Presidenta Cristina Fernández anuncia la expropiación completa de su patrimonio; presentó hoy el proyecto para expropiar el 51% de YPF
Argentina nacionaliza YPF
Cristina Fernández anuncia la expropiación completa de su patrimonio.
Por Redacción | Yahoo! Finanzas
La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha anunciado la expropiación del 100% de la petrolera YPF, filial de Repsol.
De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias.
El plan, denominado "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos", y se presentó durante un acto en la Casa Rosada encabezado por la presidenta de Argentina, acompañada por el vicepresidente Amado Boudou, así como otros miembros del Gobierno argentino.
Según la presidenta, el proyecto entrará hoy mismo al Congreso y será votado en las próximas semanas y también probablemente aprobado dada la mayoría con la que cuenta su partido en ambas cámaras.
El anunció fue festejado varias veces por el centenar de asistentes en el acto, con cánticos kirchenristas y aplausos.
El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones
El Gobierno español había amenazado
El Gobierno español había advertido hoy a Argentina de que actuaría para defender los intereses de Repsol en su filial YPF, en mitad de los rumores sobre supuestos planes para nacionalizar la petrolera y el "silencio oficial" del Gobierno de Cristina Fernández ante las advertencias de España y la UE.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, han querido dejar claro que el Gobierno no se va a quedar impasible ante las decisiones de Argentina que dañen a una empresa española.
"Cualquier agresión que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol se considerará por parte del Gobierno español como una agresión", subrayó el titular de Exteriores tras reunirse con el embajador argentino en España, Carlos Bettini, antes de conocer el dato.
Cristina presentó el proyecto para expropiar el 51% de YPF
Lo hizo por cadena nacional. El texto, enviado al Congreso, declaran de utilidad público y sujeto a expropiación ese porcentajes de las acciones de YPF, que pasarán al Estado Nacional y las provincias productoras. Son todas acciones de Repsol, que quedará con una participación minoritaria. El Tribunal de Tasaciones determinará cuánto se pagará por la expropiación.
Clarin.com.
A través de una cadena nacional, el Gobierno anunció hoy formalmente el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF, a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”. El total a expropiar pertenece a la española Repsol.
El proyecto lleva por título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. En lo esencial, tiene varios puntos de contacto con el texto que había trascendido la semana pasada y que ya era analizado por legisladores oficialistas, aunque éste incorpora los reclamos de las provincias productoras de hidrocarburos.
El primer artículo del proyecto, de un total de 19 y que hoy mismo será enviado al Parlamento, declara “de interés publico nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, trasnporte y comercialización de hidrocarburos”.
Ese marco es el que permite la parte más sustancial del proyecto: la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51% de YPF Sociedad Anónima. Esas acciones, especifica el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) de modo tal que el Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99% (con, respectivamente, el 51% y el 49% del 51% que sería expropiado).
El texto establece, además, que el 51% a expropiar estará “representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima” (es decir que, por lo menos según está planteado, no expropian las acciones que tiene la familia Eskenazy a través del Grupo Petersen ni las de los accionistas que compraron los títulos en la bolsa); que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias, además, se realizará “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”, y que “se encuentra prohibida la transferencia posterior de tales acciones (las expropiadas) sin la autorización del Congreso de la Nación”.
El proyecto que tratará el Congreso Nacional fija también la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipula que “la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.
Si se aprueba la ley –algo previsible dada la mayoría legislativa del oficialismo- el Estado pasará a controlar el 51% de la petrolera –la mayor empresa del país-. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizó que “no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad Anónima y el de una conducción profesionalizada”.
Más allá del capítulo sobre la expropiación del 51% de YPF, el proyecto establece también que, en el marco de la soberanía hidrocarburífera, el Estado “arbitrará las medidas conducentes” para, entre otros objetivos, la “conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación”; la “integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas”; la “maximización de las inversiones”; la “promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado” y la “explotación racional” de los recursos. Asimismo, crea un “Consejo federal de hidrocarburos” en el que participarán los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria y que promoverá “la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales”.