Para la defensa, se demuestra que el caso se manejó con mentira e intromisión del Gobierno de Bolivia.
A lo largo de este tiempo se han presentado audios, videos, fotografías y documentos que han puesto en cuestión la veracidad del caso. El proceso está en la fase de juicio contra 39 personas que alegan inocencia respecto a los cargos por terrorismo y otros delitos.
Han transcurrido cuatro años del operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz en el que fueron abatidos Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michael Martin Dwyer. A lo largo de este tiempo, el caso llamado terrorismo se vio cuestionado por al menos 14 incidentes entre videos, fotografías, audios y documentos que salieron a la luz pública.
Página Siete hizo un relevamiento de estos materiales. Uno de los primeros que contradijo los argumentos del Gobierno respecto a un enfrentamiento armado en el mencionado hotel fue el informe del experto Peter Tárjany, presentado por el Gobierno húngaro en el que indica que Rózsa, Dwyer y Magyarosi fueron asesinados.
La administración del presidente Evo Morales no tardó en responder a estos argumentos. Indicó que las primeras pruebas colectadas dan cuenta de que los tres supuestos terroristas-separatistas tenían restos de pólvora en las manos.
Así se sumaron otros videos, audios y fotografías que pusieron una neblina en el caso más importante para el Gobierno y que derivó en la caída de la llamada “media luna”, dirigida por cívicos, grupos juveniles y prefectos opositores bajo la bandera de autonomía departamental y rechazo a la nueva Constitución Política del Estado.
Dos recientes audios, en los que se escucha supuestamente la voz del fiscal del caso Marcelo Soza, hicieron temblar los cimientos del proceso, según admitieron al menos dos parlamentarios oficialistas.
En los audios se escucha a la voz decir que se inventaron pruebas como la remarcación de la serie de un revólver y que los tres hombres fueron ejecutados.
Para el Gobierno (ver nota de apoyo), estas “revelaciones” no afectan la esencia del proceso y que existen pruebas para que el juicio que se desarrolla termine con sentencias por terrorismo y otros delitos de 39 personas acusadas.
Uno de los abogados defensores de los acusados, Alberto Morales, (quien patrocina al director general de COTAS, Hugo Paz) afirma que los materiales difundidos ampliamente por los medios muestran que el caso terrorismo fue “mal manejado a través de la mentira y de la intromisión”.
Todo comenzó con un atentado a la residencia del cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril. El hecho habría sido protagonizado por el grupo de Rózsa en un supuesto intento de generar zozobra e inestabilidad en el país aprovechando el momento tenso que se vivía producto de la convulsión generada por grupos autonomistas en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Esa acción solamente dejó daños materiales de consideración.
Otro hecho material que involucró al supuesto grupo terrorista-separatista es el enfrentamiento (para el Gobierno) o ejecución (para los familiares de los fallecidos) ocurrido el jueves 16 de abril de 2009.
Eran las 4:15 cuando un grupo de efectivos de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), ahora disuelta, irrumpió en los ambientes alquilados por Rózsa y sus camaradas en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
Este comando registró en imágenes la incursión, según se conoce, y algunas de esas grabaciones fueron filtradas como el material audiovisual supuestamente tomado por la dragoneante Marylin Vargas, alias Karen, que muestra un mismo escenario del enfrentamiento, uno sin disparos y otro con varios disparos (ver infografía).
La senadora Carmen Eva Gonzales, quien presentó los audios donde se escucharía la voz del fiscal Soza, no duda en señalar, a partir del material que presentó, que el caso fue “montado”. Pero no es la única, la defensa de los acusados dice lo mismo.
En enero de 2011 apareció un video donde se observa al otrora “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas (El Viejo) cuando recibe dinero de manos de una autoridad de Gobierno para que deje el país y no vuelva. Por la voz se denunció que se trataba de Carlos Nuñez del Prado, ex director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno. La Fiscalía abrió una investigación, pero no hubo resultados y el proceso se extinguió.
Tras la aparición de este video, el fiscal Soza planteó por primera vez su alejamiento del caso; sin embargo, el fiscal general de entonces, Mario Uribe, le ratificó en el caso.
