El voto resolutivo de los reos reitera el estado de emergencia permanente. Defensor forma 4 comisiones para atender el pliego de reos. Sacha anuncia megacárcel para “corruptos”
Uno de los policías que controla la seguridad en San Pedro. APG
Página Siete / La Paz
Internos denuncian logia que actúa a nombre del Gobierno
CONFLICTO. Uno de los puntos del pliego de los reclusos asegura que hay abogados, fiscales, jueces y policías que manipulan la ley y la justicia con mandatos políticos.
Los reclusos del penal de San Pedro denunciaron que existe una logia de abogados, fiscales, jueces y policías que manipulan las leyes y la justicia siguiendo supuestos mandatos oficialistas.
“Denunciamos ante el país la existencia de logias corruptas de abogados y conformada por jueces, fiscales y policías que, a nombre del Gobierno, cometen actos de corrupción, manipulación de la ley y de la justicia con mandatos políticos, enriqueciéndose con millonarias igualas profesionales e imponiendo designaciones en el Poder Judicial y dirigiendo actos de prevaricato”, señala el tercer punto del voto resolutivo de los internos.
Los reclusos identificaron a dos abogados que manejan casos impulsados por el Gobierno como las cabezas de esta red.
Cerca del 70% de los habitantes del panóptico todavía no tiene sentencia ejecutoriada y denuncia graves casos de prevaricato y retardación de justicia. 1.123 de los más de 1.800 reclusos aún no tienen condena.
El voto resolutivo reitera el estado de emergencia permanente en el interior del penal por la falta de condiciones generales y la necesidad de refacciones en la infraestructura de la cárcel.
San Pedro tiene varias paredes agrietadas por la humedad y algunas amenazan con derrumbarse. Además existen varias secciones, fundamentalmente El Palmar, donde el alcantarillado está inhabilitado.
Bancada de Convergencia
Entre el miércoles y el jueves, la bancada de senadores de Convergencia Nacional visitó el penal y conversó con los representantes de los reclusos.
La comisión de la bancada opositora estuvo integrada por Centa Rek, Carmen Eva Gonzales, Jeanine Áñez y Germán Antelo. Al abandonar el centro carcelario, los asambleístas aseguraron que harán las gestiones necesarias para dar a conocer el voto resolutivo que los reclusos les entregaron en su visita.
Los legisladores opositores anunciaron que harán llegar las quejas y denuncias de los internos ante el Defensor del Pueblo y el Alto Comisionado para los Derechos de la Organización de Naciones Unidas, ya que -según ellos- al interior del penal de San Pedro suceden hechos que van en contra del respeto a los derechos humanos y la dignidad.
Un segundo documento del Consejo de Delegados de San Pedro detalla las peticiones que hacen los reos del penal.
Demandan, entre otras cosas, una mejora en el alcantarillado y acondicionamiento de los baños, duchas para siete secciones del penal, la construcción de dos galpones para alojar a 200 internos, cambio de tablones en cuatro secciones, instalación de canaletas para evitar más goteras y la reinstalación del sistema eléctrico.
Otro de los pedidos es el incremento del prediario de cinco a 15 bolivianos. Los reos sostienen que la subida de precios en todo el país se siente con más fuerza dentro del penal.
Las demandas de los internos
Refacciones. Los internos de San Pedro reclaman que se repare el alcantarillado, principalmente en la sección El Palmar, donde está inhabilitado. Demandan la limpieza de los baños y la instalación de letrinas y duchas en siete secciones del penal.
Construcción Para reducir el hacinamiento de reclusos, los reos demandan la construcción de dos galpones en el área La Muralla que podrán alojar hasta a 200 internos.
Reinserción Reclaman estudios universitarios.
Defensor forma 4 comisiones para atender el pliego de reos
DIÁLOGO: El Gobierno dice que apoya a los reos y anuncia una nueva cárcel en La Paz.
Limpieza: un grupo de internos limpia el depósito de basura del penal de San Pedro
La Prensa
El Defensor del Pueblo formó cuatro comisiones para encontrar soluciones a las principales demandas de los privados de libertad, en tanto que el Director General de Régimen Penitenciario dice que el Gobierno apoya a los reos.
