La imputación contra Doria Medina, es una acción “política” que pone en riesgo la estabilidad empresarial en el país y las fuentes de empleo de cientos de trabajadores, afirma Jaime Navarro, jefe de bancada de UN.
Senador pide que el Estado aplique Ley a SOBOCE por intento de boicot
La Paz, 21 abr (ABI).- El senador del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), David Sánchez, pidió que al Estado que haga cumplir las Leyes respecto al intento de presunto boicot por parte del socio mayoritario de la Sociedad Boliviana del Cemento (SOBOCE), Samuel Doria Medina, con el fin de mantener el abastecimiento normal del cemento al mercado nacional.
"Debe aplicarse esta medida por las amenazas que hizo Doria Medina, al manifestar que ya no iba a generar más cemento porque se le habían congelado sus cuentas bancarias por un presunto daño económico al Estado de más de 100 millones de dólares, por la firma del convenio entre SOBOCE y la Universidad de San Francisco de Chuquisaca", explicó.
Ese convenio hizo que SOBOCE se convirtiera en el operador de los recursos de la Fábrica Nacional de Cemento de Chuquisaca (FANCESA)
Señaló que la población no aceptará esa medida y por ello es que se ha exigido al Estado que adopte las medidas que impidan el desabastecimiento de cemento en el mercado.
Sánchez desestimó las afirmaciones de Doria Medina en sentido de que es objeto de persecución política, una vez que este caso se encuentra bajo tuición de la justicia y no de las autoridades del Ejecutivo.
"Sin embargo siempre hay que preguntarse cómo es que este empresario se hizo de la noche a la mañana el mayor accionista de la empresa cementera, siendo que aprovechó un ambiente político favorable para él cuando formaba parte del denominado Acuerdo Patriótico, entre 1989 y 1993 y donde fue hasta Ministro de Estado", señaló.
Jaime Navarro: Imputación contra Doria Medina es una acción “política”
El fiscal de distrito de Chuquisaca, Weimar Guzmán, imputó a Samuel Doria Medina por el caso Universidad – Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce), donde se lo acusa por contratos lesivos al Estado.
En la imagen la planta de cemento de Viacha. Foto bolivia.com
La Paz, 21 Abr. (ANF).- La imputación contra el jefe político de Unidad Nacional (UN) y principal accionista de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Samuel Doria Medina, es una acción “política” que pone en riesgo la estabilidad empresarial en el país y las fuentes de empleo de cientos de trabajadores.
La afirmación corresponde al jefe de Bancada de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, quien dijo, este martes, que congelar la cuentas de Soboce, vulnera la propia Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza la seguridad jurídica de las inversiones.
“La acción del Ministerio Público es estrictamente política, el objetivo es dañar la imagen del único político que tiene el perfil de economista. Hubo una licitación internacional para las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento de Sucre (Fansesa) por lo tanto no es evidente que hubo tráficos de influencias”, dijo a la Red Uno.
Por su parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, presentó documentos respecto a la venta de las acciones de Fansesa y concluyó que el proceso contra Doria Medina “no es político”, sino más bien, un caso que debe ser ventilado en el ámbito de la justicia “donde corresponde”, precisó.
“Es un tema que tiene que ver estrictamente con la justicia boliviana (…), no es cierto que el gobierno esté detrás de este tema todo ciudadano tiene la obligación y el derecho de responder ante la justicia ante alguna denuncia”, dijo.
El fiscal de distrito de Chuquisaca, Weimar Guzmán, dio a conocer la imputación en contra de Doria Medina por el caso Universidad – Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce), donde se lo acusa por contratos lesivos al Estado. Junto con él fueron imputados también el rector de la Universidad San Francisco Xavier, Walter Arízaga y otros dos ex rectores: Jaime Robles y Jaime Barrón.
El convenio entre la Universidad y Soboce se firmó en 1999, el cual establecía que la empresa cementera debía hacerse cargo de Fancesa a cambio de 12,5 millones de bolivianos por siete años, dado que la casa de estudios era socia junto a la Alcaldía de Sucre y la extinta Corporación Boliviana de Fomento (CBF). El convenio, que fue ampliado en la gestión 2006, se rompió por la transferencia del 33,33 por ciento de las acciones de Fancesa a la Gobernación de Chuquisaca.