Muchos de los 14 incidentes fueron ampliamente difundidos por los medios, fueron rechazados uno a uno por el Gobierno que sospecha que detrás de estas “revelaciones” están las logias cruceñas y personalidades que quieren evitar ser enjuiciadas en el caso terrorismo II, abierto para procesar a los financiadores del supuesto grupo terrorista.
Ángela Villafán
Un video de una policía que participó en el operativo, el supuesto pago de un soborno a El Viejo, fotos de Wálter Andrade con Rózsa, informes de peritos de Hungría y otros son algunos de estos incidentes.
Soza tiene un proceso en contra
El fiscal Marcelo Soza, quien investigó el caso terrorismo, tiene un proceso en contra después de que se divulgaron dos grabaciones en las que se escucha presuntamente su voz dando detalles del caso Rózsa como la injerencia de autoridades de Gobierno en el proceso, la pérdida de pruebas y la supuesta ejecución de los integrantes del supuesto grupo terrorista.
No obstante, la causa no avanza a diferencia del proceso que se le inició a la senadora opositora Carmen Eva Gonzales, quien presentó los dos audios.
A Gonzales se la acusa de extorsión porque en un video supuestamente grabado por uno de sus subalternos se la ve cobrando dinero, el cual -dijo- era para ayudar a dirigentes de Pando que fueron detenidos por el caso masacre de Porvenir.
El fiscal Soza aseguró que los audios en cuestión son montados, quizás por un experto de Brasil, aunque tampoco descartó que se trate de su voz.
Según la agencia gubernamental ABI, Soza se presentó en el Ministerio Público de Sucre, aparentemente para declarar ante el fiscal anticorrupción, aunque esa situación fue negada por su abogado, Moisés Ponce de León, cuando salían de la Fiscalía General del Estado.
“No vinimos a ninguna declaración, estamos viniendo solamente a ver algunos casos. No se presentó ninguna declaración informativa y no se hizo absolutamente nada”, afirmó Ponce de León ante la excusa de Soza de hacer declaraciones ante los medios.
En tanto, la senadora Gonzales demanda de las autoridades de la Fiscalía que aceleren la investigación de este caso.
El fallo no frena el avance del juicio
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que la suspensión de la audiencia del caso terrorismo no tiene sustento legal alguno, ya que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional es extemporáneo, debido a que la pretensión de uno de los acusados, Gary Prado, de trasladar el juicio a Santa Cruz, ya fue dispuesta por el Tribunal de Sentencia.
“En el marco del respeto del derecho a la vida, el juicio se viene sustentando en la ciudad de Santa Cruz, por lo que la sentencia del Tribunal Constitucional no genera efecto alguno, toda vez que la decisión de las autoridades jurisdiccionales fue la de celebrar el juicio en la ciudad de Santa Cruz, precautelando los derechos a la salud y la vida de los procesados Ronald Castedo y Gary Prado”.
Señaló que no existe obstáculo alguno que impida la continuidad del juicio, pues la sentencia constitucional 0130/2013 no ha dispuesto la nulidad de ningún actuado procesal, ni que se retrotraigan los actos procesales consumados, sino que las autoridades judiciales definan la situación jurídica de Prado.
“No es cierto que la sentencia haya dispuesto declinatoria de competencia alguna, sino que las autoridades jurisdiccionales verifiquen el estado actual de salud del imputado Prado, para en función a ello determinar el traslado de obrados a otra ciudad que se encuentre a nivel del mar” complementó.
El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia mediante la cual concede acción de libertad a uno de los acusados del caso Rózsa, Gary Prado, ante la declaratoria de rebeldía y mandamiento de apremio en su contra.
Los hechos fueron denunciados mucho antes de que ocurriesen
El “caso Rózsa”, como se conoce al operativo policial del hotel Las Américas y sus derivaciones en los últimos cuatro años, fue investigado por la Cámara de Diputados a través de una comisión multipartidaria. Esa comisión, por desavenencias entre sus integrantes, se dividió: una comisión en mayoría, integrada por diputados oficialistas, y una en minoría, formada por diputados opositores.
En su informe final, firmado por los entonces diputados Marisol Abán, Bernardo Montenegro y Pablo Banegas, presentado a los periodistas en noviembre de 2009, la comisión en minoría dio cuenta de la que denomina una “extraña denuncia” presentada por Ministerio de Gobierno ante la Fiscalía de La Paz sobre los hechos que dieron origen al caso Rózsa antes de que éstos sucedieran.
