La orden de aprehensión contra dirigentes que se movilizaron en defensa del Tipnis levantó varias reacciones, entre ellos del Defensor del Pueblo que dice que aquello “no corresponde”. En Trinidad hay una vigilia para evitar la detención de los dirigentes, mientras que activistas en Cochabamba adelantaron el inicio de una huelga de hambre masiva.
El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra los dirigentes indígenas Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni por tentativa de homicidios y feminicidio luego de los suceso acontecidos en San Pablo de Isiboro, el 22 junio pasado, cuando Gumercindo Pradel, dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), afín al Gobierno, fue arrastrado por indígenas.
Por tanto la orden de determinación judicial está vigente y en cualquier momento efectivos policiales podrían presentarse en la sede de la Sub Central del TIPNIS para aprehenderlos.
Este hecho generó que indígenas y corregidores de la reserva natural lleguen hasta Trinidad para proteger a sus dirigentes y evitar su detención, según un reporte de radio Erbol.
Desde Cochabamba, varios activistas defensores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se declararon en emergencia, protestaron y adelantaron el inicio de huelgas de hambre que serán coordinados con otros activistas de Santa Cruz, Beni y La Paz.
Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras del gobierno de Evo Morales y disidente, a tiempo de lamentar esa determinación, una posible detención de los dirigentes “van a ser respondidos por la movilización de sociedad civil una vez más en defensa de la democracia, del estado de derecho y de los derechos humanos”.
El Ministerio Público convocó a los dirigentes el miércoles a declarar sobre los incidentes ocurridos en la comunidad de San Pablo de la reserva. Sin embargo estos no asistieron porque presentaron un recurso de incompetencia.
Los representantes indígenas aseguran que la justicia ordinaria no puede involucrarse en la justicia indígena a la que le compete lo ocurrido con el dirigente Gumercindo Pradel que en aquel encuentro fue arrastrado semidesnudo por un grupo que se opone a la construcción de la carretera por el corazón del Tipnis.
La Defensoría del Pueblo, ante la determinación del Ministerio Público de ordenar la aprehensión de dirigentes indígenas manifestó su preocupación por la determinación, según un comunicado.
“A nuestro criterio no corresponde, ya que no considera el precepto constitucional y los principios establecidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional que otorgan igualdad jerárquica entre la justicia indígena originario campesina y la justicia ordinaria, en ámbitos que son de su competencia”, dice parte de la nota.
Según a institución “las acciones que puedan tomarse desde la perspectiva de la justicia ordinaria y que incluyan detención o persecución, sin haberse definido con claridad y por órgano competente, la jurisdicción que corresponda, puede implicar la vulneración de los derechos humanos individuales y colectivos de las naciones y pueblos indígenas, y generar un peligro precedente, especialmente si el tema aún no ha sido dilucidado por el Tribunal Constitucional que, a criterio nuestro es la instancia que debe determinar claramente esta cuestión”.
Fuente: PAT, Oxígeno.
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