La Fiscalía y la Policía Boliviana se repartirán los bienes confiscados por la comisión de narcotráfico o delitos de corrupción pública y crimen organizado, según se ha planteado en dos proyectos de ley recientemente elaborados: el del Ministerio Público y el de Seguridad Ciudadana.
Ambos proyectos de ley han sido elaborados por el oficialismo y se encuentran en pleno debate a instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó este miércoles el anteproyecto de ley del Sistema de Nacional de Seguridad Ciudadana, llamado "Para vivir seguros", una vez que fue aprobado por el gabinete del presidente Evo Morales. El artículo 37 del mismo señala que la Policía Boliviana tendrá el derecho de adueñarse del 50 por ciento de los bienes confiscados en los casos señalados.
El citado artículo indica que el “cincuenta por ciento (50%) de los bienes inmuebles confiscados por la comisión de los delitos de narcotráfico que hubiesen sido sancionados por sentencia ejecutoriada, serán transferidos a título gratuito a la Policía Boliviana, para su uso en la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, de acuerdo a reglamento”.
Asimismo, el anteproyecto de Ley del Ministerio Público, que es socializado desde la gestión anterior y que fue remitido a la Cámara de Diputados, determina en su artículo 128 que “el 50% del valor de los bienes confiscados por delitos de sustancias controladas, corrupción pública o vinculados, y crimen organizado” sean transferidos a la Fiscalía.
A ello se añade que el 50% de todos los productos de remate de mercancías decomisadas por delitos aduaneros o impositivos.
Hasta la fecha, ambas normas se encuentran en la Asamblea Legislativa y que ha sugerencia del Ejecutivo los dos anteproyectos deben ser priorizados en su tratamiento para su pronta aprobación y posterior promulgación.
Sin embargo, ninguno de los proyectos precisa qué se hará con el Artículo 71 de la Ley 1008, de lucha contra el narcotráfico, y en plena vigencia, el cual establece que "los bienes confiscados se destinarán, preferentemente, a programas de prevención, educación y salud y la creación de centros de rehabilitación independiemente de los fondos destinados a la construcción de penitenciarías señaldas por ley".
La Paz, Oxígeno.