La siguiente es una transcripción textual de ese informe parlamentario:
“Denuncia del Ministerio del Interior y su procesamiento.- Denis Efraín Rodas Limachi y Boris Martín Villegas Rocabado, con el testimonio de poder No. 268/2009, en representación legal del Ministerio de Gobierno a cargo del Lic. Alfredo Rada Vélez y el fiscal Marcelo Soza Álvarez realizan las siguientes acciones con relevancia jurídica:
1.- Mediante memorial de 30 de marzo de 2009 sientan una denuncia en la que sin identificar qué hecho estaban denunciando como delictivo ni precisar al autor o autores, se limitan a señalar que ‘dentro de un afán desestabilizador, varios grupos organizados de gente armada, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, han conformado una serie de actos dirigidos a atentar contra la estabilidad del Estado nacional. Se tiene conocimiento por informes de inteligencia, estos extremos que van dirigidos desde la intención de atentar contra servicios públicos hasta la intención de atentar contra la vida de las dos más altas autoridades de este Gobierno democrático, por lo que fehacientemente existe la posibilidad inclusive de ocasionar un golpe de Estado (‘)’.
2.- El memorial de denuncia transcrito es presentado recién en la Fiscalía de La Paz el 14 de abril del mismo año 2009; esto es, el día anterior al atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas.
3.- (‘) En este raro procedimiento, el Ministro de Gobierno le pide al Ministerio Público que ponga en marcha una investigación sin que el hecho delictivo exista aún (‘)”.
La primera acusación fue “intento de magnicidio”
El propio Presidente lo denunció en Venezuela. Sin entrar en detalles, rodeado por sus colegas y amigos Hugo Chávez y Raúl Castro, el presidente Evo Morales informó acerca de los sucesos del hotel Las Américas.
Eduardo Rózsa murió en el operativo del hotel Las Américas. Archivo digital
Desde las seis de la mañana del jueves 16 de abril de 2009 los canales de televisión y emisoras de radio no hablaban de otra cosa: durante las horas precedentes, en un céntrico y no muy lujoso hotel de Santa Cruz, de nombre Las Américas, se había llevado a cabo un operativo policial sobre el que no se daban mayores detalles.
Ninguno de los periodistas que reflejaba los acontecimientos sabía bien lo que ocurría en esos momentos y las posibilidades de obtener una versión sobre lo sucedido eran muy reducidas. Se empezó a hablar de que había muertos y heridos en un aparente enfrentamiento en el que un grupo de élite de la Policía Boliviana redujo a balazos a un grupo de “delincuentes” que había opuesto resistencia a su arresto.
Poco a poco, y sin dejar del todo el manto de misterio, la versión oficial empezó a oírse en la voz de algunos jefes policiales. Se trataba de una operación ejecutada en contra de un grupo irregular integrado por un ciudadano boliviano-húngaro de nombre Eduardo Rózsa Flores, quien había caído abatido en la balacera junto a dos de sus cómplices, mientras que otros dos habían sido detenidos.
A media mañana y sin entrar en detalles, rodeado por sus colegas y amigos, como Hugo Chávez (quien lo abrazaba) y Raúl Castro, el presidente Evo Morales informó acerca de los sucesos. Ese mismo día había llegado a Cumaná, Venezuela, para asistir a una reunión de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).
“El día domingo en la red Patria Nueva y el canal 7 ya anunciaba que tal vez tengamos los días contados. Yo tenía información de los mercenarios internacionales que estaban en Santa Cruz. Cuando el martes promulgamos la ley transitoria electoral, ya al día siguiente, el miércoles, aparece un atentado. Ayer dejé instrucciones precisas para que se hiciera un operativo y se detuviera a estos mercenarios. Y esta madrugada me informan que ha habido una balacera de media hora en un hotel de Santa Cruz, y han caído tres extranjeros, y hay dos detenidos. Las primeras informaciones coinciden con la información que yo ya tenía: que querían atentar contra la vida del Vicepresidente, del ministro de la Presidencia y de Evo Morales. Son húngaros y hay algunos bolivianos. Y lo peor es que en la Feria Internacional de Santa Cruz, en una tienda de COTAS, han encontrado armamento sofisticado”, dijo el Presidente a la prensa internacional.
