Un encuentro por 90 minutos entre el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, y el embajador de Brasil, Marcel Biato, fue el corolario del roce diplomático que se suscitó entre los dos países por el caso del senador Pinto. Brasil no toma como oficiales dichos de ministra Dávila.
Embajador de Brasil dio informe por caso Pinto
Relaciones. Se conoció ayer del encuentro sostenido el jueves entre el embajador de Brasil y el canciller David Choquehuanca. La oposición insiste en el salvoconducto
Credenciales. Foto del 17 de noviembre de 2010, cuando el embajador Biato presentó sus cartas al presidente Morales
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Un encuentro que se prolongó por 90 minutos entre el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, y el embajador de Brasil en el país, Marcel Biato, fue el corolario del roce diplomático que se suscitó entre los dos países, después de las declaraciones del representante brasileño, cuando pidió ‘zanjar’, el problema del senador Róger Pinto, que se encuentra refugiado en la embajada brasileña de la ciudad de La Paz.
Aunque no existe un documento oficial de la reunión, se informó en el Gobierno de que la presencia del diplomático brasileño se produjo el jueves, entre las 10:00 y 11:30, se trató principalmente el tema de las declaraciones de Biato ante los medios de comunicación, que ocasionaron una censura pública del Gobierno.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano se informó de que la presencia de Biato fue ‘voluntaria’, pese a que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, adelantó que el delegado de Brasil sería convocado para explicar sus declaraciones.
El Gobierno boliviano exigió al representante del vecino país apegarse al protocolo diplomático y dejar que el caso sea manejado en ese código, con comunicación directa entre las dos cancillerías.
El jueves, el Gobierno explicó que hace dos semanas se envió la respuesta a su par brasileño, respecto a la negativa de entregar el salvoconducto para el senador Róger Pinto y se aseguró que no habrá ningún documento bajo el principio de soberanía que propuso La Paz a Brasilia.
Mientras, los diputados opositores Fabián Yaksic y Norma Piérola afirmaron, por separado, que el Gobierno boliviano está obligado a entregar el salvoconducto que reclama Pinto para salir del país y que la negativa significa quitar los derechos políticos a un ciudadano.
Los legisladores le recordaron al Ejecutivo boliviano que de ser así, se debió entregar al ciudadano peruano Wálter Chávez, que fue asesor del presidente Evo Morales, porque estaba acusado de terrorismo en su país, pero que el régimen de Morales prefirió ignorar este pedido y se escudó en una decisión de la entonces Corte Suprema de Justicia.
Para el excanciller Armando Loaiza las acusaciones de delitos comunes a los opositores no es reciente y recordó también que en épocas dictatoriales la acusación principal era sedición y terrorismo para ‘barnizar’ la persecución de la que eran objeto los opositores políticos.
Sin embargo, abogó por la conclusión del tema, porque, en su criterio, la agenda bilateral que existe entre ambos países es más amplia que un tema ordinario y que puede ser solucionado de manera expedita.
La diputada Piérola (CN) adelantó que hasta la siguiente semana presentará una querella en la Fiscalía de La Paz en contra del canciller por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por la negativa de entregar el salvoconducto al senador Pinto.
Sin embargo, aclaró que esta querella está condicionada a recibir, desde la delegación diplomática de Brasil, la resolución de concesión de asilo a favor del senador Róger Pinto y la resolución de rechazo a la petición que ha hecho el Gobierno a través de la Cancillería para que se revoque la medida.
"Un proceso que lleve a cabo la oposición no hará cambiar la decisión del Gobierno entorno a que no puede dar el asilo político a Pinto", aseveró la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
Para Brasil, el diálogo no está afectado
La Cancillería brasileña declaró ayer que las quejas de Bolivia sobre el caso del senador Róger Pinto y las presuntas presiones ejercidas por su embajador, Marcel Biato, no afectan el diálogo entre ambos países, dijo el portavoz de la Cancillería, Tovar Nunes.
Nunes recordó que el Estado brasileño otorgó el asilo político al senador opositor basado en el derecho internacional en América Latina y por mandato de la Constitución Política de ese país.
En Bolivia explicaron que la concesión de asilo es un trámite expedito y que pocas veces el Gobierno brasileño investiga a quienes entrega el asilo solicitado.
Las declaraciones del portavoz de Itamaraty se dieron horas después de que la ministra de Comunicaciones de Bolivia, Amanda Dávila, informara de que Biato debe someterse a las consecuencias por expresarse a favor de que se resuelva el asilo a Pinto, acusado por el Gobierno de cometer una serie de hechos de corrupción.
“No hay ninguna razón para cambiar el diálogo entre los gobiernos de Brasil y de Bolivia. El diálogo ha fluido desde el inicio del proceso”, refirió el diplomático.
La concesión del asilo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se basa en el derecho internacional.
