El gobierno de Evo Morales, que reanudó en noviembre pasado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos después de tres años y cuatro meses, ha reiterado que no permitirá el retorno de la DEA, por considerar que esa agencia conspira para involucrar a autoridades del Estado boliviano con la actividad del narcotráfico.
Sanabria Oropeza, ex director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y ex jefe del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein). Foto: Arch.
Por JAIME LOAYZA ZEGARRA
LA PAZ, ANF.- El caso del general René Sanabria Oropeza, detenido en febrero en Panamá y sentenciado en septiembre a 14 años de cárcel en Estados Unidos,puso al descubierto el talón de Aquiles del gobierno de Evo Morales en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de contar con un organismos antidroga con tecnología de puntay de información de inteligencia de primera, labor que era cubierta por la DEA antes de ser expulsada del territorio nacional el año 2008.
El gobierno del presidente Evo Morales, que reanudó en noviembre pasado las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos después de tres años y cuatro meses, se empecinó en denunciar un supuesto plan de conspiración para involucrar a autoridades de Estado con la actividad del narcotráfico tras la caída del “narcogeneral”, por lo que su administración no permitirá el retorno de la DEA a pesar de la firma del Acuerdo Marco entre ambos países que sienta las bases de la relación bilateral y da paso a la reposición de embajadores en ambos países.
Según el mandatario, mientras la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por su sigla en inglés) actuaba en su país, no cumplía su deber de luchar contra el narcotráfico, sino que lo controlaba con fines políticos para apoyar “intereses imperialistas”.
En entrevista exclusiva con TeleSUR, en julio pasado, Morales ratificó la postura que sustentó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aseveró que el ente antidrogas norteamericano busca vincular al narcotráfico a los gobiernos que no coinciden con las políticas de los países desarrollados.
"La DEA de Estados Unidos no luchaba contra el narcotráfico, controlaba el narcotráfico con fines políticos y ahora busca implicarlo a gobiernos y a presidentes que no comparten el capitalismo”, expresó Morales, al señalar que las políticas de Washington fueron siempre intentar vincular a sus adversarios con temas de terrorismo y narcotráfico, para amedrentarlos.
Desde su llegada a la primera magistratura del país, el jefe del Estado no dejó la presidencia de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba, por lo que el mandatario realiza desde enero de 2006 una campaña internacional para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) despenalice y elimine la hoja de coca de la lista de estupefacientes. Por razón, Bolivia se retiró de la Convención de Viena, aunque su demanda no logró aún ningún resultado.
ANTECEDENTES: Sanabria Oropeza, ex director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y ex jefe del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) dependiente del Ministerio de Gobierno, pretendió concretar un negocio de 5,6 millones de dólares mediante el envío de 2,8 toneladas de cocaína al mercado negro de Miami, Estados Unidos.
La sentencia fue dictada por la jueza estadounidense Ursula Ungaro. El socio del ex comandante, Marcelo Foronda Acero, fue sentenciado a nueve años de reclusiónen el marco del mismo proceso. El ex comandante fue detenido en Panamá en febrero pasado acusado de formar parte de una banda delincuencial que envió 144 kilos de cocaína al puerto de Miami en septiembre del 2010. A fines de junio, el general retirado de la Policía se declaró culpable.
Los cargos contra Sanabria, de 58 años, establecían una pena máxima de diez años, pero la jueza de Distrito Ursula Ungaro incrementó la sanción por considerar que el detenido encabezaba el grupo que se encargaba del tráfico de estupefacientes, y con el propósito de enviar un mensaje a otros oficiales del gobierno boliviano, pese haber llegado a un acuerdo previo de cooperación con la Fiscalía estadounidense para colaboración con información de narcotraficantes. El general pudo ser sentenciado a cadena perpetua.
INSUFICIENTE LABOR: La Iglesia Católica de Bolivia cuestionó al gobierno por la "insuficiente acción" en la lucha contra el narcotráfico, en una carta pastoral divulgada por la Conferencia Episcopal. El documento dice que el hallazgo de laboratorios para producir cocaína en toda Bolivia "muestra con claridad y honda preocupación la insuficiente acción del gobierno en una efectiva lucha contra el narcotráfico, además del relajamiento del control social y de la referencia ética de la sociedad".
Los obispos afirmaron en abril pasado que las organizaciones sociales de las zonas afectadas por las drogas "tienen el desafío de ejercer un verdadero control social", y aluden en particular a los cultivadores de coca, basepara la producción de cocaína. La carta pastoral advirtió que el narcotráfico "tiene un elevado impacto" en la economía y "falsea las condiciones del mercado productivo", al tiempo que "son cada día más las víctimas de la cocaína y otras drogas" en Bolivia.
FALTA DE RADARES: Desde el 2006, el gobierno de Evo Morales buscó contar con un sistema de radares en el espacio aéreo del país para detectar aviones con cargamento de drogas sin encontrar soluciones concretas hasta el momento. Deficiencia que buscará el año 2012 revertirla mediante la cooperación internacional.
El año 2009, Rusia ofreció radares a Bolivia como parte del crédito de 100 millones de dólares que ofertó a la administración de Morales, crédito que no llegó a concretarse hasta la fecha. Lo único claro al respecto fue que Brasil colaborará con el control de la frontera a través de un avión radar no tripulado de fabricación israelí.
El gobierno incorporó a seis aviones artillados K-8 para ejecutar controles aéreos contra narco-avionetas, por lo que el presidente Evo Moeales pidió a la Asamblea Legislativa aprobar una Ley que faculte las operaciones de combate y permita derribar aviones que trasladen cargamentos de cocaína del territorio nacional al exterior del país.