La Agencia Boliviana de Información (ABI) transmitió estas declaraciones con el título: “Evo Morales denuncia plan de la derecha boliviana para perpetrar magnicidio” y relató que el Mandatario dijo: “este grupo terrorista, que según investigaciones de la Policía Boliviana perpetró un atentado con explosivos a la casa del cardenal boliviano Julio Terrazas la noche del martes al miércoles, hizo seguimiento a una sesión ampliada de su gabinete, la semana pasada a bordo de una embarcación militar en las aguas del lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia entre las montañas andinas, para planificar un ataque de proporciones”.
Poco después, a primera hora de la tarde de ese 16 de abril, el vicepresidente Álvaro García realizó una contundente declaración en Palacio de Gobierno y reveló detalles del hallazgo y desbaratamiento de un supuesto grupo terrorista que contaba con “armas de guerra y fusiles de alta precisión”, además de explosivos de alta peligrosidad que no se encuentran en Bolivia y que tenía macabros planes de atentar contra la vida de las máximas autoridades del país.
“Se tiene que esclarecer quién trajo a estos terroristas extranjeros desde Croacia, quién los trajo desde Irlanda a Santa Cruz, quién pagó sus pasajes, quién los mantenía, quién les daba el dinero para que vivieran en un hotel y contrataran casas”, dijo.
“La investigación recién comienza, el Gobierno no descansará un solo segundo hasta encontrar las otras ramificaciones, las otras células de terroristas y de mercenarios, pero fundamentalmente los auspiciadores, los financiadores, las personas que les han pagado para cometer este tipo de atentados. No vamos a descansar hasta encontrar con los autores criminales intelectuales de esta macabra construcción de terrorismo mercenario” insistió.
Página Siete
La verdad oficial empezó a oírse en la voz de algunos jefes policiales: se trataba de una operación contra un grupo irregular.
La Policía infiltró al grupo de Rózsa desde 2008
El vicepresidente García Linera lo confirmó. Mientras se acusaba a Rózsa y a otros de terrorismo y separatismo se publicaban evidencias de la relación del Gobierno con los acusados.
Ignacio Villa , El Viejo, uno de los infiltrados.APG
En una declaración pública realizada en un canal de televisión en febrero del año pasado (2012), el vicepresidente Álvaro García Linera reveló que el Gobierno conoció del grupo de Eduardo Rózsa Flores entre los meses de septiembre y octubre de 2008, siete meses antes del operativo policial del hotel Las Américas.
“Nosotros recibimos la información de un delator (El Viejo) el año 2008, como en el mes de septiembre u octubre. No la creíamos cuando el ministro Rada nos la mostró, parecía fantasía. Y la instrucción del Presidente fue muy clara, seguir investigando. Esa información nos dio la punta del ovillo. Hubo una delación”, afirmó García en una entrevista en el programa Cabildeo de RTP, el 1 de febrero de 2012.
Con esas declaraciones, el Vicepresidente confirmó una serie de denuncias contra cívicos y políticos que surgieron durante los primeros años de la investigación de este caso en sentido de que el grupo supuestamente terrorista de Eduardo Rózsa Flores estaba infiltrado por agentes del Gobierno, mucho antes del operativo policial en el que Rózsa y otros tres perdieron la vida de manera violenta.
Las sospechas de que el Gobierno tenía infiltrado el grupo de Rózsa y conocía de sus movimientos e intenciones mucho antes de la operación policial del hotel Las Américas empezaron con la publicación de una serie de fotografías y videos en diferentes medios de comunicación. Con ese material se evidenció que algunos funcionarios policiales tenían una estrecha relación con los supuestos terroristas.
En la primera fotografía que apareció se ve a Rózsa junto al capitán Wálter Andrade, comandante de la unidad de élite policial UTARC, quien tuvo una actuación determinante en el caso, y al entonces testigo “clave” del caso, Ignacio Villa Vargas (alias El Viejo). En la foto se ve a los tres compartiendo socialmente en un churrasco, meses antes del operativo.
Esa fotografía del churrasco, difundida por medios nacionales e internacionales, como una serie de videos de éste y de otros aspectos de la investigación que aparecieron poco a poco -incluida una filmación de los momentos posteriores al operativo en el mismo hotel Las Américas- tuvieron un impacto determinante en la credibilidad de las investigaciones que llevaba a cabo el Ministerio Público.
