Jorge Lazarte R.
Un censo que normalmente es una operación técnica regular y de la que no siempre la población se da cuenta de su realización, en Bolivia se ha convertido en otra fuente de controversia política, y ha puesto al gobierno contra las cuerdas. Ningún censo anterior había sido acompañado de cuestionamientos como este. Todo empezó cuando el gobierno no sólo incumplió los plazos de ley- que es la menor de sus faltas- sino que no ha sido capaz de organizar técnica y profesionalmente el proceso, a pesar de contar con recursos financieros varias veces más que los que fueron necesarios para el censo del 2001, y con propios recursos técnicos acumulados que han sido subutilizados. Como en todo, según su principio de “tener todo el poder”, aquí también metió las manos, provocando que las instituciones profesionales independientes se retiraran del comité organizado al efecto, y que el Director del Instituto Nacional de Estadística (INE), renunciara pocos meses antes por razones políticas. Otro grupo de trabajo del INE denunció deficiencias en el censo al tiempo de ser separado de la Institución. Pero lo que más politizó el censo fue la negativa del gobierno de incluir la auto-identificación mestiza en el rubro de la boleta de auto-identificación cultural, alegando que era “racista y colonial”. El temor fue que se confirmara que los datos del censo anterior estaban sesgados, como decían las encuestas, y se desplomara la base sobre la cual se construyó todo el discurso indigenista legitimador del gobierno y de su poder. El sesgo político post-censal se reactivó en estos últimos días porque se evidenció que los datos de población proporcionados por el Presidente el mes de enero pasado, eran distintos de los datos “oficiales” que acaba de hacer conocer el INE. Estas diferencias han enturbiado las relaciones del gobierno con los departamentos que aparecen perdiendo población, principalmente con Santa Cruz, de alto valor político y simbólico, por ser cabeza del oriente- tradicionalmente en conflicto con el occidente del país, que es la tierra del Presidente- pero que este último y de manera imprudente proclamó, por razones de seducción política y electoral, que era ahora la cabeza demográfica del país. Según los datos recientes La Paz recuperó el primer lugar, relegando a Santa Cruz al segundo. Estaba servida la mesa del escándalo político. La duda es ahora sobre el censo mismo. De estos datos dependerán no sólo el quantum de los departamentos en la redistribución de los recursos de hidrocarburos, sino también los que les corresponderá en la redistribución de suma cero de los escaños parlamentarios, de una cantidad fijada constitucionalmente y de donde deben salir además los escaños indígenas y los destinados a los bolivianos que voten en el exterior. Los departamentos que perderán escaños han anunciado que resistirán. Sin embargo, una de las consecuencias políticas de mayor calado de este censo tan “inéditamente” controvertido, es la que se refiera a los datos sobre auto-identificación indígena, bien distintos y hasta contrarios a los datos del censo anterior. Según los datos del censo del 2001, la autoidentificación indígena llegaba al 62%. Y la suma de los aymaras y quechas era del 55%. Se los declaró mayoría en el país. En la vorágine de la crisis política de los años 2000, se hizo valer estos datos como prueba histórica que esa mayoría había sido siempre excluida por un Estado “neoliberal” y “colonial”, y que, por tanto, había que “refundar” ese Estado sobre nuevos sujetos históricos. En la Asamblea Constituyente (2006-7) y en la diversidad de publicaciones de todo tipo, esos porcentajes sirvieron de argumento para trasmutar los derechos legítimos de los pueblos indígenas en un nuevo diseño estatal que debía “reflejar” lo que es el país, como se dijo, y que fue denominado Estado “Plurinacional”. Los constituyentes masistas- y con ellos desde fuera muchos encandilados y con conciencia culpable- martillaron con que esa mayoría real convertida en base estatal, transformaría por primera en la historia del país al Estado “oligárquico” de minorías en Estado “democrático” de mayorías. No sirvió de nada alegar que esa mayoría no era el todo, y que debía pactar con la “otra” parte del 40% las nuevas reglas de la convivencia.Ahora los datos del censo cuestionado de 2012 revelan que los indígenas ya no son lo que fueron, y dejaron de ser la mayoría. La auto-identificación indígena ha descendido bruscamente al 41%, mientras que los que no se auto-identifican con ninguno de los “pueblos indígenas” que figuran en la Constitución, son el 59%, y que los aymaras y quechas juntos no llegan al 36%. Es un vuelco brusco que altera los fundamentos ritualizados de la política. La mayoría de ayer es ahora minoría, y la minoría, mayoría. Esto quiere decir, que con ello se habría venido abajo todo el cimiento social del Estado “plurinacional”, y su justificación histórica. Entonces ¿sigue siendo pertinente calificar al Estado de “plurinacional”? ¿Esta nueva realidad demográfica no obligaría más bien a revisar la matriz étnica de la Constitución Política “plurinacional”, y corregir sus graves disfuncionalidades, que son tanto producto como defectos de construcción? Si lo “plurinacional” en términos de la Constitución, excluye a los no “indígenas”, no será necesario por lo menos redefinir lo que debe entenderse constitucionalmente por “nación”, que no sea su sentido arcaico y estatalizado, y desplazar la columna “plurinacional”- si se persiste en una expresión equívoca- allí donde sea compatible con lo nacional? Quizá la fórmula de Estado “republicano” y “nacionalidad boliviana” -que fue eliminada por un rapto “descolonizador”- debe ser rehabilitada por ser más integradora. La cuestión es de no poca monta, pero el error del “experimento” ha sido asentar el Estado sobre identidades étnicas siempre permeables, e hipostasiarlas en razón de la “causa”. Lo que puede desconcertar a muchos es que las “auto-identificaciones indígenas” se precipiten en un momento en que el Estado institucionalmente les “pertenece”, y en el que se ha hecho banal decir maquinalmente Estado “plurinacional”. Pero una Constitución no es mera retórica, es una cuestión muy seria en un país serio. Es la base sobre la que se organizan instituciones. En todo caso, la experiencia efectiva de los últimos años no es precisamente alentadora y es una dura lección contra los que “inventaron” en el delirio de la revolución proclamada, una historia como traje de sastrería, confundiendo derechos de pueblos indígenas con proyectos de poder. Las reacciones del gobierno, desconcertado por estos datos, son tan “inéditas”, como lo es la Constitución Política. El Presidente, después de declarar que está “sorprendido” -comodín que usa cada vez más revelando el mundo en el que vive- dijo que esos datos son “secundarios”, como si no captara la dimensión de lo ocurrido, y que todos “somos originarios”, lo que está contra el sentido común.A su vez el Vicepresidente, fiel a su “genio y figura” y atolondrado por el golpe, negó al modo jacobino -del que de hace gala- que existan “mestizos” en Bolivia. Admitir que son “mestizos” los que no se reconocen en ninguna “nación” indígena, equivaldría e echar abajo el vector ideológico del discurso “indigenista” del “Qananchiri” (o el “Iluminado”, que ahora se ha quedado sin antorchas) y admitir que todo fue ruido y humo. Pero deja también en la estacada a todo el monumental discurso indigenista que animó y costeó la cooperación internacional. La realidad terminó siendo más contundente que los arrebatos “inmemoriales”. De cualquier manera, el gobierno, haciendo de tripas corazón, podría no privarse de estos datos contra los grupos indígenas con los que están en conflicto rupturista desde el 2010. Sería otra de las paradojas del poder, que en esto ha sido muy prolífico.