Tras la denuncia de vulneración de los derechos de dos reos con enfermedades terminales en la ciudad de La Paz, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno crearon una mesa interinstitucional para definir el protocolo de atención médica a reclusos portadores de VIH-sida.
Maritza Suntura (centro) delegada defensorial en una conferencia de prensa. Foto: DP
Fuente: Brújula Digital
La delegada defensorial en La Paz, Maritza Suntura, informó que en esta mesa interinstitucional participarán autoridades y representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Salud, de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y del Hospital de Clínicas.
A través de ese grupo interinstitucional se busca establecer la “ruta crítica” que se debe seguir en casos de atención de reclusos portadores de VIH-sida que en el departamento de La Paz llegarían a una decena.
La instalación de esta mesa se dio luego de que en las últimas horas se denunció la vulneración de los derechos humanos de dos reclusos enfermos terminales.
Ambos están enfermos con sida. Uno de ellos permanecía en el penal encadenado a una camilla, envuelto en frazadas y con la ropa sucia con sus heces, según la denuncia de Ronald Céspedes, delegado adjunto para la vigencia y ejercicio de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
El otro recluso no tendría acceso a los medicamentos para controlar el avance de la enfermedad, según la denuncia emitida. Céspedes lamentó que haya una “inadecuada atención médica y psicológica” hacia reos que estén en esta situación.
Suntura informó que la Defensoría del Pueblo logró que el recluso que estaba en camilla sea liberado de la cadena y reciba atención médica.
Autoridades del Hospital de Clínicas, del Ministerio de Salud y de Régimen Penitenciario negaron que haya una atención mala a internos con este síndrome y aseguraron que se les otorga medicamentos en el marco de los procedimientos establecidos.
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