Tres instituciones regularán el etiquetado de transgénicos; rige la Ley Productiva

Ley de Revolución Productiva Agropecuaria busca dar seguridad alimentaria. Bolivia necesitará $us 500 millones que aún no están presupuestados. Analistas observan la nueva normativa.

image El Presidente Morales baila con indígenas en el acto de promulgación de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, ayer en el coliseo de LA Paz. (Foto ABI)

Página Siete / La Paz – 27/06/2011



Tres instituciones regularán el etiquetado de transgénicos

El Presidente promulgó ayer la Ley de la Revolución productiva. Seguridad. La norma prohíbe la producción local de alimentos modificados, pero no su importación.

El Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad (Senasag), el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal (INIAF) y el Comité de Bioseguridad se encargarán de verificar la identificación (etiquetado) de todos los productos transgénicos que ingresen al país para su posterior comercialización.

En un acto celebrado ayer en el Coliseo Cerrado, el presidente Evo Morales promulgó la Ley de la Revolución productiva, Comunitaria y Agropecuaria que, además de esas regulaciones para los alimentos importados, prohibe la producción de transgénicos en el país.

El Mandatario dijo que lo que se busca es garantizar la seguridad alimentaria del pueblo y promover los productos orgánicos para mejorar las condiciones de vida de productores campesinos, en el marco del respeto de la Madre Tierra.

Morales pidió a las organizaciones presentes garantizar “la seguridad alimentaria con soberanía” y mantener el apoyo político a su Gobierno

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, resaltó que el “Senasag, el INIAF y el Comité evaluarán los productos destinados al consumo humano de manera directa o indirecta que contengan organismos modificados genéticamente, los cuales deben llevar identificada su condición”. Se espera aprobar el reglamento dentro de dos meses. Luego se consolidarán todos los dispositivos de seguridad.

La autoridad añadió que el apoyo de las organizaciones sociales será fundamental para el buen desarrollo del proyecto, “ya que ellos también tienen que velar por la seguridad alimentaria en las fronteras”.

El artículo 19 parágrafo 5 expresa que se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados.

Romero destacó que la ley es producto del consenso con indígenas, organizaciones sociales y campesinos, por lo que se realizarán trabajos de reestructuración en la tenencia de tierras y se procederá a la eliminación de explotación laboral. Además reconocerán los derechos de protección del mundo rural.

“En el país, la producción agropecuaria es parte de la cultura misma de nuestros pueblos indígenas. Bolivia es un país de tradición agraria, ya que para nuestros hermanos indígenas la Madre Tierra representa el origen y la vida misma”, expresó.

La nueva ley crea un seguro agropecuario, dos nuevas empresas de fertilizantes y de apoyo a la producción de semillas, además garantiza créditos al agro.

Detalles del evento

Fomento. El Presidente señaló que la norma incentivará un mayor rendimiento en la producción agrícola para alcanzar la soberanía alimentaria.

Apoyo. La norma establece aranceles diferenciados para importación de maquinaria, insumos por el lapso de cinco años. Se impulsará la construcción de silos.

La ley. Habrá un fondo crediticio comunitario para financiar actividades productivas y fondos concurrentes departamentales, además de asistencia técnica en favor de productores.

Proyecto. El Jefe de Estado pidió a las organizaciones sociales elaborar una tesis sobre los pueblos del mundo y los derechos de la Madre Tierra.

Aniversario. El Mandatario felicitó a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y resaltó que la ley fue promulgada el día del aniversario.

Participación. En el evento participaron las organizaciones del Pacto de Unidad, integrado por la (CSUTCB, la Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e indígenas de Bolivia Bartolina Sisa, entre otras.

Vigilancia. El INIAF es la instancia encargada de garantizar la conservación y administración de los recursos modificados de la agrobiodiversidad para evitar la erosión genética.

Empresas. Se crearán dos nuevas empresas, una de fertilizantes y otra de provisión y producción de semillas.

Evo promulga la Ley Productiva con el fin de garantizar la seguridad alimentaria

Inversión. Se necesitarán $us 500 millones que aún no están presupuestados.

La Razón – Willy Chipana – La Paz

El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria con la que busca garantizar la seguridad alimentaria en el país. La implementación de la norma requerirá la inversión de unos $us 500 millones al año que aún no están presupuestados.