Mientras las autoridades del Gobierno acusaban a Rózsa y a sus cómplices de terrorismo, separatismo y otros delitos financiados supuestamente por un grupo de empresarios cruceños -algunos de ellos actualmente detenidos y otros prófugos del país- en muchos medios, nacionales e internacionales, se publicaban evidencias de que la verdadera relación de éstos se mantenía precisamente con el Gobierno, a través de Villa Vargas y de Andrade.
Esta situación llegó al extremo cuando, por al menos quinta vez, apareció un nuevo video en los medios, esta vez filmado en un vehículo presumiblemente estacionado en Bermejo, localidad que limita al sur con Argentina, en el que se ve a Villa Vargas cuando recibe la suma de 31.500 dólares de manos de un presunto funcionario del Ministerio de Gobierno.
Los medios dijeron que ese funcionario era Juan Carlos Núñez del Prado, un personaje que apareció en diversos momentos de la investigación, siempre vinculado a acciones oscuras, que jamás fueron aclaradas.
Página Siete
En la primera fotografía se ve a Rózsa con el capitán Wálter Andrade y el testigo “clave” del caso, El Viejo.
En 2012 apareció un video en el que se ve a Villa Vargas cuando recibe la suma de 31.500 dólares de un presunto funcionario del Ministerio de Gobierno.
¿Por qué mataron a Rózsa?
De acuerdo con analistas, periodistas y expertos que realizaron un seguimiento al caso Rózsa, una de las preguntas esenciales es ¿por qué mataron a Rosza, si las autoridades conocían sobre sus intenciones y tenían vigilados todos sus movimientos varios meses antes de la operación policial del hotel Las Américas?
En una declaración realizada en noviembre de 2009, en la que justificó la intervención policial en el hotel Las Américas, el propio presidente Evo Morales dijo que las fuerzas policiales mataron a Rosza porque sabían que iba a huir.
"Lo que tengo de información es que estos señores estaban por escaparse", dijo el Jefe de Estado.
Un mes antes, los medios de comunicación informaron que en una declaración realizada en la clínica policial, donde se encontraba interno, el comandante de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), Wálter Andrade, informó ante el fiscal Marcelo Soza que Rosza y los dos miembros de su grupo de murieron en el operativo, Magyarosi Árpád (rumano de origen húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés) atacaron a los policías con pistolas y explosivos, por lo que perdieron la vida en un enfrentamiento.
El conductor de televisión Carlos Valverde, quien escribió el libro "Maten a Rózsa" con los detalles de la presencia del boliviano húngaro y su grupo en el país y sobre el operativo del hotel Las Américas, sostiene que éste fue asesinado por las fuerzas policiales debido a que "sabía mucho" sobre las verdaderas intenciones de algunas autoridades gubernamentales en este caso.
En esa línea se encuentra también el general retirado Gary Prado Salmón, quien fue entrevistado por el periodista Harold Olmos muy poco después de la realización del operativo policial del Hotel Las Américas, cuando sostuvo que en esa acción violenta los policías en realidad asesinaron la verdad sobre lo ocurrido.
"Por lo menos a Rosza, que era el objetivo principal, debían haberlo agarrado vivo. Pero éstos fueron directamente a matar. Han puesto un explosivo en la puerta, han abierto la puerta con ese explosivo, han entrado y lo han matado. O sea, ¿por qué no han querido agarrarlo vivo para que confiese cuáles eran los motivos de su presencia acá? ¿Por qué eso no les servía? (…) Una de dos: una chambonada policial o una orden expresa de ejecución", dijo Prado en esa entrevista.
Hay escasa información, pero los informes forenses son importantes
Los detalles permanecen en reserva. El operativo comenzó a las 3:15 con explosiones en el interior del hotel Las Américas de Santa Cruz.
Efectivos de la UTARC y el Vicepresidente Linera (centro).
De acuerdo con los reportes escritos sobre el tema, la operación policial que acabó con el presunto grupo terrorista comandado por el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa fue llevada a cabo por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), comandada por el capitán Wálter Andrade, que inició sus acciones la madrugada, a las 3:15, en el hotel Las Américas con explosiones en las puertas de las habitaciones donde se encontraban sus objetivos.
