Bolivia. Desde agosto de 2006 suman 15 muertos por represiones de uniformados. No hay nadie en la cárcel pagando por esas muertes.
No hay quién pague por la represión
Impunidad. En los dos periodos de Evo van 15 muertes atribuidas a uniformados y ninguna sentencia penal.
Pablo Ortiz, El Deber
Se llamaban Santiago Orocondo, Ósmar Flores Torrico, Hernán Montero Claros, Miguel Alegre Antonio, Edmar Ruiz, Alberto Balderas, Mario Fidel Hernani Jiménez, David Calisaya Mamani, Juan Carlos Serrudo, Gonzalo Durán, José Luis Cardozo, Abel Rocha, Eliseo Rojas y Maicol Rojas. Tenían hijos, padres, hermanos, un futuro. Participaron en manifestaciones políticas y tomas de tierra y murieron por una, por varias balas, por una granada de gas que les partió el pecho, por un perdigón que le destrozó la cabeza.
Desde agosto de 2006 suman 15 muertos por represiones de uniformados. 13 decesos fueron atribuidos a la Policía, dos a los militares: no hay nadie en la cárcel pagando por esas muertes.
A lo más que se ha llegado es a la imputación del exministro de Gobierno, Alfredo Rada, y de dos excomandantes de Policía, por los hechos de La Calancha y de Caranavi. Sin embargo, los casos se encuentran durmiendo en los juzgados. Esa situación genera impunidad, según el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, que apunta a la negligencia de la Fiscalía como la principal causa.
Coincide con él la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, que ve que las investigaciones comienzan con fuerza, pero luego se diluyen, estancan y casi nunca llegan a los responsables políticos de las represiones, a los miembros del Ejecutivo. “Esto es abuso de poder. El Gobierno tiene influencia o acción directa y direcciona la investigación. Esto no le hace nada bien a Bolivia”, dice.
Albarracín la apoya: “El Gobierno ejerce injerencia política fáctica sobre la Fiscalía”.
Y el exfiscal que consiguió la condena contra el alto mando militar que reprimió en octubre de 2003, Milton Mendoza, admite las críticas. “Sin duda alguna son merecidas, porque la Fiscalía es titular de las acciones penales y está para defender a la sociedad. Es una lástima que esa brecha que abrimos no se ha seguido”, lamenta. Incluso el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, considera que es la Fiscalía la que debe evitar la impunidad.
Sin embargo, hay críticas también contra el Gobierno. Albarracín asegura que sus informes sobre algunas de estas muertes cayeron antipáticos ante el Gobierno y por eso ya no es el Defensor del Pueblo, pese a que era el mejor calificado por el Congreso para el cargo.
Herrera acota que no existe una adecuada gestión de los conflictos, que no se interviene de manera oportuna y que se recurre al uso de la fuerza para solucionar conflictos. “Las personas que toman las decisiones jamás son investigadas. La Policía se convierte en un instrumento porque está en una cadena de mando muy directa”, dice.
Romero considera que echarle toda la culpa al Gobierno por hechos como los de Yapacaní, donde murieron tres personas, es injusto. Para él, en Yapacaní hay una crisis institucional que va más allá del alcalde, ya que los ejecutivos municipales no duran en el cargo. “Hay una subordinación tradicional a organizaciones sociales que ejercen el poder. Esto rompe la institucionalidad formal y se suplanta por otra social. Hay una combinatoria de elementos muy compleja. Pretender que el Gobierno es culpable es simplista”, describe.
En el centro de todo esto está la Policía. El coronel (r) Rolando Fernández considera que estas 15 muertes tienen su origen en problemas políticos y que desde la cadena de mando bajan órdenes sin analizar la verdadera dimensión de los conflictos. “Esto devalúa a la Policía. Se hace lo contrario de lo que indica la Constitución, que es servir y proteger al ciudadano. Acá la Policía es un instrumento político. Los problemas políticos lo deben resolver los políticos, no a través de la Policía, que en los últimos años está siendo catalogada como una institución altamente represiva”, opina.
Y todo esto se refuerza con la impunidad. “Hace falta una sentencia ejecutoriada que sirva de ejemplo”, dice Mendoza, y Albarracín suma: “La impunidad es un incentivo para que se reiteren las muertes y los abusos de autoridad”.
Los primeros
Oruro. El 9 de junio de 2006, el policía Santiago Orocondo resultó muerto cuando participaba (sin uniforme) de la toma de un grupo autodenominado ‘sin techo’ de los predios de Papel Pampa. Tenía 22 años y fue alcanzado por una bala calibre 5,56, utilizada por el Ejército y grupos especiales de la Policía. El Gobierno aseguró que las fuerzas del orden utilizaron armamento no letal en la intervención.
Parque Nacional Carrasco. Los dos primeros muertos por represión uniformada fueron de Chapare. El 29 de septiembre de 2006 dos personas que sembraban coca en el Parque Nacional Carrasco perecieron a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta, que organizó un operativo para rescatar a sus efectivos que habían sido tomados como rehenes por los cocaleros. Hubo enfrentamiento con armas de fuego y dinamita, que produjeron una decena de heridos.
