El gobierno de Evo Morales ultima detalles para las elecciones judiciales a realizarse en octubre. A medida que se van conociendo las “reglas de juego” para estos comicios se van develando nuevas arbitrariedades, confirmando que estas no serán elecciones libres. Primero, se conoció la prohibición de que los candidatos promocionen sus respectivas postulaciones. Ni siquiera la prensa podrá entrevistarlos, siendo el Tribunal Electoral Plurinacional (copado por el oficialismo) el único facultado para divulgar información sobre los postulantes.
Ahora, se conoce por boca de la senadora Gabriela Montaño (MAS) que los abogados de opositores del departamento de Santa Cruz (“separatistas” en la jerga del estalinismo gobernante) no tendrán derecho a candidatear. Por supuesto, hasta el momento los parlamentarios masistas no han dicho nada respecto a que debería limitarse el derecho de candidatura de los defensores de narcotraficantes, o de los abogados de los terroristas del EGTK (uno de ellos es Ministro de Gobierno y su defendido es Vicepresidente).
En realidad, lo que está en marcha es la fase final para el copamiento total de la justicia por el partido de gobierno, hasta ahora manipulada por medio de interinatos digitados desde el Palacio Quemado, mecanismo demasiado tosco y rudimentario que incluso ha ocasionado críticas de las Naciones Unidas. Lo que se planea en esta fase es terminar de someter al Poder Judicial mediante una ficción de democracia, de manera que los operadores oficialistas que asuman estén blindados por el voto popular. De esa forma, las persecuciones contra disidentes que se lancen de allí en más serán la expresión inapelable de la “justicia del pueblo”.
Este es el escenario perverso del golpe final al Poder Judicial, que apunta a invisibilizar la injerencia y a hacer más sutil (pero también más efectivo) el sometimiento de los tribunales al poder único…