El gobierno de Evo Morales acaba de sufrir nuevos reveses en materia de política exterior, tanto en la XXI Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en Asunción del Paraguay, como en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desarrollada en París.
En el primer caso, el fracaso pesa sobre las espaldas del propio presidente y de su canciller, quienes encabezaron la delegación boliviana y no lograron la inclusión en la denominada “Declaración de Asunción” de una referencia indirecta al conflicto marítimo con Chile.
Es lógico que haya sucedido de esta manera, dado que el trabajo de la delegación y del mismo primer mandatario estuvo concentrado en explicarle al mundo lo sucedido con la marcha del TIPNIS, intentando mostrar una versión que controlara el daño de imagen internacional de la administración evista.
Así las cosas, lo prioritario -los objetivos nacionales de política exterior- pasó a un segundo plano frente a los intereses políticos coyunturales del gobierno de turno, algo que se viene dando con reiteración.
Otro fracaso fue el sufrido por el gobierno en París, más precisamente por la delegación encabezada por el ministro de hacienda, Luis Arce, quien no llegó a convencer al GAFI de sacar a Bolivia de la lista de países cuestionados por el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El mencionado organismo internacional ha informado en su página web que Bolivia “no ha hecho suficientes progresos para hacer frente a sus deficiencias”, indicando que se debe “asegurar la adecuada criminalización del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo, establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para la identificación y congelación de activos de los terroristas y establecer una Unidad de Inteligencia Financiera eficiente”.
Mientras tanto, el país seguirá estando en una lista que también incluye a Cuba, Corea del Norte e Irán…