Eran 25 policías contra 5; éstos, los supuestos terroristas, en paños menores y aquéllos, bien pertrechados. Inesperada renuncia del fiscal Soza.
La Policía se lleva los cadáveres de los tres ejecutados en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009. Foto El Deber
Los Tiempos
Débil prueba sobre el enfrentamiento
Con un detallado mapa de inteligencia e información obtenida de la infiltración, los policías mejor preparados del país para acciones de combate (Utarc) desbarataron el 16 de abril de 2009 una presunta banda terrorista en el hotel Las Américas de Santa Cruz. Eran 25 contra cinco; éstos, los supuestos terroristas, en paños menores y con armas en sus habitaciones, y aquéllos, bien pertrechados, dotados de armas automáticas, con la ventaja de la sorpresa y grabados por una filmadora.
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El sábado 16 de abril de 2011 (dos años después), el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, condecoró a la Utarc por el operativo.
Sin embargo, ahora que se sabe que el cabecilla “terrorista” estaba casi fuera de control, cuando documentos bolivianos revelan que Arpad Magyarosi (uno de los tres presuntos mercenarios, junto a Eduardo Rózsa y Michael Dwyer) no pudo usar su arma, la tesis del enfrentamiento se sostiene difícilmente, según se desprende de la investigación realizada por Los Tiempos, con el auspicio del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
El grupo Rózsa estaba vigilado y plenamente identificado. Los cinco pudieron haber sido detenidos con vida por el mismo jefe de la Utarc, el capitán Wálter Andrade, quien se hizo pasar por Johnny entre Rózsa y compañía, o haber caído en una celada operada por “El Viejo”, Ignacio Villa Vargas, informante del Gobierno y chofer de Rózsa. Pero terminaron “enfrentados”. ¿Por qué? ¿Qué precipitó el operativo? Una de las respuestas apuntan a que Rózsa, como estaba aislado y cada vez con menos respaldo, iba a emprender lo suyo.
Cuatro días antes (12 de abril), desde el piquete de huelga de hambre, el presidente Evo Morales denunció un plan magnicida de paramilitares en Santa Cruz, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. “Posiblemente tengamos los días contados”, dijo en diálogo público a su colega venezolano, Hugo Chávez. “Hay paramilitares en Bolivia, especialmente en Santa Cruz. No es que estamos durmiendo, sabemos cómo están organizándose (…)”, dijo. “Lo tenemos registrado”. Y era cierto.
“El Viejo” y Clavijo
Según “Terrorismo separatista en Bolivia” (el informe conclusivo del oficialismo de la Cámara de Diputados), cuando echaba raíces para su presunto plan terrorista a fines de 2008, Rózsa ya tenía el respaldo de Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, chofer, hoy testigo clave para unos y otros. Villa, en tanto, dijo que se sumó al grupo en enero de 2009, y que Johnny (el capitán Andrade) se sumó cuatro meses antes. “Me lo presentaron como exintegrante del MRTA de Perú. Nunca desconfié de él, menos Rózsa”, dijo El Viejo en entrevista con La Estrella del Oriente. Conclusión: Rózsa, El Viejo y El Johnny tenían trato cercano.
Un abogado cercano al Ejecutivo contó que Luis Nolberto Clavijo, entonces director de Régimen Interior, coordinaba con Villa Vargas y que para ello hacía frecuentes viajes a Santa Cruz.
El anterior sábado 16, La Razón publicó unas grabaciones de audio, donde supuestamente el fiscal Marcelo Soza (el del caso Rózsa), la abogada Mary Carrasco, acusadora por el Estado del caso Porvenir, y el viceministro Marcos Farfán revelan un acuerdo de incriminación entre los investigadores y El Viejo, controlado por Clavijo.
“El que lo conformaba era Clavijo, pero Clavijo también se ha desmarcado, lastimosamente no le han dado su solapa”, habría dicho el abogado Dennis Roda, en esa conversación. Clavijo fue pieza clave del operativo del 16 de abril. Unas seis horas antes, se hospedó en Las Américas, habitación 453, al lado de la de Elod Tóásó, confirmó la identidad de sus vecinos y dejó el edificio.
En su declaración ante el fiscal, cuando se le pregunta qué hizo el 15 de abril, Clavijo se remonta al 14 y afirma que “recibimos informes de los organismos de inteligencia respecto a un grupo de extranjeros y bolivianos que estaría en actividad terrorista, que sería el autor del atentado de la residencia del Cardenal”, dijo. Luego, esa explosión (la noche del 14 al miércoles 15) pudo haberse evitado.
