Gobierno es la subvención, dejando de ser el contrabando el discurso repetido hace pocos días. En las fronteras del país el contrabando sigue campeando a vista y paciencia de la Aduana Nacional, de la Policía y de las Fuerzas Armadas. En la localidad de Desaguadero, a poca distancia de la sede de Gobierno, centenas de quintales de azúcar, harina y arroz por día se siguen internando al Perú sin control alguno, mientras el pueblo padece por su escasez más aquí de la frontera. Una de las razones de la inacción oficial parece obedecer a que los portadores del contrabando pertenecen a los denominados movimientos sociales.

A partir del “gasolinazo” la subida de precios del mercado en general se mantiene inalterable, aunque la medida fue revertida. Este fenómeno golpea en mayor medida a los sectores menos pudientes en vista de que el comercio minorista, tiendas, etc. han subido de hecho, entre otros, los productos lácteos y los de consumo casero, cuando éstos todavía no habían desaparecido. Uno de estos casos es el del pan que por la vigilancia se mantiene en 40 centavos en las zonas populares, aunque con menor peso, pero a partir de Sopocachi hacia el Sur de la ciudad hace rato que la misma unidad cuesta 50 centavos.

Si es evidente que los insumos alimenticios han mermado considerablemente generando las consecuencias conocidas, no hay otra política que promover la ampliación de las áreas cultivables -estimadas como ociosas nada menos 15 millones de hectáreas-, otorgando incentivos que no signifiquen subvenciones y dando seguridad jurídica a todos quienes se dedican al rubro, sin discriminar regiones ni personas. Otro aspecto que no se puede dejar de señalar es el de la politización del campo. En el Altiplano el despoblamiento es impresionante y quizá irreversible, incrementado desde el año 2006 por el “empoderamiento” político del campesinado, haciendo que éste considere más rentable su acomodo en la burocracia que en las faenas agropecuarias gracias a las directivas del Gobierno y a los movimientos sociales.

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El Mundo: Misiles

Las revelaciones del personaje pagado por las autoridades de Gobierno para respaldar sus teoría con relación a los empresarios y líderes cívicos del oriente, han dado lugar a nuevas versiones sobre el tema que muestran la intención clara de aumentar las acusaciones por unos y la necesidad de defensa contra las agresiones por los otros.

El deseo de involucrar a un mayor número de personas en acciones terroristas, separatistas y discriminatorias por un lado y por otra el interés permanente de mostrar que toda la artillería está destinada a cubrir la incapacidad para llevar al país por el camino de desarrollo, resultan una constante.

Entre quienes se ven obligados permanentemente a asumir su defensa, la reaparición en escena de aquel personaje que en algún momento fue capaz de involucrarlos para facilitar la persecución, se ha convertido en una voz de alerta, porque están seguros de que “El Viejo” caminando con tranquilidad por las calles de Santa Cruz no es una muestra de la incapacidad de la Policía sino de la necesidad de recoger nuevos elementos de juicio, para iniciar una nueva arremetida.

Para justificar esta nueva versión del tema, el Ministro de Gobierno no ha tenido dificultad en hacer una declaración afirmando que los dirigentes cruceños, en asociación con el grupo de Rozsa, tenían planeada la adquisición de misiles para llevar adelante un enfrentamiento con fines separatistas.

Valdría la pena recordar que en el tema de misiles, los únicos que había en el país, comprados de los hermanos socialistas chinos, se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas y tuvieron que ser entregados a los Estados Unidos para que puedan desactivarlos, ya que no había en el país una persona capaz de hacerlo y ese acto se ha convertido en un tema para perseguir al ex presidente Rodríguez Veltze que si mal no recordamos, tuvo también en algún momento el apoyo de los sectores sociales, fue una manera de impedir el ascenso al poder de un representante del oriente, claro que en ese aspecto son muchas las pruebas de que las personas e instituciones sociales que en algún momento fueron funcionales al MAS, caen en desgracia con mucha facilidad, cuando ya no son necesarios.

Los misiles que con frecuencia ha estado mandando el oriente al todo el país están relacionados con la provisión de azúcar, maíz, arroz, carne y otros productos que debido a la necesidad que había de su existencia, en especial en la zona altiplánica, dio lugar a que se prohibiera la exportación.

Los misiles de respuesta llegaron por la vía de la importación que ahora se realiza debido a las políticas restrictivas que impidieron que el aparato productivo se desenvolviera con mayor celeridad, dando lugar a la crisis que actualmente se confronta.

