Los trabajadores se quedaron sin empleos. El Ministerio Público allanó ayer las oficinas de la india Jindal Steel Bolivia (JSB) en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, en el proceso judicial que se le sigue por incumplimiento de contrato para la explotación de hierro en el Mutún.
Fiscalía allana las oficinas de la empresa Jindal en todo el país
Control. Militares de la Naval resguardan los equipos de propiedad de Jindal en Puerto Suárez. Ocurrió ayer.
La Razón / La Paz, Santa Cruz, Puerto Suárez
Al menos unos 30 policías militares del Batallón V de Infantería Calama intervinieron ayer el Complejo Siderúrgico del Mutún, ubicado en la región de Puerto Suárez y distante a 630 kilómetros al este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Con una orden judicial que fue emitida en la ciudad de La Paz, el fiscal Sergio Tarquino llegó a las 09.30 en principio hasta las oficinas de la empresa que desde 2014 debió producir acero laminado en ese punto fronterizo, para posteriormente cerrar las instalaciones administrativas.
“Nosotros sólo cumplimos con la disposición jurisdiccional”, se limitó a indicar el teniente coronel y comandante de Frontera de la Policía, Gonzalo Medina, quien ayudó a los militares al cierre de las oficinas de la empresa india, que el 16 de julio determinó rescindir el contrato que tenía con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) para la explotación de hierro en uno de los yacimientos más grandes del continente.
Los policías militares resguardaban el ingreso a la planta y al cerro del Mutún. “Nadie puede entrar y los únicos que pueden salir son los de la ESM”, dijo un oficial ayer al mediodía, escoltado por policías militares portando equipo antimotín.
Dentro, continúan las chancadoras y los cerros de mineral de hierro a flor de piel, pero no quedaba un solo personero de Jindal. Aparentemente los trabajadores tenían conocimiento de la intervención y abandonaron el lugar. Entre ellos, cuatro funcionarios de nacionalidad india.
En la ciudad de Santa Cruz, la Fiscalía allanó las oficinas de la JSB en busca de documentación que sirva para aportar a la investigación en el proceso penal que se le sigue a la compañía de capitales indios. Luego del operativo, la Fiscalía procedió a precintar las oficinas de Jindal.
Los funcionarios fueron desalojados por las fuerzas del orden de las oficinas de la calle Jazmines y del edifico Tacuaral, que está sobre la avenida San Martín en Santa Cruz. El fiscal Aldo Ortiz dijo que se secuestró la documentación para fines investigativos. “Las personas que han tenido relación con la empresa son las que están configuradas en la denuncia como el caso del presidente de la JSB, Vikrant Gujral”. Informó que ocho personeros de la empresa fueron citados a declarar.
El propietario del edifico Tacuaral, Óscar Moreno, dijo que se vio sorprendido por la intervención del Ministerio Público, siendo que la siderúrgica india en días pasados había dejado dichas oficinas. En La Paz, las oficinas de la Jindal también fueron allanadas por el fiscal Marco Antonio Rodríguez, con el objetivo de recolectar indicios, evidencias y material magnético que sirvan para la investigación del caso.
El fiscal aclaró que en el operativo se recolectó dos CPU de computadoras y “algo” de documentación. “Hemos realizado el allanamiento para recolectar documentación de la cual se hará un análisis y evaluación para verificar la pertinencia y su relación con los hechos investigativos contra los directivos de Jindal”, dijo.
Debe $us 400 mil por alquileres
Óscar Moreno, propietario del edificio Tacuaral, dijo que los ejecutivos de Jindal Steel Bolivia (JSB) se fueron sin haberle pagado más de tres años de alquileres. “Me deben más de 400 mil dólares, son más de tres años de alquiler en varias oficinas”, se quejó el dueño del edificio, quien sigue al menos una decena de procesos en contra de los ejecutivos de la compañía india. “Ellos dicen tener millones para el Mutún y no tienen para pagar alquileres, porque se han escapado, no me han entregado las llaves” de las oficinas, señaló.
Los trabajadores se quedaron sin empleos
El jefe de prensa de Jindal Steel Bolivia (JSB) en Puerto Suárez, Sandro Rejas, afirmó que al menos 40 trabajadores administrativos se “han quedado en la calle”. Mientras, el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, indicó que la cifra de los empleados que se quedaron sin empleo llega al centenar. “Los ahora extrabajadores de la Jindal se reunirán y nosotros como Comité Cívico los apoyaremos”, se comprometió el representante de los cívicos de Puerto Suárez.
Vanos fueron los reclamos de los cívicos Santander y Nancy Monasterios que reprochaban la actitud gubernamental que, según ellos, posterga una vez más el sueño de convertir a este punto fronterizo con Brasil en una región desarrollada.
La contadora Nancy Santiváñez, que ayer por la mañana fue detenida por la Policía Boliviana, fue liberada al final de la tarde. Santiváñez fue acusada de querer intentar sacar documentación de Jindal en el momento del allanamiento.
La empresa había empezado a dar preavisos a sus empleados, que debían dejar sus cargos hasta el 9 de septiembre, pero ahora no se sabe qué pasará con ellos. “Veremos, nosotros valoraremos el personal”, dijo un ingeniero de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) que no quiso dar su nombre cuando se le preguntó sobre el futuro de los extrabajadores de Jindal.
En tanto, en las calles de Puerto Suárez los porteños estaban divididos respecto a la salida de la empresa Jindal. “Es mejor que los hayan sacado, porque no trabajaron nada”, dijo Joselo, un taxista. Por su lado, Nazareth, una cochabambina que vive en la región 42 años, se lamentó y sostuvo que, “ahora, vamos a tener que esperar años para que el proyecto arranque.