El gobierno de Evo Morales propone un proyecto de ley para confiscar, en un plazo sumario de dos a 5 días, bienes a favor del Estado en casos de narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito y contrabando.
Opositores se atrincheran contra ley confiscatoria
Quieren incautar bienes en 48 horas. El Ejecutivo plantea tomar propiedades en casos de corrupción, narcotráfico y enriquecimiento. Hay observaciones.
EL DÍA, 2 de Septiembre, 2012
Reunir un tercio. Eso se proponen los legisladores de oposición al régimen de Evo Morales para evitar la aprobación de un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, y que tiene la finalidad de confiscar, en un plazo sumario de dos a cinco días, bienes a favor del Estado en casos de narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito y contrabando.
Las diputadas Jessica Echeverría y Norma Piérola han convocado a la bancada indígena, Unidad Nacional y Movimiento Sin Miedo para hacer fuerza e impedir la aprobación de esa norma que es atentatoria contra la presunción de inocencia y la propiedad privada.
La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 36 senadores,y 130 diputados, de los cuales 114 son del oficialista Movimiento Al Socialismo y 52 de la oposición, y según su normativa, para que cualquier ley sea aprobada debe tener más de dos tercios.
“Si nos unimos podemos bloquearla y debemos hacerlo por el bien de los bolivianos”, dijo Piérola pues la ley, en caso de aprobarse, puede ser usada como herramienta política para seguir persiguiendo a opositores.
La norma. A iniciativa del Ministerio de Gobierno el proyecto de ley se presentó este jueves al Legislativo para “establecer sanciones y procedimientos más rígidos, en casos de corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y contrabando, confiscando bienes", según informó la autoridad de ese despacho Carlos Romero.
Esta propuesta legal fue aprobada en la reunión de gabinete ministerial y determina que a través de un procedimiento administrativo sumario o acelerado distingue dos situaciones para analizar los casos que sean observados por las autoridades, sobre enriquecimiento ilícito.
La diputada Piérola explicó que la norma tiene 23 artículos y establece la creación de un tribunal juzgador compuesto por representantes de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y la Procuraduría del Estado.
Por su parte, el vocero del Movimiento Sin Miedo en Santa Cruz, Roy Céspedes, indicó que no hay ningún boliviano que esté en contra de la corrupción, el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito; sin embargo, a título de combatir estos males no se puede presumir la culpabilidad de todos los habitantes.
Presunción de inocencia. Sobre el tema, la exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, consideró “una barbaridad” el proyecto de ley por ser atentatorio a la presunción de la inocencia y contrario a la Constitución Política del Estado.
También observó la ilegalidad de conformar tribunales especiales que no sean los establecidos por ley en la judicatura.
De igual manera indicó que la misma Carta Magna establece el respeto a la propiedad privada, precepto que pasa por alto este proyecto.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional. La diputada opositora Jessica Echeverría denunció que el proyecto de ley de expropiación de bienes fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional; sin embargo, ha resultado difícil tener acceso al mismo; no obstante, conocen que a partir de la próxima semana comenzará a ser debatido y seguramente aprobado como lo manda el Gobierno.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Juan Carlos Cejas, en contacto telefónico con El Día, negó tener el mencionado proyecto en su poder.
Es otra Ley 1008. El analista político Carlos Valverde, en su programa Sin Letra Chica, dijo la Constitución Política del Estado, dice que a toda persona se le presume de inocencia y tiene derecho a la defensa en cualquier delito.
“Es terrible que este Gobierno que criticaba a Sánchez de Lozada por la Ley 1008, se mandó un proyecto de ley que abusa de los derechos de la gente. No estoy a favor del narcotráfico, pero tampoco apoyo la barbaridad que está haciendo el Gobierno”.
“Me da tanta pena cuando los parlamentarios politizan igual que el Gobierno, la administración de justicia", dijo. Argumentó que el país salió de sufrir por la ley 1008 y ahora “no es posible que con este proyecto de ley si no podés demostrar en cinco días tu inocencia, te lo quitan todo”. Argumentó que la oposición en vez defender a la ciudadanía está haciendo política.
Entrevista: Vicente Cuéllar
‘No toman en cuenta a la burocracia’
Considerando que la nueva normativa en proyecto planea la afectación de la propiedad privada consultamos al economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, acerca de los alcances de esta medida en la sociedad, en la gente de a pie.
P. ¿Cómo observa la presentación de este tipo de normativa por parte del Gobierno?
V.C.: En primer lugar yo creo que toda actividad o determinación del Gobierno que tienda a transparentar las actividades económicas en el país es positivo. Sin embargo, creo que para eso debemos de dotarnos de normas claras y también que sean transparentes en base a la reglamentación que se ponga en vigencia.
P. ¿Qué dificultades puede observar para que la gente pueda demostrar la licitud de sus bienes en caso de alguna investigación?
V.C.: El Gobierno debe tomar en cuenta la misma burocracia estatal o de cualquier nivel que existe y que impedirán que el ciudadano pueda demostrar su inocencia ya sea al tramitar un certificado alodial u obtener cualquier tipo de documentos en el que normalmente se tarda más de una semana; sin embargo, el plazo de 48 horas o de cinco días son bastantes cortos.
P. ¿En la práctica entonces qué puede pasar?
V.C.: No basta con dotarnos de leyes draconianas para frenar hechos ilícitos. Se puede avasallar la propiedad privada y se pueden afectar derechos fundamentales de los ciudadanos o crear instrumentos que luego puedan ser utilizados como instrumentos políticos o para generar incertidumbre en la gente.
Gobierno
Es para atacar cuatro males endémicos
Gobierno. "Con este anteproyecto de Ley se adopta una medida drástica en el orden jurídico y procedimental administrativo para castigar cuatro tipo de delitos, que se constituyen como un cáncer que lesiona el interés colectivo y dañan el patrimonio público, por lo que queremos que sean erradicados de raíz”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, refleja la agencia estatal ABI.
Según Estados Unidos, Bolivia desplazó este año a Colombia y ocupa el segundo lugar en producción de cocaína.
La norma se presenta cuando el Gobierno no termina de sacudirse de un caso de corrupción descubierto en YPFB en la adjudicación de una planta.
Punto de vista
"Ley con piel de cordero "
Emilio Martínez, Analista Político
“Más de una vez el Gobierno de Evo Morales ha demostrado su habilidad para hacer pasar gato por liebre, o para decirlo de otra forma, para camuflar sus verdaderas intenciones bajo una apariencia inofensiva y positiva. El método vuelve a repetirse con un proyecto de ley que supuestamente busca “monetizar los bienes incautados al narcotráfico”, conjugando dos objetivos: 1) lavarle la cara a una administración que no se ha caracterizado por su eficiencia en la lucha antidrogas, y 2) sentar un precedente jurídico para una gran herramienta de expropiación, que el régimen pueda usar de manera discrecional. La norma violará el principio básico de la presunción de inocencia, confiscando todos los bienes que no puedan demostrar su derecho propietario en el lapso sumarísimo de 5 días. Se pone en marcha la política de que “todo es del Estado a menos que se compruebe lo contrario”, algo particularmente grave en un país con problemas de registro de la propiedad, donde se tropieza con importantes trabas burocráticas para garantizar ese derecho fundamental de los ciudadanos.