La Fiscalía General del Estado emitió un instructivo a todos los fiscales departamentales para que en aplicación de los artículos 151 y 152 de la Constitución Política del Estado, no den curso a procesos penales o solicitudes de detención preventiva de los miembros de la Asamblea Legislativa en juicios instaurados ante la justicia ordinaria, en respeto al beneficio de inviolabilidad por las opiniones y denuncias formuladas en el ejercicio de sus funciones.
Foto: Legisladores continuarán gozando de inmunidad.
El Instructivo FGE/RIGP Nº 573/2013 firmado por el fiscal General, Ramiro Guerrero Peñaranda, explica que la instructiva es consecuencia de una minuta de comunicación emanada por el Senado a iniciativa del legislador Eugenio Rojas (MAS) que recuerda al Ministerio Público la necesidad de emitir una instructiva sobre la materia.
La disposición va dirigida especialmente a los Fiscales de Materia de todo el país para que en el ejercicio de sus funciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, observen a cabalidad el imperativo constitucional, bajo advertencia que “el incumplimiento del presente instructivo será entendido como incumplimiento de deberes y se procederá de acuerdo a lo previsto en el art. 114 de la Ley Nº 260”.
El documento recibido el 28 de junio último en la Fiscalía Departamental recuerda que los fiscales durante el desarrollo de las acciones penales que lleven adelante, deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el art 152 de la Constitución que establece: “Las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante”.
Asimismo, deberán hacer cumplir el artículo 151 que indica: “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente".
La instructiva fiscal coincide con el actual proceso que enfrenta la jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Flora Aguilar, a denuncia de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), luego que Aguilar la acusara de cometer delito de tráfico de influencias en el ejercicio de esa alta función del Estado.
Delgado acudió el jueves de la semana pasada ante las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para ratificar la denuncia contra Aguilar por incurrir en los delitos de acoso y violencia política, difamación, injurias y amenazas con lo que se habría cumplido un procedimiento para continuar una demanda abierta por el fiscal José Luis Ferrufino.
Para la diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, esa acción tiene como fin beneficiar a Aguilar y al también oficialista Galo Silvestre Bonifaz, quien tiene una querella por supuesto tráfico de influencias según el dirigente político Amílcar Barral.
Indicó que la disposición, aunque tardía, debería beneficiar a procesos instaurados en contra de opositores como la senadora Carmen Eva Gonzales que tiene ocho arraigados por acciones de fiscalización, así como la del senador Roger Pinto “asilado” en la embajada de Brasil desde hace un año.
Piérola manifestó que eso demuestra que el MAS no solamente maneja la Fiscalía General sino la Justicia en este caso para favorecer a su diputada Aguilar y otros masistas procesados no solamente por tareas de fiscalización sino otros enjuiciados por corrupción y extorsión como el exfiscal Marcelo Soza.
Entretanto, la jefa de la bancada del MAS, Flora Aguilar, negó que exista manipulación de la justicia a su favor y anunció que responderá a la demanda conforme a la ley, y denunció un intento de intimidación de parte de Delgado, aunque aclaró que hasta la fecha no fue notificada con este proceso que, según dijo, le quita tiempo en lugar de realizar gestiones en beneficio de la población.
EL DIARIO, La Paz, Bolivia