Noticias. Un país democrático protege a sus asilados, dice.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, censuró hoy la salida a ese país del senador opositor boliviano Roger Pinto, perseguido -según el gobierno- por corrupción por la justicia de La Paz.
Creo que se puso en riesgo la vida del senador boliviano opositor, al sacarlo sin salvoconducto de la embajada de Brasil en Bolivia, resaltó Rousseff tras participar en una sesión en el Senado.
La fuga de Pinto, a quien esta nación concedió asilo político, pero no tenía autorización del vecino país para abandonar la legación, fue organizada por un diplomático brasileño y puso en riesgo la seguridad del legislador, recalcó.
Puntualizó que “un país civilizado y democrático protege a sus asilados, cuya seguridad debe asegurar, sobre todo en lo que a su integridad física se refiere”. “Brasil jamás podría aceptar (la salida) sin salvoconducto del gobierno boliviano”.
Esta acción originó una situación diplomática con Bolivia y la dimisión anoche del canciller Antonio Patriota tras un encuentro con la jefa de Estado en el Palacio de Planalto (sede de la Presidencia). En sustitución de Patriota, la dignataria nombró nuevo ministro del Exterior al embajador Luiz Alberto Figueiredo Machado, quien se desempeñaba hasta el momento como representante de Brasil en las Naciones Unidas.
Rousseff rechazó igualmente las declaraciones a la prensa del diplomático brasileño Eduardo Saboia, responsable de la huida del senador boliviano, quien comparó la sede diplomática en La Paz con un centro de tortura del régimen militar en este país (Doi-Codi).
“Yo estuve en un Doi-Codi, yo supe lo que era Doi-Codi, y les aseguro que está tan distante el Doi-Codi de la embajada brasileña en La Paz, como está distante el cielo del infierno”, enfatizó.
Refugiado desde hacía 15 meses en la embajada de Brasil en La Paz, el senador entró a esta nación, tras ser trasladado en un auto con chapa diplomática hasta la localidad brasileña de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul.
El político fue sentenciado en junio pasado a un año de cárcel por un tribunal de La Paz, que lo declaró culpable de daños económicos al Estado por valor de unos 1,7 millones de dólares, en tanto era perseguido por otra veintena de causas.
El asilo político fue concedido poco después de ingresar a la embajada brasileña, pero su Gobierno le negó el salvoconducto por considerar que tenía causas pendientes con la justicia. (Erbol, Tomado de PL)