Dos diputados son llevados ante la justicia por pedirle a la Ministra de Transparencia que investigue una serie de casos de corrupción que supuestamente implican a funcionarios del actual gobierno. La judicialización de los parlamentarios se produce violando el artículo 151 de la Constitución Política del Estado, que establece la inviolabilidad de los asambleístas nacionales en el ejercicio de sus funciones.
¿No estamos en pleno “reino del revés”, para emplear la expresión creada por la escritora María Elena Walsh? “En el reino del revés, el ladrón se convierte en juez”, decía una famosa canción compuesta por ella…
Lo cierto es que este intento de intimidación contra la fiscalización parlamentaria tiene todo el aspecto de ser un claro síntoma de nerviosismo de parte de la ministra Suxo, quien no parece tener mejor respuesta a los cuestionamientos que se hacen en su contra que la penalización por medio de la justicia digitada desde el poder político.
Ya en pasados días, la ministra prácticamente había confesado la parcialidad con la que trabaja su cartera, en una entrevista a un matutino paceño de la que se desprendía el dato de que más del 80% de los procesos presentados por la funcionaria al Ministerio Público son parte de una campaña de persecución a opositores.
Casi en simultáneo, el mismo gobierno que lleva al banquillo de los acusados a dos jóvenes diputados por el pecado de fiscalizar, organiza la fuga asistida de un sanguinario terrorista internacional, garantizando la impunidad del responsable del genocidio de la AMIA en Buenos Aires.
Es la ley del embudo plurinacional…