La falta de una clara definición limítrofe entre los nueve departamentos y los 337 municipios provocó disputas sobre la administración y el aprovechamiento de recursos naturales en territorios municipales y departamentales.
Comunarios de Oruro y Potosí se reunieron con autoridades de gobierno para solucionar conflicto de límites. Foto: ANF
Por JOSÉ LUIS COLUMBA
LA PAZ, 17 Dic. (ANF) – Durante este año, ninguno de los conflictos limítrofes que se han generado entre departamentos o municipios ha logrado tener una solución satisfactoria por parte de las autoridades de gobierno. La implementación de un proceso autonómico sin una previa definición de límites entre los nueve departamentos y los 337 municipios provocó disputas sobre la administración y el aprovechamiento de recursos naturales en territorios municipales y departamentales.
Cobró notoriedad en esta gestión la disputa entre Oruro y Potosí por el cerro Pahua, así como el diferendo entre Chuquisaca y Tarija por las regalías del campo Margarita y el de la ciudad de La Paz con varios municipios vecinos.
Coroma-Quillacas
La riqueza de la piedra caliza en el cerro Pahua, ubicado entre las poblaciones de Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí), ha provocado que la dirigencia cívica, autoridades regionales y comunales de ambos departamentos asuman acciones de hecho para reclamar como propio el territorio en disputa.
El conflicto se inició con el paro de 17 días que realizó Potosí el 2010, reclamando en uno de los puntos del pliego la definición de los límites departamentales y la instalación de una fábrica de cemento en la zona. Durante este año, autoridades de gobierno se acercaron a Potosí para dar respuesta a este punto, pero los representantes orureños reclamaron su participación en el conflicto.
En el marco de reuniones con las autoridades de los ministerios de Autonomías y de la Presidencia y el mismo presidente Evo Morales, el gobierno logró la firma de actas de pacificación entre las comunidades evitando eventuales enfrentamientos.
No obstante, las dos regiones mantuvieron sus posiciones y tanto en Oruro como en Potosí se realizan duras medidas de presión rechazando la inacción del gobierno y exigiendo respeto a lo que cada departamento asume como territorio propio.
La pelea por el campo Margarita
Autoridades y dirigentes cívicos de Chuquisaca exigen coparticipar en las regalías del campo Margarita, cuya riqueza gasífera beneficia actualmente sólo a Tarija. Chuquisaca, basada en estudios de empresas internacionales como Repsol Bolivia y Rider Scott, señala que hay una participación compartida del megacampo.
Ese pedido desató medidas de presión en el vecino departamento de Tarija que sostiene que el campo Margarita no está conectado con el campo chuquisaqueño de Huacaya y no existe ningún grado de unión entre ambos megacampos.
Las reservas probadas de gas natural del campo Margarita representan un tercio del total nacional, pues Ryder Scott las certificó en tres trillones de pies cúbicos (TCF). La producción ya tiene destino asignado por YPFB, y el 50 por ciento se destinará a la Argentina, a partir del 2014.
En ambos departamentos se recurrió a medidas de hecho exigiendo que las autoridades de gobierno, principalmente del ministerio de Hidrocarburos y Energía, además de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), definan técnicamente el reparto de las regalías. No obstante a las reuniones convocadas en varias ocasiones, no se llegó a un acuerdo y se prevé desarrollar un estudio técnico hasta el 2012.
La Paz y sus municipios vecinos
El municipio sede de gobierno o Nuestra Señora de La Paz, cuya alcaldía está en manos del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), denunció ser víctima de un avasallamiento por parte de los municipios vecinos de Achocalla, Palca y Mecapaca, que responden al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Los tres municipios circundantes a La Paz, además de la ciudad de El Alto, son considerados zona metropolitana y hay una cadena de construcciones que dificulta determinar dónde empieza un municipio y dónde termina el otro. Los municipios pugnan, entre otros temas, por el cobro de impuestos municipales.
El gobierno central, a través de ministerio de Autonomías, delegó la responsabilidad de este conflicto a la gobernación del La Paz. No obstante a las reuniones convocadas por la primera autoridad del departamento, César Cocarico, los municipios no se pusieron de acuerdo y el conflicto continúa latente.
Esta disputa se inició con un bloqueo en la zona de Alpacoma, donde está ubicado el relleno sanitario de La Paz. Las autoridades municipales de Achocalla sostienen que ese territorio está dentro de su jurisdicción y que el municipio de La Paz no tiene potestad para administrar ese relleno sanitario.
Ese bloqueo provocó que la alcaldía de La Paz inicie acciones legales. En principio fue contra las autoridades de Achocalla por atentar a la salud pública y posteriormente contra los tres alcaldes acusándolos de incitar a la violencia luego de una movilización. Asimismo la ciudad de La Paz protagonizó medidas de presión, incluido un contundente paro cívico, además de movilizaciones, rechazando lo que consideran un atentado contra el territorio municipal paceño.