De un tiempo a esta parte, comienzan a multiplicarse las voces que piden o exigen una amnistía que acabe con las persecuciones políticas. Por su trascendencia, el tema requiere ciertas reflexiones.
La amnistía ha sido un procedimiento usual en la historia política latinoamericana, a la hora de superar procesos autoritarios o de cerrar periodos de confrontación interna, incluyendo guerras civiles.
A diferencia de otras figuras jurídicas, como el indulto o la gracia, la amnistía no implica el reconocimiento de culpa alguna en los amnistiados, sino simplemente la voluntad del Estado de cesar en su pretensión punitiva.
No faltará quien cuestione la utilización de este instrumento en democracia, a lo cual cabría responder con dos datos:
* La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, señaló en su informe tras la visita a Bolivia que en el país se han detectado presiones políticas sobre la justicia, de manera que varios procesos estarían sujetos a intencionalidades gubernamentales.
* La prestigiosa revista The Economist, en su reporte 2010 sobre el estado de la democracia en el mundo, situó a Bolivia entre los “regímenes híbridos”, es decir, entre las naciones que se encuentran en el limbo entre el sistema democrático y el autoritario.
Si las propias Naciones Unidas alertan sobre la falta de independencia judicial en los procesos contra opositores y si ya es visible a nivel mundial la seria deformación a la que se ha sometido a la democracia boliviana, la amnistía cobra absoluta legitimidad como herramienta de reconciliación nacional e inicio de un camino de recuperación plena de las libertades.
Evidentemente, no ha de existir la menor intención de parte del gobierno de Evo Morales de ceder a una demanda de este tipo. Como tampoco la han tenido tantos regímenes que, tarde o temprano, tuvieron que admitir esta figura bajo presiones domésticas e internacionales.
Sin ir más lejos, y de una manera limitada, los universitarios venezolanos lograron arrancarle el año pasado al gobierno de Hugo Chávez la excarcelación de varios presos políticos, tras una prolongada huelga de hambre en la sede de la OEA en Caracas.
Otro tanto ha sucedido en Cuba, donde las presiones de la Iglesia Católica obtuvieron de Raúl Castro la libertad de miles de disidentes.
Más allá de las liberaciones parciales, el objetivo debe ser la amnistía general e irrestricta, incluyendo a presos, exiliados y procesados.
La amnistía terminará siendo, sin duda, parte de cualquier agenda democrática real para los próximos años…