El debate por las modificaciones al proyecto de Ley de Extinción de Dominio provocó una disputa pública entre dos jerarcas del oficialismo. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el ministro de Gobierno y proyectista del documento, Carlos Romero, intercambiaron críticas por la formulación del instrumento que ha despertado el rechazo de choferes y gremialistas.
La semana anterior, Rebeca Delgado informó que el proyecto de ley fue modificado en un 60% como consecuncia de las observaciones de los transportistas que advirtieron con un paro indefinido y los gremialistas que se movilizaron porque se sentirían afectados con la propuesta normativa.
La información de Delgado fue cuestionada por el Ministro de Gobierno, quien en esta jornada indicó que la normativa no podía ser cambiada en esa magnitud al tratarse d una propuesta del Ejecutivo y porque provocaría una distorsión de la iniciativa.
“No se puede decir que la norma fue modificada en un 60% porque ya dejaría de ser una iniciativa del Ejecutivo y ya vendría a ser una iniciativa del parlamento. Si la ley debía ser modificada en ese porcentaje y no ha dimensionado bien la Presidenta de Diputados”, opinó Romero en conferencia de prensa.
En ese sentido, Romero indicó que hay la disponibilidad para ejecutar una mejor socialización de la propuesta que trata de afectar las fortunas mal habidas de los contrabandistas y narcotraficantes. “En definitiva lamentamos que se haya hecho una campaña de distorsión de los contenidos de esta norma”, añadió Romero.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja ratificó que el proyecto de ley original enviado desde el Órgano Ejecutivo fue modificado en un 60% para evitar malas interpretaciones de los sectores sociales y logre su objetivo concreto.
“Insisto ante los medios de comunicación porque yo he escuchado esta mañana que no es cierto, que no se ha modificado. Voy a pedirle mayor responsabilidad al Ministro de Gobierno y que antes de enviar cualquier tema a la Asamblea Legislativa vea la constitucionalidad de las leyes”, respondió Delgado.
El proyecto de Ley determina que la Procuraduría General del Estado procederá al decomiso e incautación de todos los bienes que sean producto de alguna actividad ilícita, otorgando a los afectados un plazo para que presenten sus descargos.
En ese sentido, la norma fue cuestionada por los sectores sociales porque se presumía que a simple denuncia un apersona podía ser procesada y despojada de sus bienes que presuntamente provendrían de narcotráfico, el contrabando y el enriquecimiento ilícito.
Los transportistas temían que se les arrebataría sus movilidades en el caso de que alguien transporte estupefacientes, artículos de contrabando sin consentimiento del los conductores.
Los gremialistas temen que los dueños de los depósitos donde dejan sus productos rechacen el alquiler de los almacenes y que la normativa plantee que la incautación se dé en mercancías que tengan un valor base desde los 70 mil bolivianos, monto que la Asamblea Legislativa Plurinacional tomó la decisión de subir aunque no definió monto de base.
“Lo que podemos asegurar y decir al pueblo boliviano es que sí va a ser una norma beneficiosa para el país, no vamos a hacer ninguna norma que perjudique a nadie (a ningún sector) y esta Ley nos va a permitir recuperar bienes adquiridos de manera ilícita”, aseguró la Presidenta. “Hemos invitado a los transportistas y a los gremiales, quienes están predispuestos y nosotros vamos a agotar el diálogo”, añadió.
La versión del Ministerio de Gobierno
Ante esas posiciones, el Ministerio de Gobierno aseguró la tarde de este miércoles que Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado declara como “inembargable” el patrimonio familiar y garantiza del derecho propietario de los ciudadanos sobre sus bienes muebles e inmuebles.
La norma en cuestión determina la confiscación de bienes mal habidos e ilícitos producto del narcotráfico, el contrabando y la corrupción. Pero la dirigencia de los gremiales y transportistas denunció que la ley es un instrumento del Gobierno para confiscar el patrimonio ganado con esfuerzo por cada familia boliviana.
Pero el artículo 6 del proyecto de ley en su parágrafo II dice que “quedan excluidos” de la extinción de dominio, “los bienes inembargables establecidos en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil”.
El artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 8 determina textualmente que es inembargable, es decir imposible de confiscación, “el patrimonio familiar, conforme al artículo 32 del Código de Familia y lo previsto en la Constitución Política del Estado.
El artículo 56 de la Constitución Política del Estado establece textualmente:
I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.
II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria”.
Fuente: Red Uno, Oxígeno.
[vid url=http://cd1.eju.tv/videos4/E1211070703.mp4] 