Los detalles de esa operación permanecen, hasta el momento, en reserva, pues, como dice el informe (en minoría) de la comisión de Diputados que investigó el hecho, hasta que ésta concluyó sus funciones (diciembre de 2009) los policías que lo llevaron a cabo incumplieron su obligación de elevar un informe pormenorizado de sus actos a las autoridades llamadas por ley. Lo único que existe es el informe del capitán Andrade, del 27 de abril de 2009, en el que no se detalla ningún tipo de información además de lo siguiente:
“ (…) Que grupos especializados de nuestra institución, luego de un estudio pormenorizado de la situación, intervino el hotel Las Américas, ubicado en la calle 21 de Mayo y Seoane, en la ciudad de Santa Cruz, lugar en el que estas personas opusieron resistencia con armas de fuego existiendo como resultado los hechos conocidos por toda la sociedad boliviana, es decir la desarticulación de un grupo terrorista que tenía la intención de someter a la colectividad en un estado de zozobra e inestabilidad profunda”, asegura ese informe de Andrade.
“Que la Policía Boliviana, al haber sido afectado el interés nacional y la seguridad interna del Estado, bienes jurídicamente protegidos en nuestra legislación, apercibido de la existencia de elementos de alta peligrosidad, de la presencia de explosivos y armamento en el lugar, ha procedido a la intervención del piso cuatro del hotel Las Américas, al haber estado en riesgo bienes mayores y de protección especial como el orden público y la paz social de toda la sociedad boliviana, extremo que fundamenta en todas sus dimensiones la actuación de grupos especializados de la Policía”. Sin embargo, el médico forense Rafael Vargas -quien practicó la autopsia de ley a los tres cadáveres junto al doctor Antonio Torres Balanza- prestó un informe a la comisión de Diputados que investigó el caso a fines de abril de 2009, en el que, según los miembros de esa comisión en minoría, informó que: “(…) los tres perdieron la vida por las heridas múltiples de bala, shock hipovolémico y otro caso también por traumatismo craneoencefálico por herida de arma de fuego”.
El informe del forense añade que “Eduardo Rózsa Flores presentaba una herida en la cabeza que le destrozó el cerebro y heridas en ambos hombros. En los tres casos, la trayectoria de las balas fue de arriba hacia abajo, por lo que se puede entender que el fallecido se encontraba en el piso o agazapado cuando le llegaron los impactos”.
El especialista aseguró que el deceso fue consecuencia “de un traumatismo encéfalo craneano por proyectil de arma de fuego, anemia aguda y heridas múltiples en el tórax y abdomen por balazos (…) Rózsa Flores sufrió otros tres balazos en la parte derecha del tórax y una última bala en la base del dedo pulgar de su mano izquierda”.
Sobre otro de los fallecidos, Arpad Magyarosi, el informe establece que recibió al menos cuatro tiros por la espalda. “El cadáver presentaba dos heridas de bala en la región lumbar, que comprende la zona aledaña a las cinco vértebras ubicadas por encima del sacro y del cóccix, en la espalda, los dos últimos huesos de la columna; un tercer impacto le destrozó la cresta iliaca izquierda, este hueso tiene forma redondeada y está sobre la cadera; tres impactos le destruyeron los intestinos, por lo que le vació el contenido de materia fecal y tenía los pulmones y el estómago llenos de sangre. También recibió un tiro por debajo de la clavícula derecha y mostraba dos heridas menos graves en el brazo derecho, tenía además, raspones en el brazo y el lado derecho del tórax y murió a causa de las siete municiones que se incrustaron o atravesaron su cuerpo", asegura.
El tercero de los muertos, Michael Martín Dwyer, "tenía seis impactos de bala casi todos con ingreso por la parte posterior del tórax, presentó algunas contracciones involuntarias de los músculos, producidas generalmente por un mecanismo reflejo; el espasmo cadavérico es un fenómeno poco frecuente y es provocado siempre por las mismas circunstancias: la emoción o extraordinaria tensión nerviosa en que sorprende la muerte y por una particular causa de ésta", asegura.
Página Siete
“Grupos especializados de nuestra institución, luego de un estudio pormenorizado de la situación, intervino el hotel Las Américas (…) lugar en el que estas personas opusieron resistencia con armas de fuego”.
Fuente: Página Siete, La Paz