Ministro Llorenti que este caso no "hay escuchas telefónicas, ni pinchazos” pero si un reporte de las llamadas a través de un requerimiento fiscal a las empresas telefónicas TIGO y ENTEL.
Llorenti aseguró que registros de llamadas no son fruto de ‘pinchazos’, en conferencia prensa del pasado 22 de agosto. Foto ABI
Gobierno aclara que solicitud de registro de llamadas no es sinónimo de intervención telefónica
La Paz, 24 ago (ABI).- El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aclaró el miércoles que "el registro de llamadas telefónicas requerido por orden fiscal no es sinónimo de intervenir conversaciones para investigar y velar por la seguridad del Estado".
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"A pesar de que se explicó la legalidad con la que se actuó para requerir el registro de llamadas sospechosas e ilícitas de varios dirigentes indígenas con funcionarios de la embajada estadounidense, algunas medios de comunicación insisten en que hubo pinchazos", lamentó.
Dijo que esos medios están dirigiendo una campaña mediática para mancillar al Gobierno sin conocer la norma jurídica vigente y la Constitución Política del Estado (CPE).
"Impulsar una investigación es nuestra responsabilidad y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante situaciones ilícitas como los vínculos de Rafael Quispe, Pedro Nuni, Adolfo Chávez con el funcionario de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Eliseo Abelo", precisó.
Subrayó que en este caso no "hay escuchas telefónicas, ni pinchazos de ninguna naturaleza, pero si se consiguió a un reporte de las llamadas a través de un requerimiento del fiscal de Materia, Félix Peralta, a las empresas telefónicas TIGO y ENTEL.
Acotó que el reporte confirma los vínculos sospechosos de los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) con la misión estadounidense.
"La ciudadanía sabe que es deber del Gobierno investigar estos temas que tienen que ver con la seguridad del Estado, porque esa marcha tiene intereses políticos y muestra de ello es que sus dirigentes exigen que paralicemos nuestras actividades hidrocarburiferas, se suspendan las obras camineras y otras, lo que fue el motivo de la investigación", apuntó.
"Yo sé que alguna gente prefiere distraer la atención a ese tema desinformando e injuriando de que son pinchazos y no el tema de fondo que son estos vínculos sospechosos", dijo el ministro.
Señaló que para que los bolivianos y medios de comunicación estén informados, la Constitución establece que "toda persona tiene derecho a la petición de registros telefónicos de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta".
Precisó que el Ministerio de Gobierno hizo conocer a la fiscal de Distrito, Betty Yañiquez, un Memorial en el que solicita el inicio de las investigaciones sobre los conflictos y bloqueadores porque agentes de inteligencia detectaron la tenencia de artefactos explosivos, como petardos, dinamitas y otros.
Añadió que, en forma paralela, se descubrió un flujo de llamadas, de las cuales se presume que se estarían dando instrucciones, por lo que se solicitó el respectivo registro amparados en la Carta Magna y la Ley Orgánica del Ministerio Público.