Silvia Mercado*
Entre la noticias sobre América Latina, la reforma energética que propone el gobierno mexicano se instala como un tema de interés y análisis regional. Más allá del candente debate político, que esperemos no trunque los propósitos de una iniciativa cardinal para el progreso de México, es saludable escuchar a servidores públicos refiriendo a la inversión privada como esencial al juego de la competencia y -su corolario natural- la transparencia.Al punto y sin escalas: la reforma plantea la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sector privado. No es poca cosa si se remarca que la industria energética mexicana es una de las más cerradas del mundo, tanto más que las nacionalizadas bajo las banderas populistas en las últimas décadas. La relevancia histórica de esta propuesta tiene que ver con la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana; en resumen, se permitiría al Estado celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, aunque esto no implique producción compartida, quedando más que claro que no se cedería la propiedad de los activos a los inversores extranjeros. “Pemex no se privatiza ni se vende”, no se cansa de repetir el presidente Enrique Peña Nieto.Se advertirá que es comprensible esta cautela en la retórica, que es un hecho que la fibra nacionalista corre por las venas (cerradas) de América Latina y que México no es la excepción. Toca reconocer que el petróleo es símbolo de ese profundo nacionalismo y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no pondrá en juego su gestión aunque, quizás en el fondo, sabe que el verdadero brinco al progreso sería asumir una reforma aún más abierta. Partamos, entonces, por reconocer la pena condenatoria que el nacionalismo no tiene cura y que al gobierno no le queda otra.Y es que esta reforma energética es por demás urgente; la propuesta oficialista –en el marco de sus limitaciones- da respuesta al deterioro de la industria energética mexicana. Es irrefutable que la falta de nuevas tecnologías e inversiones para la extracción del petróleo está sumiendo a Pemex en grandes pérdidas. Es evidente que a la petrolera le apremia un cambio en el régimen fiscal que dé un alivio a sus finanzas tomando en cuenta que de su menguada renta el 70% se va al fisco a cubrir el gasto público. No es posible ocultar que Pemex, lejos de ser una empresa eficiente, es un ente cuya corpulencia propicia el clima ideal para naturalizar malas prácticas como modo de gestión y el sindicalismo como sinónimo de presión y verticalismo.Con todo, desde el sur, donde se ha hecho habitual ahuyentar inversiones, donde no salimos de la resaca que nos dejaron los shows nacionalistas que tomaron las petroleras con bombos y platillos, ver que México posibilite abrir puertas a la inversión para la exploración y explotación de sus yacimientos, es admirable. Que México se proponga poner fin al monopolio estatal es un ejemplo; ojala que allá en el sur no sea un sueño imposible.*Coordinadora de RELIAL (Red Liberal de América Latina) – Fundación Friedrich Naumann para la Libertad