La justicia de Beni (Bolivia), en menos de siete días, ha rechazado un tercer recurso de libertad presentado por los dirigentes originarios Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez, que tienen encima una orden de aprehensión por el caso del conflicto de San Pablo del Isiboro (Tipnis). La decisión ha crispado los nervios de sectores indígenas, cívicos y sindicatos de mototaxis y ayer se movilizaron en Trinidad alrededor de la Corte de Justicia.
Foto: Originarios y sectores sociales se movilizan en Trinidad.
A las 17:00, horario en el que el juez Jesús Martínez debía tratar la acción de libertad presentada por los indígenas, la tensión subió al máximo con las movilizaciones de mototaxistas exigiendo que se deje libre de cargos a los tres acusados y que los juzgue la justicia autóctona.
Del otro lado, los dirigentes de la subcentral Sécure desconocieron el liderazgo de Vargas, Nuni y Chávez y han pedido que los encarcelen rápidamente por los cargos de tentativa de feminicidio y esterilización forzada. A los tres dirigentes se los acusa por supuestas lesiones provocadas a tres personas, entre ellas el dirigente de Conisur, Gumercindo Pradel, el 20 de junio en San Pablo del Isiboro.
“El fallo revela que la justicia opera políticamente, guiada por el Gobierno. Está claro”, opina Nuni, dado que para él el Ministerio Público se movilizó inmediatamente para perseguirlos, mientras que para el caso Chaparina tarda tanto como puede. Por otra parte, la fiscal de distrito de Beni, Wilma Blazz, asegura que no es así y que la orden de aprehensión solo es un recurso aplicado para que los dirigentes se presenten a la convocatoria de la autoridad.
Desde Cochabamba, el exviceministro Alejando Almaraz aseguró que hay activistas dispuestos a entrar en huelga de hambre si se detiene a los líderes de la octava marcha.
Fuente: El Deber