Para saber
El diputado Osney Martínez, correligionario de Róger Pinto, dijo que visitó al senador pandino y que lo vio ‘gordito’ por la falta de ejercicio.
Martínez también reveló que la embajada le puso una bicicleta estacionaria para que Pinto haga ejercicio y baje de peso.
El senador Pinto tiene una oficina en esa delegación diplomática que le permitirá recibir a sus visitantes.
Los oficialistas ahora se alistan para quitar el curul a Pinto y para ello realizan la revisión de planillas y ver si ya cumplió las seis faltas continuas que señala la Constitución.
El jefe de bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, señaló ayer que no saben si pagarán a Pinto el salario de junio, tomando en cuenta que el senador no asistió a ninguna sesión.
Hasta el martes se confirmará oficialmente cuándo envió el gobierno boliviano a su par brasileño la negativa del salvoconducto, así lo afirmó la diputada Norma Piérola.
El Gobierno boliviano, a través de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, anunció que el presidente Evo Morales se reunirá con su par brasileña Dilma Rousseff en los próximos meses.
Ningún artículo de la CPE veta concesión de salvoconductos
Constitucionalistas opinan que se trata de una interpretación de Dávila.
Análisis. Dos abogados dicen que se deben cumplir las normas que salvaguardan los derechos humanos. La Cancillería de Brasil sale en defensa de su embajador en La Paz.
Página Siete / La Paz
Ayer aparecieron estos afiches de Pinto en plaza Villarroel.
La Constitución Política del Estado (CPE) no prohíbe en ninguno de sus artículos la concesión de un salvoconducto a personas que tienen procesos en la justicia ordinaria por delitos comunes, como afirmó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
Dos abogados constitucionalistas consultados por este medio consideraron que se trata de una interpretación personal de la autoridad gubernamental.
“La Constitución reconoce el derecho de pedir asilo, pero no establece una prohibición, a mi juicio se trata de una interpretación personal de la ministra” dijo el abogado Wilbur Daza.
“La Constitución y las normas de defensa de los derechos humanos internacional prevén que los asilos se conceden cuando el país que ha sido solicitado estima que hay una persecución política y no se conceden los asilos cuando se considera que en realidad se trata de un ejuiciamiento ordinario con responsabilidades penales o civiles emergentes de una función pública, pero eso no hace el Estado boliviano con un ciudadano que ha pedido asilo a un Estado extranjero, sino es el Estado solicitado el que hace esta valoración, sobre esa valoración el Estado boliviano no tiene un poder de observación porque cada Estado es soberano”, explicó ayer el constitucionalista.
El jueves, Dávila dijo que la Carta Magna “claramente dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria”, en relación al pedido de Brasil para que se dé un salvoconducto al senador opositor Roger Pinto, quien se encuentra asilado en la embajada de ese país en La Paz.
El abogado Arturo Yáñez dijo que “yo no encuentro una prohibición en la Constitución, es más, ni siquiera menciona ese tema, pero es importante señalar que habla de los extranjeros que solicitan asilo en el país”.
También dijo que las constituciones nunca se interpretan de manera aislada, sino en función a los derechos de las personas reconocidos en tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el asilo como un derecho humano.
“El artículo 256 de la Constitución boliviana establece que los derechos humanos que estén contenidos en los instrumentos internacionales deberán no sólo ser aplicados, sino interpretados de manera preferente por encima de la Constitución; en ese sentido, se tendría que aplicar de manera preferente el Pacto de San José de Costa Rica que dice que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir en territorio extranjero en caso de persecución por delitos de persecución política o comunes conexos con los políticos”, explicó.
Para el abogado William Bascopé, en la Carta Magna no hay una norma clara que indique u obligue a dar un salvoconducto.
“La Constitución manifiesta de que en temas de delitos comunes obviamente no tienen la recepción de asilo político de nuestro Estado y obviamente se espera la misma reciprocidad de los otros estados, en ese sentido no hay una previsión que obligue al Estado a dar ese documento llamado salvoconducto”, esto en referencia al artículo 29 de la CPE que dice que se debe dar asilo por persecución política.
Bascopé también dijo los refugios políticos se dan de acuerdo a los convenios bilaterales entre los estados y en este caso Bolivia y Brasil no tienen un acuerdo bilateral que obligue a dar un pase.
Gobierno acusa a Pinto de 5 delitos
El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción informó ayer que desde esa oficina se impulsa cinco procesos en contra del senador opositor Roger Pinto, quien se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz desde hace 55 días.
Uno de los casos está en la etapa de juicio oral y fue declarado rebelde de la justicia, por lo que se desvirtúa el argumento de que el Gobierno boliviano habría emprendido una persecución política en su contra.
