José Luis Bedregal
Como era de esperar, el conflicto generado por la demanda de los discapacitados en el país terminó en un enfrentamiento, fruto del manejo inapropiado del mismo, donde la falta de sensibilidad humana, exceso de prepotencia, carencia de profesionalismo y falta de sentido común parecen marcar el manejo que el Gobierno hace de las demandas sociales.
Se esperó a que la caravana de silla de ruedas llegara hasta La Paz, en medio de la inasistencia del Estado, que preparó como corolario de la misma una barricada policial en los alrededores de la plaza Murillo, como si estuviera esperando el ataque de fuerzas subversivas que pudieran tomar el Palacio de Gobierno.
Entre paréntesis, es ya inaceptable el criterio ilegalmente discriminatorio con que el Gobierno, a título de velar por la seguridad, administra el ingreso a ese espacio público.
Pero más allá de la pésima gestión del conflicto, la actitud gubernamental expresada en sus portavoces hace ver la falta de responsabilidad pública y sobre todo de sensibilidad humana, reflejada en las intervenciones del ministro de Economía y los otros portavoces del Movimiento Al Socialismo.
Esto no podía ser de otra manera, si vemos que en más de seis años de Gobierno, a pesar de los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional por la administración de Morales, nada se avanzó en la construcción de una estrategia de Estado para la atención y prevención de la discapacidad.
No existe una coordinación interinstitucional entre las instancias del Estado para emprender conjuntamente la ejecución de planes y programas orientados a la atención de las diversas problemáticas de los discapacitados. Este sector y la ciudadanía en su conjunto desconocen el destino de los 40 millones de bolivianos anuales aprobados para este fin.
No existe un estudio -bio psico social clínico genético- que permita registrar y atender georreferencialmente a todas las personas con discapacidad en el país.
No se conoce la realidad económica y bio psico social de esta población, por lo que es imposible delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples áreas como salud, educación, capacitación, bienestar social y acceso al empleo.
No se cuenta, por tanto, con estadísticas serias que le permitan a la administración pública, tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o atender eficazmente a las personas con discapacidad.
El Gobierno, ante su propia incapacidad, ha preferido optar por la salida fácil, crear otro “bono migaja” que no resuelve nada y a la vez utilizar la fuerza policial para frenar la demanda social. Esto es poco serio y nada responsable, lo que ratifica la poca destreza y peor aún la ausencia de voluntad para resolver los verdaderos problemas de los bolivianos.
Página Siete – La Paz