El Fiscal General de Bolivia anunció que ‘abrirá’ sus cuentas bancarias para que investiguen su fortuna, por lo que solicitó a los funcionarios del Órgano Judicial hacer lo mismo.
La Razón / La Paz
Ramiro Guerrero. (Foto archivo La Prensa)
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció en las últimas horas que será el primero en abrir sus cuentas bancarias para que investiguen su fortuna, por lo que solicitó a los fiscales y demás funcionarios del Órgano Judicial imitar su acción, informó radio Fides.
Asimismo, señaló que el Ministerio Público implementará mecanismos internos para cuidar la probidad de los administradores de justicia. La autoridad judicial aseguró que se tiene el propósito de evitar que los miembros de la Fiscalía General del Estado se enriquezcan con el cargo. Aseguró que la nueva justicia debe estar marcada por la transparencia y ecuanimidad de sus funcionarios.
“Para que investiguen el patrimonio y las fortunas que pudieran existir al interior del Ministerio Público, este Fiscal General está dispuesto a abrir sus cuentas en el banco para que investiguen mi patrimonio. No tengo nada que ocultar”, aseguró Guerrero.
También recordó que los fiscales y miembros del Órgano Judicial están llamados a servir al pueblo y aportar con la construcción de una nueva patria. “Por eso he tomado la determinación de abrir mis cuentas y que investiguen mi patrimonio; lo vamos a hacer nosotros dentro del Ministerio Público, no vamos a esperar que otras autoridades de otros órganos nos investiguen”, concluyó.
En agosto de 2011, el exfiscal general Mario Uribe informó que, al menos, 50 fiscales estaban siendo indagados por denuncias de corrupción. Entonces comentó que los distritos en los que se concentran las demandas por irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en contra de las autoridades judiciales, son Santa Cruz y La Paz, seguidos de los departamentos de Cochabamba y Oruro.
Denuncias y procesos
La ministra Suxo presentó al Consejo de la Magistratura 37 denuncias contra vocales, jueces y magistrados, y acusaciones ante la Fiscalía contra 52 administradores de justicia.