La promulgación de la ley se realizó en el coliseo cerrado Julio Borelli de La Paz ante la presencia de autoridades gubernamentales y delegaciones afiliadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).  Morales dijo que la norma permitirá trabajar por la seguridad alimentaria con soberanía.

Entre sus puntos principales, la ley crea un seguro agropecuario para seis alimentos (arroz, papa, trigo, soya, maíz y quinua), además de empresas dedicadas a la labor agrícola como la fábrica de fertilizantes, un banco de provisión y producción de semillas, una firma de apoyo a la comercialización comunitaria, otra de mecanización del agro y tecnificación, y una empresa pública de agua.

Ordena también que productos comestibles y alimentos importados exhiban una etiqueta que indique si su producción fue con transgénicos.

Recursos. El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, Luis Alfaro, explicó que la implementación de la ley demandará de una inversión de unos $us 500 millones de dólares al año.

Según Alfaro, hasta el momento no se cuenta con los recursos que deberán provenir de las alcaldías, gobernaciones, del Tesoro General de la Nación (TGN) “e incluso proponemos del ahorro fiscal”.

“Esto va a requerir de un trabajo, ahora del Ejecutivo, que se plantea un plazo hasta agosto para promover” lo establecido por la ley. Morales pidió a la ministra de De-sarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, trabajar desde hoy en la elaboración del reglamento.

Detalles. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, destacó que la ley permitirá al agricultor incrementar la producción de alimentos y posibilitará al Estado intervenir “como regulador en los términos de intercambio”.

Según Romero, la norma reconoce a la comunidad campesina como sujeto de crédito y como un actor del proceso productivo agropecuario.

Por eso crea el Fondo Crediticio Comunitario (FCC) que permitirá a las comunidades participar en consejos económicos productivos con facultad de planificar las políticas públicas y desarrollar integralmente a todos los sectores  agropecuarios.

Se establece también el desarrollo de la mecanización del agro según los pisos ecológicos y zonas geográficas, y crea el seguro agropecuario. Por “primera vez tenemos seguro (agrícola) que tanto soñamos, primera vez que en este Gobierno hay créditos sin interés”, dijo Morales.

La ley establece instalar institutos agropecuarios en cada departamento para formar técnicos y “se promoverá el desarrollo de la biotecnología”, lo que no significa el fomento en el uso de transgénicos, explicó el Ministro de la Presidencia.

Romero indicó que el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria (Iniaf) realizará la certificación de las semillas que se hagan uso para la producción de alimentos. 

Transgénicos prohibidos

El ministro Romero aclaró que el artículo 15 de la Ley Productiva prohíbe la introducción de organismos genéticamente modificados en paquetes tecnológicos o transgénicos que pongan en riesgo la biodiversidad, el patrimonio genético, la salud de la población del país y la vida.

2 analistas observan la nueva normativa

Armando Méndez, expresidente del Banco Central de Bolivia, opinó que la nueva ley no mejorará la producción de alimentos ni garantizará la seguridad alimentaria porque no diferencia entre los tipos de agricultura.

“No creo que se pueda incrementar la producción y dar seguridad alimentaria porque la ley está tratando a toda la agricultura tradicional como si fuera simples comunidades rurales a título de economía comunitaria, cuando no se dan cuenta que ya están funcionando las reglas del mercado de manera elemental”, agregó.

El problema, dice Méndez, es que a diferencia de la agricultura mecanizada, la tradicional del altiplano y de los valles “está escasamente desarrollada. La gente sobrevive y el intercambio es generalizado”.     

Créditos. El analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, señaló que la normativa promulgada este domingo está orientada fundamentalmente a facilitar el acceso individual y familiar de los comunarios a mayores recursos económicos a través de créditos canalizados mediante el sistema financiero.

En este proceso, sin embargo, beneficiará a los cercanos del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo Ormachea. “La ley terminará favoreciendo a los empresarios agropecuarios y a los campesinos ricos, aliados fundamentales del MAS. Son ellos los que seguramente se beneficiarán con recursos adicionales, pues este pequeño grupo está en condiciones de obtener créditos”, concluyó.