En un informe presentado el 17 de mayo en Bogotá, Colombia, la OEA recomendó a los Estados miembros legalizar la ingesta de estupefacientes, pero sobre la base de una estrategia orientada a la salud pública.
Tráfico. Un policía custodia más de 500 kilos de droga confiscada en Santa Cruz el 16 de abril. La interdicción es observada por el Ejecutivo. AFKA.
La Razón / La Paz
El Gobierno no tomó una posición sobre la propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de despenalizar el consumo de drogas, pero la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a tratar el tema.
En un informe presentado el 17 de mayo en Bogotá, Colombia, la OEA recomendó a los Estados miembros legalizar la ingesta de estupefacientes, pero sobre la base de una estrategia orientada a la salud pública.
La ministra Dávila explicó que ese planteamiento viene discutiéndose desde hace varios años en Latinoamérica, por lo que no es una idea propiamente de ese organismo. Sin embargo, manifestó que el Ejecutivo boliviano aún no adoptó una posición porque hay opiniones divergentes.
“El Gobierno considera que es un tema que tenemos que debatir, pero no ha tomado una posición definitiva sobre este tema porque hay criterios diferentes”, afirmó. Dávila y otras autoridades comparten la posición de que debería legalizarse el consumo, pero, según dijo, el presidente Evo Morales y otras personalidades no son partidarios de ello.
“El Gobierno considera que a la larga se puede llegar a eso, no hay otra solución; pero en este momento el Presidente y mucha gente en el Ejecutivo no son partidarios de esa posición, sin embargo hay coincidencia en que hay que debatir”, reiteró. El estudio que presentó la OEA fue encargado por los presidentes del continente durante la Cumbre de las Américas de abril de 2012.
Además de la despenalización, el informe, de 400 páginas, aborda una serie de escenarios en el combate contra este flagelo hacia 2025. Respecto a la legalización del consumo de drogas, Dávila precisó que ello permitiría frenar el fortalecimiento de las mafias del narcotráfico, pero además posibilitaría que haya más transparencia en el manejo de los recursos.
Ratificó la posición del Gobierno en sentido de que la lucha contra el narcotráfico debería ser enfocada desde otra perspectiva, ya que la política de interdicción fracasó porque está basada en la represión y la vulneración de los derechos humanos y territorios. Ese mecanismo, acotó, ocasionó que se organicen mafias y grupos criminales, los que impidieron un efectivo combate al tráfico de drogas.
“Ha fracasado también porque los ingentes recursos que se destinan al tema no tienen comparación con los resultados pírricos que se han logrado, pero además ha generado una espiral de violencia, de actividad ilícita, de persecuciones, de convertir en víctimas a los consumidores”, sostuvo.
Como alternativa, según la ministra, el Gobierno impulsa el mecanismo de control social en las regiones productoras de coca, que sí ha dado resultados en la reducción de cultivos y la producción de droga. El próximo mes se llevará a cabo la Asamblea General de la OEA en Guatemala, encuentro que tendrá como tema central la reevaluación de las estrategias antidrogas.
Hay posiciones divergentes en la Asamblea
Los legisladores de la oposición y el oficialismo expresaron criterios divergentes con respecto al planteamiento de la OEA de despenalizar el consumo de drogas en la región. El diputado Andrés Ortega (CN) apoya esa posibilidad porque es la “única alternativa” para combatir las mafias y la violencia que generó esa actividad ilícita.
Según el asambleísta, cuando hay libre mercado, éste automáticamente se regula en relación a la producción y a los precios. Su correligionaria Norma Piérola consideró que la producción y, por ende, el consumo debería estar orientado hacia fines medicinales, pero además el Estado debería hacerse cargo de la elaboración y de su control.
Entretanto, el senador del MAS Adolfo Mendoza opinó que se debería analizar la propuesta de la OEA a escala continental y asumir una decisión regional, pero tomando en cuenta la posición que tiene cada país, es decir, si hay mayor incidencia hacia el consumo, el tránsito o la producción de estupefacientes. El diputado Wilfredo Calani, también del MAS, coincidió en que la propuesta de la OEA debe ser analizada, pero tomando en cuenta que Bolivia no es un gran productor de cocaína. No está de acuerdo en un libre mercado.
Apuesta por el control social
Postura
El Gobierno explicó que el modelo de control social es una alternativa para combatir el narcotráfico.
Aplicación
Las autoridades apuestan a expandir ese modelo porque en 2011 coadyuvó a que haya una reducción neta de cultivos de coca ilegales, con concertación y diálogo.