Amnistía para todos los presos y perseguidos políticos

- Opinión

Daniel A. Pasquier Rivero

daniel-pasquier_thumb El gobernar escuchando al pueblo, debería ser la regla y no la excepción. El primer campanazo lo dio diciembre 2010 con el “gasolinazo”. Se demostró que era posible revisar las decisiones hasta retroceder aboliendo la norma dictada. Aunque la nivelación de precios de los combustibles a precios internacionales continúa siendo una necesidad, por las mismas razones explicadas por el gobierno, el haber esquivado el bulto durante varios años puso la situación “insostenible” (Evo Morales). Pero, el reajuste de una sola vez (hasta del 82% en algún caso) era impracticable, y volvió al decreto y a sus gestores, impopulares. Todos los sectores de la economía entrarían en crisis incontrolable. Después de seis meses de la reversión del decreto aún las consecuencias sobre los precios de los productos en la canasta familiar siguen sin estabilizarse. Fue “un error de cálculo” dice el Vice, el gobierno se las vio negras; se demostró que era mejor escuchar al pueblo.

Continúa la regulación negativa a las exportaciones de algunos productos agropecuarios, con desastrosas consecuencias: escases y encarecimiento de artículos de primera necesidad. De exportadores a importadores en dos cortísimos años. La experiencia no es novedad, donde se han restringido los incentivos a la producción, donde se han impuesto regulaciones innecesarias a las exportaciones o se han regulado desde arriba los precios coartando la libertad del juego a la oferta y la demanda los almacenes y los mercados se vacían de productos nacionales primero para inundarlos después con productos de contrabando. La segunda etapa, cuando falta circulante, los alimentos desaparecen de la mesa de los comensales más pobres hasta convertirse en bienes suntuarios (ejemplos recientes bien documentados, Cuba y Venezuela). Con medidas “técnicas” de mentes desconocedoras de la realidad del sector se crean EMAPAS para complicar más la situación hasta convertir las importaciones ilegales en “un botín” de complejas implicaciones políticas. Se empieza a escuchar a los productores y comercializadores (gremialistas principalmente), y se retrocede en parte ante la constatación de errores. La crisis se va resolviendo y se comprueba otra vez que es bueno escuchar al pueblo.

Mayo del 2006 quedó grabado para la historia: nacionalización del gas y los hidrocarburos. Sin embargo, van cinco años, YPFB con más de media docena de presidentes, varios ministros, millones en publicidad, la nacionalización en veremos y no arranca la industrialización. Los contratos de exportación en riesgo, obligados a renegociarlos en condiciones cada vez más duras. ¿Qué pasa? Por fin se contratan técnicos con sueldos competitivos y se revisan los contratos con las empresas socias de YPFB, aunque no se conozcan públicamente los detalles. Se incorporan nuevos actores y nuevas figuras societarias, como la empresa rusa Gazprom, la francesa Total y nuestra YPFB unidas en un proyecto. ¿Será posible recuperar el tiempo perdido? Mucho depende de las garantías jurídicas ofrecidas al sector, que invierte y arriesga mucho en capital y tecnología. Se habrá escuchado la voz de los empresarios (los primeros interesados en que las cosas marchen bien, la única manera de sacar beneficio), de los técnicos honestos de YPFB que se han atrevido a pintar el cuadro real a sus mentores políticos, y a la propia realidad de crisis al que ha llegado el sector. Escuchar y rectificar. De nada sirve “garantizar”, como el caso de la energía, cuando ya se tienen cortes “programados” y no programados, poniendo en riesgo a la industria, al comercio y hasta a los artefactos domésticos (el único patrimonio del pobre).

El descrédito de la otra nacionalización, el “chutazo”, convertir autos ilegales en legales. Los vecinos levantan la voz. En la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil una nota de CJ Marques califica la medida como “uno de los mayores premios al crimen organizado del que se tenga noticia en la historia de la humanidad”. ¿Típica exageración brasilera? No les importa si la Ley 133 se dictó por puro cálculo, recolección de 200-600 millones de dólares frescos para Hacienda, en apuros con el déficit fiscal, o para cumplir la promesa a los cocaleros del Chapare y menos si es para que el viceministro de Gobierno negocie “chutos por rehenes”. La “razón social”, para ayudar a los pobres a tener su auto, no ha tenido eco. Pero, ojo, dentro y fuera se hacen conjeturas.

Se refuerza la imagen del “cocazo” o poder del narcotráfico. Todos los ojos encima. Bastó que el ministro O. Coca reclame a los cocaleros por “mucha coca” y de inmediato renuncia “por motivos de salud” (E. Martínez); el Informe de NNUU apunta al aumento de las plantaciones de coca y el embajador de Brasil en La Paz subraya “estamos en permanente contacto con el gobierno, muy seguro, muy confiados que están trabajando duro en eso”, lenguaje diplomático. En Argentina la ministra de Defensa destacó el secuestro de 1.500 kg en 48 horas, la mayor parte (966) a 12 km de la frontera boliviana. Mientras, la firma del acuerdo con EEUU (DEA) y Brasil sobre el tema se sigue retrasando. Y la relación con Chile, peor.

Gobernar escuchando al pueblo. Frente a tantos problemas, ¿No es hora de plantear una amnistía a los presos y perseguidos políticos? Convocar, con sinceridad, a la reconciliación nacional. Y trabajar en una propuesta al país entero, con las 37 naciones del Estado Plurinacional, para enfrentar la lucha contra la pobreza, el desempleo, la inseguridad ciudadana, la intolerancia, la falta de solidaridad. ¿Hora de acabar con la persecución política y la confrontación?, estrategia eficaz en la toma del poder pero, a la larga, carente de fundamento ético y que deshumaniza las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Convocar al sacrificio, por una Nación en paz y con justicia.




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