Arturo Yáñez Cortes
Al igual que en Bolivia, también en Chile se realizó el 2012 un censo de población y vivienda. Si bien ambos tuvieron graves problemas, encuentro muy diferentes las reacciones gubernamentales. En Chile, conocido el informe se creó una comisión externa de expertos, cuyas conclusiones acaban de presentarse: recomienda no emplear las cifras de ese censo para la elaboración de datos y repetir el censo o por lo menos una nueva medición abreviada el 2015 ya que la tasa nacional de omisión fue del 9,3%, detectando que hubo escaso tiempo de preparación, peor cuando se pasó de un censo de hecho –como el de Bolivia- a uno de derecho –que duró 3 meses-; contó con insuficiente financiamiento -60 millones de US- lo que incidió en falta de recursos materiales y humanos; hubieron problemas de diseño y diagrama en el cuestionario; el clima organizacional interno en su INE fue malo por divisiones internas y conducción vertical (el anterior responsable renunció al cargo acusado de manipulación de datos por su asesora) y se produjeron atrasos y dificultades en sus preparativos, entre otros publicados.El tema alcanzó tal magnitud –“esperaba un tsunami pero no de esa magnitud”, dijo el actual responsable de su INE- que el Jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Santiago pidió ya una copia del informe, para determinar sí existe materia justiciable por falsificación de instrumento público y fraude al fisco chileno. Ante lo ocurrido, el presidente Piñera pidió humildemente a sus compatriotas perdón y se comprometió corregir las irregularidades, peor cuando había declarado que fue: “el mejor censo de la historia” y hasta su propia candidata oficialista a las próximas elecciones Evelyn Matthei, dijo: “eso demuestra la necesidad de tener instituciones mucho más independientes”.Aquí en Bolivia ante la evidencia no quedó más remedio que admitir los problemas tratando inicialmente de minimizarlos, acusando -como siempre- a los cuestionadores y con el clásico estilo gubernamental se le siguió metiendo no más ya que fiel a su costumbre de pese a todo intentar consumar los hechos, se aprobó el DS 1672 de 31 de julio de 2013, cuyo artículo único dispone: “La información sobre población obtenidas en el Censo Nacional de Población y Vivienda – 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (…) constituyen la información oficial sobre población del Estado Plurinacional de Bolivia y el Factor de Distribución correspondiente para la distribución y asignación de recursos de Coparticipación Tributaria y otros impuestos de acuerdo a normativa vigente”.No obstante, dientes para afuera el gobierno dice estar abierto a auditorías internacionales (esperamos no se trate de algo similar al tristemente informe Matarollo y Cía) aunque en los hechos ya asumió esa decisión legal cuyos efectos apuntan claramente a meterle no más y aplicar esa información, sin importar lo cuestionable que resulta, recurriendo a la muletilla que las críticas obedecen a cuestiones políticas; claro que lo son pues hacen al gobierno de la polis (ciudad-estado) lo cual es muy diferente de lo partidista, que además siempre estará presente para los políticos (de la oposición y del oficialismo).Y es que como se aprende en el coaching no podemos cambiar lo ya ocurrido, pero si podemos hacer y mucho para el presente y futuro; lo razonablemente cuestionable es que esas decisiones que afectarán a l@s más de 10 millones de bolivianos y a l@s que vendrán, se funden en información deleznable y, como prueba el DS a partir de ver a quién beneficia, sospechosa de haber sido manipulada por cuestiones no sólo políticas, sino partidistas. Me suena a aquello de Cicerón: “Cualquier hombre puede cometer errores, pero sólo un idiota persiste en su error”. Útil nos fuera a todos evitar proceder así…Correo del Sur – Sucre