Fiscales, policías y militares allanaron hoy oficinas de la empresa india Jindal para investigar un supuesto "incumplimiento de contrato", después de que ésta confirmara que abandonará el proyecto minero El Mutún argumentando que no cuenta con seguridad jurídica para seguir en el país. El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó a los medios que junto a policías allanó la oficina en La Paz y se realizaron operaciones similares en la ciudad de Santa Cruz, a cargo del fiscal Aldo Ortiz, y en la localidad de Puerto Suárez también se llevaron a cabo operativos, donde las oficinas se encuentran militarizadas.
El fiscal Sergio Tarqui dirigió la intervención en Puerto Suárez, desalojó a los empleados de la firma con el apoyo de la Policía y del Ejército y detuvo a una funcionaria contable que intentaba retirarse del lugar con documentos en una camioneta. Rodríguez dijo que en La Paz se secuestró solo dos computadores y un poco de documentación para su investigación, mientras que una fuente relacionada con Jindal, dijo que esta oficina no era importante como las de Santa Cruz y Puerto Suárez.
El fiscal adelantó que "en este caso no existe el tipo penal de incumplimiento de inversiones, sino incumplimiento de contratos" y que citará a declarar a los ejecutivos de la firma. "Debido a las actitudes anti inversionistas y de no cooperación, por parte del Gobierno, Jindal Steel Bolivia no tenía otra alternativa más que rescindir el Contrato de Riesgo Compartido", justificó la firma en un comunicado.
Jindal anunció un juicio para reclamar un pago por "daños y perjuicios", mientras que los representantes del Gobierno replicaron que harán lo mismo contra la compañía indú. El ministerio de Minería dijo que Jindal se va porque el Gobierno no aceptó su petición de que cese la investigación sobre sus inversiones, ni de devolverle los 36 millones de dólares con los que le multó por un supuesto incumplimiento del contrato.
Fuente: Red Uno, El Día
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