Francesco Zaratti
El ejercicio del cargo de máxima autoridad de un Estado presidencialista conlleva la posibilidad de favorecer intereses personales o de grupos afines. Esto podría suceder, con mayor razón, si el mandatario cediera a la tentación de mantener el control del poder que lo ha llevado a la presidencia (empresas, “fierros” o partido), generando un conflicto ético, debido a la inevitable secuela de clientelismo y compromisos.
Para aclarar: si el presidente de los empresarios privados ganara una elección presidencial y decidiera mantenerse mantenerse como líder empresarial, se produciría un grave conflicto de intereses debido a que todas sus acciones, aunque no lo fueran, serían juzgadas en función del beneficio que aporta a su gremio (los empresarios, según el ejemplo). Eso es precisamente lo que hicieron Pinochet en Chile y García Meza en Bolivia, mantenerse a la cabeza de las FFAA durante el ejercicio de la presidencia.
Por esa razón, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia de Chile, inmediatamente se desprendió de sus inversiones en compañías que tenían o podían tener negocios con el Estado. Es cierto que eso no garantiza nada, pero no deja de ser una fuerte señal ética muy apreciada por la ciudadanía. Lo propio hizo Carlos Mesa con PAT el año 2003.
Actualmente tenemos en Bolivia un Presidente que llegó legítimamente al poder encabezando el movimiento cocalero, sustento de su ascenso político. Por tanto, a menos que existan una moral burguesa y otra revolucionaria, diametralmente opuestas, ¿no sería lógico y ético que don Evo Morales hubiese renunciado a la presidencia de las seis federaciones del trópico en el momento de asumir la presidencia de la República? Ese gesto hubiese evitado, por ejemplo, el océano de especulaciones en torno a su parcializado y (sólo aparentemente) contradictorio proceder en el caso del conflicto del TIPNIS, y en otros tristes episodios.
Se dirá que se trata de casos diferentes: el poder del empresario tiene que ver con dinero, negocios, plutocracia, mientras que en el caso de un líder sindical se trata de carisma y liderazgo. Pero, el punto fundamental, en ambos casos, es el poder; ese poder que se busca mantener y fortalecer mediante favores y promesas, por ser la base del ascenso y del sustento político.
De hecho, el ex embajador plenipotenciario del Gobierno del MAS, Pablo Solón, acaba de revelar que el presidente Evo hizo promesas desmedidas a sus bases cocaleras, que condicionan el conflicto del TIPNIS y explican los vaivenes del Gobierno y de su decorativa Asamblea Legislativa. ¿Acaso el art. 236. II de la CPE no se aplica a esos actos?
Una renuncia del presidente Evo a la “silla chapareña” le daría mayor libertad de acción, le blindaría contra los cuestionamientos que tiene ese controvertido gremio y despejaría, por lo menos en las formas, cualquier duda de parcialización. Todo eso, desde luego, sin privarse del derecho de volver a subir, gracias a su carisma, los peldaños de la carrera sindical para retomar el liderazgo cocalero, una vez concluya el mandato presidencial.
En suma, la exigencia de eliminar cualquier sospecha de un conflicto de intereses del Presidente debería ser un pedido unánime, con base en el citado artículo de la CPE.
Alternativamente, bastaría una ley interpretativa del art. 236, aprobada por una Asamblea Legislativa a la cual el pueblo boliviano demanda un trabajo más original, independiente y fiscalizador. ¡Valga la inocentada carnavalera!
Página Siete – La Paz