La pugna por la Alcaldía enluta a Yapacaní
El enfrentamiento entre policías y manifestantes que pedían la renuncia del alcalde David Carvajal (MAS) provocaron tres muertos el 11 de enero en Yapacaní. Abel Rocha Bustamante recibió un disparo de escopeta en el corazón, mientras que Maicol Sosa Apata fue victimado por una bala 9 milímetros. Eliseo Rojas murió presuntamente electrocutado. Cientos de policías fueron desplazados hasta la población del norte de Santa Cruz para hacer cumplir un fallo judicial que reponía en el cargo a Carvajal, que se negaba a renunciar, pese a los constantes enfrentamientos entre pobladores y la Policía. Solo renunció cuando hubo muertos.
Por desbloquear la carretera fallecieron dos jóvenes
El 7 de mayo de 2010, el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti ordenó a la Policía despejar la carretera entre La Paz y Caranavi, que se encontraba cerrada hacía semanas por una protesta de la población paceña, que exigía que Evo Morales cumpla con su promesa electoral de instalar una planta procesadora de cítricos en esa jurisdicción. El desbloqueo fue violento y producto de él Fidel Hernani Jiménez y David Calisaya Mamani perdieron la vida el 7 y 8 de mayo, respectivamente. Por este caso hay cinco policías y una decena de vecinos imputados. Sin embargo, Derechos Humanos critica la exclusión de Llorenti y del entonces comandante de la Policía.
Villa Montes tiene un mártir por conflicto de límites
El 17 de abril de 2007, Edmar Ruiz encontró la muerte en Villa Montes. Era parte de una protestas por un conflicto de límites entre la provincia Gran Chaco y O’ Connor de Tarija y, cuando intentaban cerrar las válvulas de la estación San Antonio, se produjo una balacera en la que cayó Ruiz y más de 30 resultaron heridos. Ruiz recibió el disparo en el muslo y murió desangrado. Los pobladores acusaron a los militares de haber utilizado munición de guerra contra los aproximadamente 5.000 manifestantes que pretendían tomar la planta de gas, pero el Gobierno negó que se haya recurrido a armamento letal.
La Ley de Pensiones dejó dos cuerpos en Caihuasi
Unos 4.000 mineros de Huanuni llevaban dos días de bloqueo de la carretera La Paz-Oruro en Caihuasi, acatando una convocatoria de paro de la Central Obrera Boliviana para exigir una nueva Ley de Pensiones. Ante la orden de desalojar a los bloqueadores, la madrugada del 5 de agosto de 2008 la Policía intervino, enfrentándose con los obreros, que tenían cachorros de dinamita. El resultado fue dos mineros muertos. Hernán Montero Claros recibió una bala en la cabeza y Miguel Algre Antonio, una bala en el pecho. Hubo más de 30 heridos entre mineros y policías. También se quemaron flotas y otros vehículos que quedaron en medio.
Arani
Un grupo de normalistas se encontraba protestando cerca de Arani y pretendían cerrar un ducto para hacerse escuchar (la fotografía es la reconstrucción de los hechos), cuando estalló la violencia. Osmar Flores, un estudiante normalista cayó herido presuntamente por el disparo de un militar. Falleció cuando era trasladado al hospital de Punata. Hubo una decena de otros heridos y nadie fue responsable de la muerte. La ministra de Gobierno de ese entonces, Alicia Muñoz, aseguró que los uniformados no habían utilizado armamento letal. La investigación de la fiscalía decidió no procesar al presidente Evo Morales por este hecho.
Un intento de desalojo se cobró una vida
El 15 de abril de 2010, la Policía intentó hacer cumplir la orden de desalojo de unas personas que se habían asentado ilegalmente en más de 60 hectáras de un predio privado, situado en el kilómetro 9 de la doble vía Santa Cruz-La Guardia. El gran número de los ocupantes ilegales sobrepasó a los policías, que fueron expulsados del lugar. Como consecuencia de ello uno de los loteadores resultó muerto por un balazo. Se trata de Alberto Balderas Chávez (29). Otro ‘sin techo’ y ocho policías resultaron heridos. Hubo detenciones de funcionarios municipales y del propietario y una investigación a los policías.
La Calancha es aún una herida abierta
Entre el 24 y 25 de noviembre de 2007, Gonzalo Durán Charazani, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo fallecieron por la represión policial contra manifestantes de Sucre que trataban de impedir una sesión de la Asamblea Constituyente en el liceo militar. A Durán lo alcanzó una bala de un francotirador mientras subía un cerro, los otros dos jóvenes fallecieron al día siguiente, uno por el impacto de una granada de gas en el pecho, el otro por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Los miembros del Comité Interinstitucional fueron imputados por instigación y la Fiscalía autorizó que el exministro de Gobierno Alfredo Rada fuera juzgado, así como el excomandante de Policía, Miguel Vásquez. Sin embargo, el caso duerme en la Suprema, que debe definir si Rada y Vásquez gozan de caso de corte o pueden ser juzgados por la vía ordinaria.