Estudiantes universitarios brasileños llegaron a la Brigada Parlamentaria Cruceña para sostener una reunión con la presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Erika Claure, y el diputado Moisés Salces, ambos de Convergencia Nacional, respecto a los constantes abusos y extorsión a que están expuestos cuando intentan regularizar sus trámites.Durante el encuentro, el ex cívico Antonio Tudela, representante de los universitarios, denunció malos tratos por parte de los funcionarios de Migración, además de la falta de personal competente en el Segip que brinde una información correcta.“Los funcionarios de Migración no están en condiciones de brindar una buena atención, porque uno recibe mal trato comenzando desde el guardia”, afirmó Tudela.Asimismo, indicaron que la carga horaria debe nivelarse a la del Brasil, ya que muchas veces tienen que cursar más materias o más semestres.Por su parte, el Cónsul de Brasil, Colbert Soares, se mostró muy sorprendido al ver la gran cantidad de estudiantes que son víctimas de extorsiones y abusos. Considera que la comunidad estudiantil brasileña es muy pacífica y dedicada a sus estudios.“Muchos de los universitarios han pagado sus trámites por un mal funcionamiento en el Segip, donde les indican que enviarán un correo electrónico para saber cuándo proseguirán con sus trámites y al no recibir se ven obligados a pagar una multa, sin ni siquiera notificar el por qué”, subrayó Soares.En la oportunidad, la diputada Erika Claure recordó que esta temática ya había sido analizada en la ciudad de Cochabamba, donde asistieron ocho parlamentario brasileños y debido a la importancia de la problemática se vio la necesidad de llevar a cabo otra sesión en Santa Cruz.Asimismo, Claure señaló que la Brigada Parlamentaria hará la gestión correspondiente para convocar a una reunión al director del Segip, para exigir un personal capacitado que no haga diferencia de tiempo con los estudiantes.“Ustedes están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos, en cuanto a cobros que no deberían darse. Lo peor es que no se les informa qué se les está cobrando; si uno sabe el por qué, sabe que está dentro de lo legal, pero si no, eso tiende a despertar susceptibilidades”, puntualizó.La presidenta de la Comisión de Política Internacional se comprometió a coordinar acciones inmediatas a nivel local y nacional, ya que toda la información que reúne el Segip en Santa Cruz es llevada hasta La Paz, donde se hacen las comparaciones con la Dirección Nacional de Migración, por el simple hecho de que los tramitantes son extranjeros.