Cadena entrevista al Defensor del Pueblo, Rolando Villena quien presentó este miércoles el informe final sobre la represión a la marcha indígena del TIPNIS en el que se identifica que fue el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti quien ordenó a la Policía ejecutar el operativo el 25 de septiembre, y exime de responsabilidad alguna al presidente Evo Morales, sin recomendar que se inicie ninguna investigación en su contra. “Nos basamos en más de 80 testigos. Ministro de Gobierno y Presidencia no dieron informe, se callaron. Nosotros no recibimos orden de ningún poder. La movilización es un derecho constitucional. No existía orden de la fiscalía. 30 mil bolivianos fueron destinados para reprimir la marcha. No hubo provocación de los indígenas.Llorenti dio la orden y el general Muñoz ejecutó la represión. La fiscalía debe ampliar la información. No tenemos ningún elemento o prueba para hablar del Presidente.” dijo.
En un amplio y detallado informe de 120 páginas, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, solicitó el inicio de acciones penales y sanciones contra las autoridades ejecutivas y operativos que actuaron en el conflicto del TIPNIS, desde la proyección de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, durante la marcha de los indígenas hasta el violento operativo del 25 de septiembre.
En suma, el informe pide acciones legales para el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, funcionarios de ese despacho, contra el Alto Mando Policial y pide al Presidente que adopte sanciones contra el ministro de Obras Públicas y el Presidente de la Administradora Boliviana de Caminos.
De todos los nombrados quien más resultaría involucrado en este caso de violación de derechos humanos es el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien en el pasado fue Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
“De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 172.II de la Constitución Política del Estado, existiría una responsabilidad por violación de los derechos humanos del ex Ministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Soliz, por haber decidido que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena pacífica, con la consiguiente violación de derechos humanos”, señala una de las partes del informe
El entorno
El informe no señala al presidente Evo Morales, como destaca la agencia gubernamental de noticias ABI, pero plantea una ruta de investigación penal y administrativa sobre funcionarios que trabajan directamente con el Primer Mandatario:
Sacha Llorenti, entonces ministro de Gobierno, es identificado como quien dio la orden del operativo del 25 de septiembre; el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, es señalado por haber violentado el derecho a la consulta previa en el proyecto de la carretera, y el comandante general de la FAB, general Tito Gandarillas, es identificado como el jefe militar que dispuso la operación de aeronaves para el traslado forzado de los indígenas detenidos.
Cuando faltan dos días para el segundo mes de aquel hecho que marcó una ruptura de las relaciones entre los indígenas y el gobierno del presidente Evo Morales, la Defensoría del Pueblo solicita el procesamiento de 17 personas identificadas y de quienes resulten cómplices en este hecho y demanda acciones del mismo Presidente Evo Morales.
Del mismo modo, pide al Jefe de Estado, Evo Morales Ayma, que tome acciones contra el Ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, como con el Presidente de la Administradora Boliviana de Caminos por el asunto de la consulta previa; y al Comandante General de las Fuerzas Armadas que asuma acciones legales contra el general Gandarillas por movilizar aviones el 26 de septiembre.
El “Informe Defensorial respecto de la violación de Derechos Humanos en la marcha indígena” entregado ayer establece que el gobierno ha vulnerado los derechos de los bolivianos que viven en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) desde la concepción para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio hasta el momento en que los indígenas de las tierras bajas se movilizaron en una marca para oponerse pacíficamente al proyecto que violentaba la Constitución.
Además, Villena denuncia la escasa cooperación ofrecida por el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y el de Gobierno, Wilfredo Chávez, y señala a la fiscal de Distrito Betty Yañiquez, como una autoridad que puso obstáculos en la investigación de este caso.
Sobre el Ministerio de Gobierno
El informe establece que el incidente del sábado 24 de septiembre, cuando el canciller David Choquehuanca es forzado a caminar por un grupo de indígenas marchistas, “serviría de pretexto para justificar la intervención ilegal decidida por Sacha Llorenti, la cual tenía como finalidad desarticular la marcha indígena pacífica e imponer la determinación estatal de construir la carretera VillaTunari-San Ignacio de Moxos, desconociendo los derechos de los pueblos indígenas, situación de propició la movilización”. Añade que la decisión de la intervención fue tomada por Llorenti la mañana del 24 antes del supuesto secuestro del Ministro de Relaciones Exteriores.
Y en base a declaraciones y datos obtenidos, el Defensor del Pueblo detalla que la estructura del Ministerio de Gobierno trabaja para poner en marcha la intervención de la marcha.
Señala por ejemplo, que una funcionaria con el cargo de Consultora en temas inherentes a Conflictos sociales “realizaría la contratación de buses de transporte público, además de adquirir para la policía 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafrío y 10 docenas de cinta adhesiva masquín”.
De esta forma, resulta evidente el incumplimiento de obligaciones de los siguientes, según el Defensor del Pueblo:
El ex Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti;
El ex Viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán Farjat;
El director general de Régimen Interior, Boris Villegas Rocabado;
La consultora de línea de Revisión, Análisis y Seguimiento de Documentos Legales en Temas Inherentes a Conflictos Sociales, del Ministerio de Gobierno, Karolina Vertiz Arancibia
El jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Ramiro Delgado;
El responsable de Bienes y Servicios, Edwin Contreras y otros.
Sobre la Policía y las FFAA
El defensor del Pueblo concluye que la Policía no sólo impidió el paso de la marcha de los indígenas del TIPNIS; sino que consintió las “medidas ilegales y abusivas de los bloqueadores de Yucumo, quienes sin ser parte del conflicto, adoptaron acciones de hecho contra aquellos que ejercían legítimamente un derecho”.
Y señala que las acciones desarrolladas el 25 de septiembre tuvieron que ser de conocimiento necesario del actual comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban.
Y en el caso del Comandante de la FAB, en base a los datos que obtuvo, el Defensor señala que dispuso la movilización de bienes del estado para poner en marcha un operativo dispuesto por Llorenti.
Las recomendaciones
Recomendar al Fiscal General del Estado que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos
Sacha Sergio Llorenti Soliz,
Marcos Jaime Farfán Farjat,
Boris Villegas Rocabado,
Ramiro Delgado,
Karolina Vertiz Arancibia,
Edwin Contreras,
Diego Pérez,
Jorge Arzabe,
Adalit Rivero,
Ernesto Castro; así como contra los funcionarios policiales
Jorge Santiesteban Claure,
Oscar Muñoz Colodro,
Edwin Foronda Franco,
Modesto Palacios Cruz,
Oscar Chávez Ruedas,
Alberto Aracena,
Henry Terrazas Verduguez y otros
El objetivo de la recomendación es que se identifique “a los autores directos, mediatos, indirectos y/o coautores, así como cómplices, encubridores e instigadores de la violación de los derechos humanos perpetrados a los integrantes de la ”•VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”–, debiendo remitir a la Defensoría del Pueblo los resultados obtenidos de su investigación”.
Del mismo modo, el Defensor del Pueblo sostiene que el gobierno boliviano violentó los derechos humanos de los indígenas que protegían el TIPNIS, razón por la cual plantea la siguiente recomendación:
"Recomendar al Presidente del Estado Plurinacional el inicio de acciones contra el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda así como a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la determinación de responsabilidades por la violación de derechos de los pueblos indígenas del TIPNIS, respecto al proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos".
Fuente: Jhon Arandia, Todo A Pulmón, Cadena A.
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