Los procesos abiertos por ese ministerio son: la transferencia ilegal de recursos económicos de la Zona Franca de Cobija a la universidad pública, transferencia de terrenos del Estado a particulares, asignación irregular de fondos, irregularidades en el proceso de contratación de empresas para la construcción de cuatro desembarcaderos en Pando y también se lo acusa por indicios de favorecimiento económico a cambio de propiciar la aprobación de una ley de casas de juego.
Las aclaraciones de la entidad gubernamental se producen cuando las relaciones entre Bolivia y Brasil se deterioran por la negativa del Gobierno de permitir la salida de Roger Pinto.
Según ANSA, ante el impasse, el vocero de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, rechazó la supuesta presión de Brasil a Bolivia. “Brasil no ve ninguna razón para interpretar las declaraciones del embajador como una presión”.
Brasil no toma como oficiales dichos de Dávila
MINISTRA ANUNCIA CITA EVO-DILMA.
Los Tiempos – 21/07/2012
Para Brasil, las declaraciones de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, reproducidas por la prensa contra su embajador en Bolivia, Marcel Biato, sobre una supuesta presión ejercida en el caso del senador Roger Pinto, no son un pronunciamiento oficial del Gobierno boliviano, dijo el portavoz de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, al diario Valor de ese país.
Nunes indicó que “la relación directa que se tiene con el Gobierno boliviano no se da a través de la prensa”.
De esa manera respondió , al ser consultado sobre las declaraciones de Dávila, quien calificó en días pasados de “portavoz político” de Pinto a Biato.
Dávilo acusó al diplomático de “presionar” al gobierno boliviano a conceder un salvoconducto para el senador Pinto.
“Tomamos nota, como una declaración reproducida por la prensa, no como un pronunciamiento oficial del gobierno boliviano", expresó.
Además, en declaraciones a la misma revista, Tovar dijo que "Brasil no ve ninguna razón para interpretar las declaraciones del embajador como una presión, en cualquier nivel".
La ministra de Comunicación, ayer en declaraciones a la prensa, insistió que el problema de Pinto, comenzó con la intervención del embajador de ese país en Bolivia, situación que los dos países tienen en claro.
“Las relaciones con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, son de mucha cordialidad y óptimas, porque este pequeño incidente no obstaculiza ni entorpece las relaciones entre los dos países”, aseveró Dávila, anunciando incluso, como prueba de ello, una próxima reunión del presidente Evo Morales con su homóloga de Brasil, aunque no especificó la fecha.
Con relación al pedido de salvoconducto para que Pinto pueda dejar el país, reiteró —según la agencia Abi— que el Gobierno tiene la "obligación" de dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional, mediante la cual "no es posible" que un país otorgue asilo político a un ciudadano que está sometido a procesos judiciales.
"El senador Pinto, por efecto primero del retiro de la inmunidad parlamentaria, está sometido a procesos ordinarios; por lo tanto, el Gobierno nacional simplemente cumplirá con la normativa que señala que cuando una persona está sometida a procesos judiciales no puede salir del país bajo ninguna modalidad, ni siquiera bajo el sistema de asilo político, sobre todo cuando existe el arraigo y medidas precautorias contra esa persona", explicó.
La agencia de noticias Brasil, Tovar Nune recordó que el Estado brasileño dio el asilo político al senador opositor Roger Pinto, basado en el derecho internacional en América Latina y por mandato de la Constitución Política de ese país.
La concesión de asilo , según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se basa en el derecho internacional en América Latina y el Artículo 4 de la cláusula X de la Constitución.
Negativa de salvoconducto
Los diputados de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola y del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic calificaron de abruptas las declaraciones de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sobre la negativa de salvoconducto a favor del senador Roger Pinto, más aún cuando esta determinación gubernamental no refleja lo establecido en el Artículo 28 de la Constitución Política del Estado (CPE), que defiende los derechos políticos del legislador opositor, refugiado hace 54 días en la Embajada de Brasil en La Paz.
Yaksic dijo que en ningún artículo de la Constitución está establecida la negativa de un salvoconducto a un legislador o autoridad política que tenga procesos penales, pero no sentencia ejecutoriada, por lo cual considera que existe desesperación en el Ejecutivo ante el impasse diplomático que se viene con Brasil a causa de su "terquedad" de negarle el traslado a Pinto al Brasil, donde tiene asilo político.
"Está claro que quien tenga algún tipo de sentencia ejecutoriada, recién puede estar establecida la posibilidad que se le restrinja sus derechos ciudadanos, sean éstos políticos, de libertad, de los tantos que se tiene en la Constitución”, señaló Yaksic.
Por su parte, la diputada Piérola dijo que la Ministra cometió una "equivocación garrafal" al negarse a cumplir compromisos internacionales en vigencia, lo cual derivaría en problema bilateral con Brasil, pues Bolivia es parte de la Ley Internacional del Refugiado y los convenios del Acnur.