Bajo la mediación de la Defensoría, autoridades gubernamentales y delegados de los internos de San Pedro acordaron formar esas comisiones que en el plazo de una semana deberán proponer mecanismos para resolver las deficiencias.
Un grupo analizará el reajuste del prediario; otro estudiará cómo ampliar y refaccionar el centenario recinto; el tercer conjunto evaluará la manera de reabrir las carreras universitarias dentro del penal, y el último buscará un método para revisar la ley anticorrupción.
Los reos reclaman por las deficitarias condiciones sanitarias de la cárcel y porque la infraestructura está muy dañada.
APOYO ESTATAL. El director general de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, aseguró ayer que hizo un relevamiento de los requerimientos y debilidades del reclusorio. “Necesitaríamos una suma muy grande y, como el Ministro de Gobierno anunció ya la construcción de otra cárcel, decidimos encarar las obras prioritarias para evitar el colapso de algunas secciones”.
Aseguró que, a través de mecanismos de excepción previstos por ley, se entregó materiales para reparar el alcantarillado.
“Nos han dicho que falta cemento. Proveeremos lo que sea necesario. Debo destacar la actitud del ministro Llorenti, que ordenó la mayor celeridad en los trámites”.
Denunció, en todo caso, que el taponamiento del alcantarillado fue resultado de que los mismos reos echaron basura, ropa y hasta colchones a los sumideros.
Negó la existencia de 1.976 reos en el penal, aunque esa cantidad considera a niños y cónyuges.
Historias de vida tras las rejas de la cárcel
Germán tiene 36 años. Está detenido preventivamente hace 18 meses. Ésta es la segunda oportunidad que está recluido. Es reincidente por ser “chip”, que en la jerga del hampa define al ladrón de celulares. Las primeras semanas, las visitas de su esposa fueron puntuales. Le llevaba comida y ropa limpia, pero un mes después, más o menos, la mujer desapareció. No faltó quien le dijo que lo había abandonado y que comenzó otro matrimonio de hecho. Su amargura, empero, no le impidió conseguir una caja para lustrar calzados y cuando no se dedica a esa actividad, fabrica objetos de hojalata. Así transcurren sus días en El Palmar, donde comparte una pieza de cuatro metros cuadrados con dos compañeros de infortunio.
Marco solía ser un ladronzuelo de poca monta. Fue capturado y lleva ya cinco años en el penal. Es residente en la sección Cancha. Su habitación está en una planta baja en la que confluyen los desagües del edificio. Cuando llueve, su celda se inunda. Su pobreza es absoluta, por lo que su habitación es una de las de menor costo. No tiene cama, sólo un pretil elevado a unos 30 centímetros del suelo.
En las noches de lluvia, se envuelve con nailon y duerme en medio del agua y la humedad. Además, ese calabozo está en un lugar tal que no puede dejar ni un mendrugo de pan, porque atrae ratones.
Los discriminados de los discriminados son los llamados indigentes del penal. No viven en una sección y buscan dónde dormir, ya sea en el templo o en los pasillos, donde un pequeño alero no alcanza para frenar las corrientes de viento o la lluvia.
Son enfermos, víctimas del alcoholismo o de las drogas, y se dedican a las labores más humildes. No reciben visitas y se encargan de limpiar los basureros o las letrinas. Barren patios y salones. Son el último eslabón de una cadena humana.
“Se pena la pobreza, no el delito”
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, llegó a la conclusión de que “se pena la pobreza y no el delito” al observar las condiciones en las que se desenvuelven los privados de libertad en San Pedro.
A fin de revertir esta realidad, con auspicio de la Defensoría, el jueves 24 se cumplirá un taller con la participación de representantes de los ministerios de Gobierno, Educación y Justicia, Dirección de Régimen Penitenciario, Defensa Pública, la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Fiscal de Distrito, para tomar decisiones en aras de ese objetivo.
Para destacar
El Consejo de Delegados es el máximo organismo de decisión interna en el penal de San Pedro.
Los policías se limitan a controlar el perímetro externo y los puntos de ingreso y salida.
Los uniformados sólo ingresan una vez por día a las secciones. Lo hacen para tomar lista.
Los delegados establecen mecanismos de seguridad interna para evitar riñas o violencia.
Ese grupo designa semanalmente a los “taxis” o reos que llaman a otros a la puerta.
