El Fiscal General de Bolivia, Mario Uribe, advirtió este miércoles que emprendería "acciones legales" contra la autoridad que otorgue un salvoconducto al senador de oposición Roger Pinto, que obtuvo asilo político de Brasil y permanece esperando visado en la embajada de ese país en La Paz.
De concederse el salvoconducto a Pinto, que se declaró perseguido político, "el Ministerio Público, en su momento tomará acciones legales que correspondan, porque peligrosamente podría adecuarse la acción de algún servidor público que no colabore a la lucha contra la corrupción" en la figura de violaciones a la Constitución y, "en su caso, al delito de encubrimiento", dijo Uribe.
La posición del Ministerio Público (elegido por el Congreso) coincide con declaraciones de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, que sostuvo que el Estado no puede darle el documento a Pinto, porque "no es un perseguido político, sino (que) enfrenta juicios por delitos comunes".
Pinto, de 52 años, tiene unos 20 procesos judiciales abiertos, algunos por supuestos manejos irregulares cuando era gobernador de Pando y otros por desacato.
El polémico senador de derecha alega que se siente perseguido, porque hizo denuncias de corrupción contra el actual gobernador oficialista de Pando y entregó informes reservados al presidente Evo Morales acerca de supuestos nexos de autoridades con el narcotráfico.
Como "Brasil no retrocederá y Bolivia se acogerá a la normativa internacional (..), la única posibilidad que queda es que el señor Roger Pinto salga de la embajada (de Brasil) por voluntad propia y asuma su defensa en los tribunales", propuso Dávila, citada por el diario La Razón.
"Puede negarme un salvoconducto y con ello retenerme privado de la libertad de movimiento, pero no podrá impedirme el ser auténticamente libre (…). Señor presidente, usted abusa del poder, pero debe saber que hay cosas mucho más importantes que no las podrá conseguir ni con todo su poder", dijo Pinto el lunes en carta a Morales, difundida por la oposición.
La misiva fue enviada un día después de que la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, dijera que "el canciller incurriría en incumplimiento de deberes" si le diera el salvoconducto a Pinto, quien está acusado por la justicia "por delitos comunes".
Pinto, congresista del partido de derecha Convergencia Nacional por el departamento de Pando (norte), ingresó a la legación diplomática el 29 de mayo, denunciando persecución política. Brasilia le otorgó asilo casi una semana después.
AFP