La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) denunció que la policía secuestró hoy un vehículo en el que viajaban asesores de esa organización, donde transportaban alimentos y vituallas para la marcha indígena.
El secuestro se produjo en las cercanías del bloqueo cocalero-colonizador en Yucumo y los efectivos alegaron que el operativo se realizaba por tratarse de un vehículo “robado al presidente Evo Morales”.
Dirigentes de la APG precisaron que la movilidad fue donada por el primer mandatario a la institución indígena en el año 2008, lo que abre una importante interrogante: ¿el presidente considera que los bienes estatales que su gobierno ha transferido a organizaciones de la sociedad civil son de su propiedad privada?
El diccionario define al patrimonialismo como “la tendencia de un gobernante a considerar los bienes públicos como bienes propios”.
El ensayista argentino Mariano Grondona agrega que “La difusión de esta tendencia supone a su vez que el gobernante ´patrimonialista` goza de un poder tan grande como para eludir el control de los demás órganos del Estado. Por eso se impuso sin discusión en los tiempos del absolutismo, cuando Luis XIV pudo decir, sin que nadie se animara a refutarlo, ´el Estado soy yo`”.
Al parecer, el presidente no haría distingos entre los que es de su propiedad personal y lo que es -o fue, en este caso- del Estado.
Más allá del asunto puntual del vehículo detenido en Yucumo, habrá que preguntarse también bajo qué figura jurídica el gobierno de Evo Morales ha estado realizando donaciones a distintos movimientos sociales, incluyendo edificios entregados como sedes para diversos sindicatos.
¿Le meten nomás con la cosa pública, considerada parte del patrimonio personal del gobernante, como si fuese algo de libre disponibilidad?
Bajo esa lógica parece haber estado funcionando el programa Evo Cumple, fuera de todo control o fiscalización institucional.
¿Dirá también Morales “el Estado soy yo”?