Para resolver la situación el Gobierno creó Emapa, un verdadero misil que no solo limito la distribución de artículos de primera necesidad sino que se convirtió en el primer instrumento de especulación y lo que es más de corrupción, mostrando que la administración en manos del Estado, incluyendo situaciones así pequeñas, no ofrece ninguna seguridad; nos imaginamos todo cuanto ser estará cocinando en la empresa petrolera, luego del estallido del misil activado por Santos Ramírez, en ese momento el sucesor natural del jefe.

Sin embargo, el misil que mayor revuelo causó en la actualidad fue el 748 que provocó un efecto tan grande que puso en movimiento precisamente a los leales de los sectores sociales que reaccionaron cuando la artillería no apuntaba a los llamados ricos sino a sus propios bolsillos.

Ese misil tuvo que ser rápidamente desactivado, pero las ideas terroristas parece que por la actualidad vienen todavía mejor cargadas de ese lado. Mientras el pueblo tenga circo seguirá entretenido, pero el desarrollo económico mal entendido es un misil que el cualquier momento podría volver a explotar.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Contradicciones en la política sobre la inflación

El reclamo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de moderación en las negociaciones salariales y la ofensiva contra un muy seleccionado grupo de empresas y las consultoras que elaboran índices de precios, ponen de manifiesto que la inflación se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del Gobierno en el año electoral.

Esta preocupación es pertinente con la evolución de los precios pero incompatible con la política macroeconómica inflacionista.

En 2007, ante un repunte inflacionario, el Gobierno intervino el INDEC y, a continuación, realizó diversos cambios en la metodología de cálculo del Indice de Precios al Consumidor con el propósito de ocultar la inflación real. Esto provocó una creciente discrepancia entre ese índice y los de organismos estadísticos provinciales y las mediciones que, desde antes de la intervención, realizaban consultoras privadas. Efectivamente, a partir de 2007, los índices provinciales y privados mantuvieron un crecimiento similar, mientras el Indice de Precios al Consumidor tuvo, en solitario, uno mucho menor. Es así que, entre enero de 2007 y diciembre de 2010, el índice de precios de siete provincias aumentó un 116%, mientras el IPC del INDEC lo hizo un 39%.

De este modo, el índice del Gobierno Nacional dejó de ser tenido en cuenta en el cálculo económico por el sector privado, por el sindicalismo, que negocia en base a la inflación señalada por indicadores privados y provinciales, y por el propio Gobierno. Este último realiza ajustes salariales o jubilatorios en porcentajes más cercanos a los que arrojan los indicadores provinciales o privados que a los del INDEC. La pérdida de credibilidad del índice del INDEC y del trabajo del Organismo en su conjunto, crea incertidumbre sobre la evolución real de variables económicas y sociales claves y, por lo tanto, sobre la situación de muchos aspectos de la economía privada y pública.

Sin embargo, últimamente, ante el avance de la inflación, y el efecto que tiene sobre los ingresos de futuros votantes, el Gobierno se vio obligado a reconocer indirectamente el problema, como lo muestran los citados reclamos de moderación en la negociación salarial y la ofensiva sobre un grupo de empresas, a las que se les exige retrotraer aumentos de precios.

La presión sobre las empresas se realiza en base a una controvertida Ley de Abastecimiento y en forma discriminatoria, ya que no se toma la misma decisión con empresas y sectores que aumentaron sus precios en los últimos tiempos.

También se ha presionado a las consultoras privadas exigiéndoles que informen sobre la metodología que emplean en sus mediciones de precios, a pesar de que se trata de un trabajo de orden privado que las consultoras venden a sus clientes.

La preocupación oficial por la inflación se contrapone, por otra parte, con la política económica ya que, por motivos electorales, el Gobierno está estimulando el consumo mediante un sostenido aumento del gasto público y con una emisión monetaria superior al 30% anual, es decir mucho más elevada que el crecimiento de la demanda agregada. Esta contradicción crea una considerable incertidumbre sobre el futuro inmediato de la inflación, de la puja distributiva y de la economía en general, ya que ni la manipulación de las estadísticas ni las presiones sobre el sector privado sirven para reducir la inflación y mucho menos cuando al mismo tiempo se mantiene una política fiscal y monetaria expansiva.

El Gobierno ha reconocido implícitamente la existencia de inflación mediante un reclamo a la moderación en la negociación salarial y con la presión sobre empresas y consultoras. Pero, al mismo tiempo, mantiene una política monetaria y fiscal expansiva que alimenta la inflación. Esta contradicción crea incertidumbre sobre el futuro de los precios, de la puja distributiva y de la economía en general.

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