Conflicto. Tres emprendimientos energéticos de YPFB no empiezan por desacuerdos con los pueblos guaraníes. La falta de consultas y de licencias ambientales dificultan las iniciativas
Obra. Hace tres días el presidente de YPFB Transporte, Fernando Vincenti, explicó el proyecto a las autoridades de Tarija
La relación entre el Gobierno, la estatal YPFB y diferentes pueblos de la Asamblea de Pueblos Guaraníes (APG) se complica. La corporación petrolera ve ‘trabas’ de parte de tres organizaciones guaraníes en tres proyectos considerados de necesidad nacional: la construcción de la planta de Río Grande en Santa Cruz, la construcción del último tramo del gasoducto Villa Montes-Tarija y el inicio de los estudios de sísmica 3 D en la localidad de Itaguazurenda (Boyuibe).
El caso que más preocupa es la paralización de la construcción de la planta separadora de líquidos Río Grande. El presidente de YPFB, Carlos Villegas, exhortó a los miembros de la APG Tacobo Mora a hacer viable el proceso de consulta que dará lugar a la licencia ambiental.
Villegas informó de que urge realizar trabajos de desmonte y de movimiento de tierra para dar lugar a las obras civiles que están paralizadas desde hace tres meses.
De acuerdo con el contrato, la planta debe entrar en funcionamiento en diciembre de 2012. La autoridad alertó que se pueden ‘activar’ penalidades por el atraso. Además, aclaró que se demorará un tiempo para ser autosuficientes en GLP y que se seguirá importando el producto.
Cabe recordar que el Viceministerio de Tierras, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), YPFB, el INRA y el Ministerio de Hidrocarburos iniciaron la titularización de tierras que benefician a la estatal y a la APG Tacobo Mora.
Empero, la APG emitió una resolución en la que paralizan la consulta y participación bajo el justificativo de que ellos no están de acuerdo con la forma en que se tituló las tierras. La APG presentó una demanda al Tribunal Agroambiental desconociendo la resolución emitida por la Presidencia del Estado.
La dirigencia de esta organización no pudo ser contactada ayer, pero en la Cidob indicaron que hoy darán a conocer una posición.
Refiriéndose Villegas a los líos en Itaguazurenda, informó de que YPFB negocia con la APG Parapitiguazu para la realización de los procesos de consulta ambiental que den lugar a los permisos ambientales. Al momento todos los trabajos están paralizados.
Sobre el Gasoducto Villa Montes-Tarija (GVT) que transportará mayores volúmenes de gas para el desarrollo de Tarija, dijo que se negocia con la APG Itika Guazu (APG IG) para destrabar los problemas que permitan la obtención de la licencia ambiental. En la actualidad no se puede realizar trabajos.
El presidente de YPFB Transporte, Fernando Vincenti, acusó a la dirigencia de la APG IG de haberles pedido $us 20 millones para dar luz verde al proyecto.
Empero, un comunicado de la APG IG firmado por su titular Never Barrientos, aclara que se trata de una campaña incitada por autoridades gubernamentales y la empresa YPFB Transportes con la intención de intimidar a su organización. Asegura que fue el propio Ministerio de Hidrocarburos el que ordenó a las empresas Petrobras y ex- Transredes no negociar con su organización.
Enfatizan que tanto el derecho de consulta como el derecho propietario sobre la TCO Itika Guasu son irrenunciables por parte de la APG IG.
La paralización de los emprendimientos
Planta de Río Grande
Contrato. YPFB Corporación y la empresa argentina Astra Evangelistas S.A. (AESA) firmaron el 15 de enero de 2010 un contrato de adjudicación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha (IPC) para la Planta de Separación de Líquidos Río Grande en santa Cruz por un monto de $us 159.462.470.
Pago. YPFB ha desembolsado a AESA el 45% de ese monto que se ha destinado a la ingeniería de detalle y, fundamentalmente, a empresas en el extranjero que van a fabricar varios equipos.
Gasoducto Villa Montes-Tarija
Transporte. La construcción del gasoducto Villa Montes-Tarija incrementará la capacidad de transporte de 13,8 millones de pies cúbicos día (MMpcd) hasta 64 MMpcd, según informes del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal petrolera.
Ampliación. Este gasoducto permitirá multiplicar por cuatro la capacidad de entrega de gas natural hacia la ciudad de Tarija desde el megacampo Margarita. La inversión supera los $us 23 millones, según el presidente de YPFB Transporte, Fernando Vincenti.
Itaguazurenda
Negociación. La gerencia de Exploración de YPFB encara el proyecto Itaguazurenda en el Chaco. Hace pocos días se suscribió un contrato con la empresa china Sinopec para que se hiciera cargo del levantamiento de información sísmica 3D y la sistematización de la interpretación de esta información. El monto del contrato es de Bs 84,5 millones. YPFB reconoce que no se pudo avanzar más allá de la suscripción del contrato porque la estatal está en proceso de una negociación con la APG Parapitiguazu para la realización de los procesos de consulta ambiental.
El mismo Gobierno se pone trabas
Saúl Escalera
Exgerente de Industrialización
El presidente de YPFB echa la culpa al ‘empedrado’. Lo primero que debe hacerse antes de cualquier proyecto es solicitar las licencias ambientales. Además, hay que aclarar que los permisos ambientales son otorgados por el mismo Gobierno, por lo tanto, es el mismo Poder Ejecutivo que se pone trabas en el desarrollo de proyectos de prioridad nacional.
Mi percepción es que el Gobierno pone excusas e intenta echar la culpa a los guaraníes. Lo que más preocupa es la construcción de la planta de Río Grande, donde hubo un muerto de por medio y el escándalo de corrupción. Ya vamos al tercer año de postergación del proyecto y no se avanza nada.
Si bien se ha contratado a una nueva empresa para que construya la planta separadora, hasta ahora no se ve el trabajo.
En el tema del gasoducto Villa Montes-Tarija, esto ya estaba prácticamente solucionado, por lo tanto habrá que preguntar a los ejecutivos de YPFB Transporte.
Hace tres años, aprobamos 12 proyectos para tener autosuficiencia de gas y energía, y en todos ellos había planes de desarrollo en el Chaco, en Puerto Suárez, en Carrasco y Uyuni y hasta ahora poco se avanzó.
El Deber