El representante del Ministerio Público de Beni dijo que Villegas debe hacer otra denuncia a los mandos mayores porque él solo tiene facultad de conocer la querella presentada por excívico beniano.
Fiscal no tocará a la cúpula del Gobierno que reveló Villegas
Fiscalía no toca a los acusados por Boris Villegas.
La hermana de Fernando Rivera y otros familiares muestran la foto de la carceleta de Warnes.
EL DEBER, Santa Cruz, Bolivia
Los integrantes de la alta cúpula del actual Gobierno, dirigentes del MAS, exministros, viceministros así como la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia nombrados por el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas de gestar un plan para tumbar al exgobernador beniano Ernesto Suárez, no serán incluidos en la investigación que dirige el fiscal Gróver Julio Montero, de Beni.
El fiscal Montero, que el sábado llegó a la cárcel de Palmasola y recibió el testimonio de Villegas, afirmó que el acusado puede decir lo que quiera, pero que al parecer su declaración la está usando para sus intereses. Montero dijo a EL DEBER que la denuncia que investiga es concreta. Se trata de una querella presentada por el exdirigente cívico Alberto Melgar contra Villegas.
Afirmó que Melgar denunció en junio de 2011 que Villegas lo visitó en la cárcel de Mocoví para advertirle que vivía como rey y que si no le pagaba $us 50.000 que se atenga a las consecuencias. Luego Melgar fue trasladado a Palmasola.
Sobre el tema, Villegas, en su declaración ante el fiscal, reveló un plan para tumbar al gobernador Ernesto Suárez y que el traslado de Melgar solo fue un pretexto. Dijo que obedeció órdenes del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que sostuvo reuniones a pedido de la candidata a gobernadora Jessica Jordan junto al actual presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Hurtado, su asesor legal, Gary Rojas, el ministro Juan Ramón Quintana, el exgobernador Haisen Rivera, el exfiscal de Distrito Víctor Hugo Vargas, entre otros.
Montero indicó que en la denuncia de Melgar figuran Villegas, el exgobernador de Mocoví, un juez y el director penitenciario Jorge Sueiro.
Para el fiscal, el hecho de que Villegas en su declaración diga que obedeció órdenes de ministros, viceministros y otras autoridades gubernamentales no conducen a averiguar la verdad de la supuesta extorsión de $us 50.000. “Si él se vio afectado, debe sentar una denuncia concreta contra esas personas”, expresó.
Dirá la verdad de Chaparina
Desde el PC-7 de Palmasola, Villegas, dijo, a través de sus abogados que revelará la verdad de la masacre de Chaparina, ocurrida el 25 de septiembre de 2011.
Su abogada, Neida Ledezma, aseguró que el 6 de junio su defendido pidió declarar ante los fiscales Patricia Santos y Róger Velásquez, pero que hasta ahora no responden. “Nos tienen de Herodes a Pilato, por eso otra vez hemos pedido que declare”, dijo.
Ledezma denunció que hay rumores de un posible traslado de Villegas a la cárcel de Cantumarca (Potosí) para callarlo
Denuncias de familiares
La acción de libertad
Fernando Rivera y Denis Rodas, presos en Warnes y Montero, presentaron una acción de libertad por su traslado ilegal.
La demanda se fue a Montero
El recurso había sido aceptado en la sala Penal Primera, pero después derivó el caso a una jueza de Montero.
Están más controlados
Los familiares de Rivera, de Rodas y de Villegas denunciaron que están incomunicados y que nadie les escucha.
La suprema se pronunciará
El Departamento de Relaciones Públicas del Tribunal Supremo aseguró que el lunes se pronunciará respeto a su presidente Gonzalo Hurtado y del asesor legal Gary Rojas.
Piden garantías para que informen todo
El líder indígena Adolfo Chávez gestiona una visita en Palmasola al exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas para que revele los detalles del operativo de represión en Chaparina, Beni, a indígenas del TIPNIS.
Boris Villegas recluído en la cárcel de Palmasola, dijo que teme ser transferido o "confinado" en otro centro penitenciario al igual que Denis Rodas y Fernando Rivera, implicados en la red gubernamental de extorsión.
Adolfo Chávez pidió que el Estado brinde todas las garantías a los implicados en la red de extorsión porque tienen mucha información de controversiales casos como la masacre de Porvenir, los muertos de Sucre, Caranavi, la golpiza a indígenas en Chaparina, entre otros.