La investigación dirigida por Soza se concentró en el presunto plan terrorista y no consideró alcances del operativo en el hotel ni arrojó datos reveladores sobre la explosión en la casa del Cardenal. ¿Por qué? “El Gobierno sabía lo que estaba pasando y prepara el operativo. Y en ese marco el 12 de marzo de 2009, Rada otorga poder para iniciar el proceso. El 30 de marzo, con ese poder, se interpone la denuncia y el 14 de abril a hrs 18:00 amplían la denuncia. ¿Cómo sabe el Gobierno lo que pasará esa noche del 14 al 15 de abril?”, plantea Mario Tádic.
Disparos en el cuarto piso
La versión de los policías señala que la Utarc se dividió en tres grupos y que en cuanto llegaron al cuarto piso estalló un explosivo. Luego, “dijimos ¡Alto Policía!, recibimos como respuesta proyectiles de armas de fuego y se produjo un enfrentamiento armado, no así con las habitaciones de las que no se recibió respuesta”. Tádic, uno de los sobrevivientes, dice que sí hubo disparos a la habitación 455, donde él se hospedaba.
En su denuncia ante la CIDH de la OEA, Tádic dice que cuando fue sacado de su habitación, “no vi en el piso o las paredes el cráter característico como la huella de la detonación”. También reclama, como pruebas, las fotografías de los marcos y chapas de puertas dañadas.
La dragoneante Marilyn Vargas Villca filmó lo ocurrido y fracciones del operativo se filtraron por la disputa interna que se desató.
A principios de abril de 2011, un destacado miembro del oficialismo contó a Los Tiempos que “absolutamente todo está grabado” y que estos videos están en pocas y poderosas manos.
A principios de octubre de 2009, se filtró una grabación de 3’31 minutos del operativo, cuando supuestamente ya estaban muertos los tres. El Gobierno confirmó su veracidad, pero adujo alteraciones en el audio.
Las imágenes evidencian que las paredes de los pasillos frente a las habitaciones en cuestión carecen de impactos de bala.
En abril de 2009, Evo Morales dijo que el enfrentamiento duró al menos media hora. Tádic y Tóásó aseguran que el operativo no superó los 10 minutos.
El informe de balística establece que en el piso 4 de Las Américas se hallaron “51, entre impactos y orificios producidos por proyectiles de armas de fuego”. Y es cierto, en la habitación 455, donde estuvo Tádic, hallaron huellas de 13 impactos, aún así la Policía informa que no abrieron fuego contra los que no dispararon. Además, ni el Ministerio de Gobierno ni la Policía difundieron fotografías o videos que prueben el enfrentamiento.
En la denuncia ante el Relator Especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, la familia de Dwyer señala que el gerente de Las Américas, Hernán Rossell, declaró que todos los agujeros de bala estaban “en el interior de los dormitorios”. Fue la primera persona ajena a la Policía y al grupo de Rózsa que vio el escenario tras el operativo, tras pedir la compañía de su abogado, Luis Fernando Rivero. Ese día, Rivero presenció la actuación policial y fiscal en el hotel. Los Tiempos habló con él, quien expresó su disposición a responder un cuestionario enviado el 1 de abril. Hasta ahora no lo hizo.
Rechazan denuncia de tortura
EL FISCAL MORALES ARGUMENTÓ QUE NO EXISTEN EVIDENCIAS
Los Tiempos.- El fiscal Eduardo Morales, informó ayer que rechazará, por falta de evidencias, la demanda en contra de Marilyn Vargas alias "Karen" y del capitán Walter Andrade, miembros de la extinguida Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), acusados de torturas, intento de asesinato y lesiones graves, por Mario Tadic, uno de los acusados en el caso Rózsa.
"Si no presenta algún otro elemento que respalde sobre esa denuncia (…) no podemos dejar indebidamente abierto este caso. En último caso se tiene que rechazar porque prácticamente no hay una persona, no hay las personas objetivamente quienes hubiesen podido agredirle físicamente, a este señor Tadic, porque él prácticamente no los sindica directamente, cree que hubieran sido ellos", argumentó Morales.
Explicó que la Fiscalía realizó la investigación pertinente, pero aseguró que no pudo dar con el paradero de Vargas y Andrade, a pesar de que se les citó por edicto.
No obstante, insistió que no se puede avanzar en el caso si no "se ha presentado ninguna otra prueba más y frente a esa situación lo que corresponde es proceder al rechazo de esa simple denuncia", remarcó.
En diciembre de 2009 el abogado de Tadic, Gerardo Gianni Prado denunció a los dos ex policías de la Utarc por intento de homicidio y lesiones graves a su cliente, que está detenido en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, acusado de participar de la banda terrorista que fue desbaratada a tiros el 16 de abril de ese año.
Con relación a la acusación de Tadic, el fiscal Marcelo Soza, dijo ayer que el acusado “desde un principio ha sembrado dudas dentro de la investigación…inicialmente manifestó que vino a Bolivia de turista, después que conoció a Rózsa en cierta circunstancia cuando no es así y ahora aparece con otra versión. Lamentablemente este ciudadano pretende armar un caso informando mal a la población", expresó.