La guardia permite breves diálogos entre internos y particulares a través del portón principal.
El petitorio
Los internos de San Pedro plantean a las autoridades penitenciarias los siguientes puntos:
Reajuste del prediario de Bs 5,50 a 15 por el alza del costo de vida.
Refacción y ampliación del recinto penitenciario de San Pedro, cuya capacidad originalmente es para 300 y actualmente tiene una población de casi 2.000 internos.
La refacción contempla la dotación de alcantarillado, baños higiénicos, duchas, construcción de galpones, revoque de paredes perimetrales, instalación de canaletas, reparación y equipamiento de aulas universitarias.
Instructivo a jueces y fiscales que exigen certificaciones imposibles de cumplir en los casos de cesación de detención preventiva previstos en el Código de Procedimiento Penal, toda vez que los internos no pueden presentar documentos como certificación domiciliaria, certificación de trabajo y tarjeta de propiedad inmueble.
Cumplimiento de la ley para aplicar detención domiciliaria a enfermos y personas de la tercera edad, así como la aclaración y revisión de la Ley 007 ante el Ministerio Público y la Corte de Distrito, que establece nuevos tipos penales que entran en contradicción con el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal.
Sacha anuncia megacárcel para “corruptos”
LA INFRAESTRUCTURA REEMPLAZARÁ AL RECINTO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO
Los reclusos de la cárcel de San Pedro, durante la inspección de ayer. – Afka Periodista Invitado
Los Tiempos – 18/02/2011
Según la autoridad gubernamental, en pocos días ingresaron varias personas a las cárceles por temas de corrupción y esto va a continuar, por lo que se tienen que tomar previsiones para tener las “condiciones penitenciarias de seguridad y además se permita respetar la dignidad humana y cumplir el objetivo de reinserción de los internos”.
Anotó que el problema actual de hacinamiento no sólo se debe a este incremento de la población penitenciaria, sino también a la retardación de justicia y los detenidos preventivamente sin sentencia que son casi el 70 por ciento, problemas que le compete resolver al Órgano Judicial.
Llorenti anunció la inversión de 3 a 4 millones de dólares del Tesoro General de la Nación en la construcción de ese complejo penitenciario, que denominó “megaproyecto”, y la próxima publicación de los términos de referencia. Sin embargo, no señaló el lugar donde se construirá este nuevo recinto penitenciario.
El titular de Gobierno, además, informó de la inversión que realiza el Gobierno en la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura de diferentes penales en el país.
El Ministro realizó esas declaraciones a propósito del conflicto que se presentó en días pasados en la cárcel de San Pedro de La Paz por la pugna entre los internos de dos sectores por más espacio y el pedido de mejores condiciones de vida.
Según Llorenti, el problema de San Pedro es estructural, de muchos años debido a que es una edificación que data del siglo XIX y que tiene capacidad para 400 personas, pero hay ahora 1.800.
Dijo que se están atendiendo las demandas del penal (alcantarillado y muros) pero que la solución real se dará con la construcción del complejo penitenciario.
Por otra parte, la autoridad gubernamental rechazó el pedido de los internos de realizar modificaciones al procedimiento penal para que puedan beneficiarse y salir en libertad.
“Eso no va suceder. Las modificaciones que hicimos a través de la Ley 007 (para endurecer las penas) o de la propia ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no se van a modificar. Eso es innegociable, la persecución a la delincuencia continuará”, aseveró.
Según informes de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, el sistema de cárceles en Bolivia atraviesa por una situación crítica por el alto incremento de privados de libertad, principalmente debido a la retardación de justicia.
Piden atender reclamos
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, envió una carta al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, solicitándole que en el marco de la responsabilidad que tiene esta cartera de Estado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley de Ejecución Penal, tome las previsiones a efectos de dar una solución integral en todos los distritos del país al hacinamiento en las cárceles, recintos que quedaron pequeños ante la gran cantidad de personas que ingresan sobrepasando la capacidad.
“Esa nota ha sido cursada por mi autoridad de oficio en vista de la información que he tenido de la existencia de hacinamiento y reclamos de un mejor trato de las personas privadas de libertad”, informó el fiscal.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas (MAS), por su parte, pidió al Órgano Judicial cumplir con los plazos procesales para evitar el hacinamiento de los presos en las cárceles del país.