Caso Rózsa: inesperada renuncia del fiscal Soza
DIJO QUE RECIBIÓ AMENAZAS Y ACUSÓ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE DESACREDITAR LA INVESTIGACIÓN
Marcelo Soza, en la audiencia conclusiva del 15 de abril.
Los Tiempos – 26/04/2011
El fiscal Marcelo Soza, a cargo de la dirección de la investigación del presunto grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa, renunció a seguir con el caso (3372/09) y pidió la asignación de un nuevo fiscal, ante supuestas amenazas y difamaciones provenientes de los acusados y medios de comunicación para desprestigiar la investigación y dañar su imagen.
En su carta de renuncia dirigida al fiscal General, Mario Uribe, Soza afirma que ha sido "víctima de una serie de difamaciones, calumnias e injurias por parte de políticos, imputados, abogados defensores que tratan de hacer creer a la población en general que este hecho (de terrorismo) nunca existió y que fue armado por el Gobierno".
Agrega, en otra parte, que esas personas usaron la vía del ataque a su dignidad "para así lograr desprestigiar toda la investigación. Asimismo, he recibido una serie de amenazas anónimas".
Para Otto Ritter, abogado del general del Ejército (r) Gary Prado, uno de los acusados dentro ese caso, la renuncia de Soza no es seria porque no es “irrevocable” y es otra maniobra más, para “victimizarse” y para ganar más tiempo ante las falencias observadas por el juez a su acusación formal y falta de pruebas.
El abogado considera que Soza va seguir con el caso, porque considera que no habrá otro fiscal capaz o que quiera “defender lo indefendible”, aunque se supone que era un equipo de fiscales que tenía a su cargo el caso y tendrían que suplirle. Asimismo, dijo que en poco tiempo es imposible que otro fiscal asuma un caso que le llevo a Soza “dos años armarlo”.
Por su parte, para la senadora de Convergencia Nacional Centa Rek, el alejamiento de Soza se debe a que el fiscal ya no podía “sostener más lo insostenible, con una acusación sobre un hecho que no existió”.
Anoche, la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez aseguró que desconocía esa decisión. Por su parte, el fiscal General, en contacto telefónico con Cadena A y Gigavisión, confirmó que recibió la renuncia de Soza y la analizará en las próximas horas para tomar una determinación al respecto, entre tanto no quiso emitir más detalles.
Grabaciones
Soza fue asignado a la investigación después que en abril de 2009 la Policía allanó un hotel en Santa Cruz y mató a tres supuestos mercenarios, entre ellos a Eduardo Rózsa, mientras que otros dos integrantes del grupo fueron detenidos y actualmente se encuentran detenidos en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Según la investigación del fiscal, Rózsa fue contratado por radicales autonomistas opositores a Morales para organizar una milicia en Santa Cruz, para separar esa región del país y asesinar al presidente Evo Morales.
En las últimas semanas, salieron a luz varios videos en los que ex personeros del Ministerio de Gobierno, entre ellos Carlos Núñez del Prado, se han visto involucrados, por ejemplo en el pago de soborno a uno de los testigos claves de la acusación (Ignacio Villa Vargas, El Viejo) y el traslado desde Argentina de uno de los acusados. Asimismo, se difundió un audio en el que presuntamente el fiscal Soza, una abogada y otras personas discuten el arreglo de polémicos casos judiciales, entre ellos el caso El Porvenir en Pando, la suspensión de vocales, el caso terrorismo y el atentado al Cardenal Julio Terrazas.
Estos videos, coincidieron con la realización hace dos semanas en Cochabamba, de la audiencia conclusiva del juicio contra los 39 acusados de supuesto terrorismo. En la oportunidad, los acusados exigieron la presentación de pruebas de cargo y el juez Rolando Sarmiento devolvió al fiscal Soza y el Ministerio de Gobierno la acusación formal para que subsanen los errores en el plazo de cinco días.
Presentan acusación formal
Dentro del plazo fijado por el juez Rolando Sarmiento, el pasado miércoles al final de la tarde, el fiscal Marcelo Soza informó que presentó en el juzgado una acusación “corregida, individualizando los cargos de cada uno de los acusados” tal como dispuso la autoridad judicial.
"Efectivamente lo que faltaba era codificar los elementos probatorios y eso se ha cumplido y se hizo entrega el pasado miércoles.
Siempre ha estado individualizado, lamentablemente los acusados cuestionaron esa medida. Sin embargo, lo que se ha hecho es individualizar más la acusación", dijo Soza a los medios.
Anotó que existen los explosivos utilizados como prueba. Dijo que, sin embargo, algunos fueron destruidos, lo que consta en las actas de la investigación.
Según se conoció, extraoficialmente, la reanudación de la audiencia conclusiva ya estaría fijada para el 16 de mayo próximo a las 9:00 en la ciudad de La Paz.
