Caso Chaparina. La fiscal Patricia Santos, que investiga el caso Chaparina, descartó la posibilidad de que el presidente Evo Morales declare a través de un cuestionario escrito, tal como lo pidió el dirigente campesino Rafael Quispe, debido a que el Primer Mandatario ya fue sometido con anterioridad a una investigación referida a la intervención policial a la VIII marcha indígena.
La represión policial contra los indígenas del Tipnis fue ordenada por el gobierno de Evo Morales, a través del entonces ministro Sacha Llorenti, el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, Beni. Fotos archivo.
“El señor Presidente Evo Morales ha sido sometido ya a una investigación anteriormente y que, como es de conocimiento público, existe una resolución de rechazo; y que además, al ser el más alto dignatario de Bolivia, goza de un tratamiento especial que está establecido por ley”, señaló la fiscal.
Santos anunció que más policías serán convocados a declarar en vista de que se ha establecido la existencia de informes confidenciales sobre la intervención a la marcha indígena en Chaparina. La fiscal no precisó cuántos policías serán convocados ni sus nombres a fin de no entorpecer la investigación.
CABO CÁCERES
La cabo de la Policía, Angélica Dayana Cáceres, admitió en su declaración informativa ante el Ministerio Público que hizo un seguimiento a la octava marcha indígena por órdenes superiores, informó la fiscal del caso Chaparina, Patricia Santos.
Sin embargo, según la representante del Ministerio Público, la policía negó rotundamente haber sido infiltrada en la movilización en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
“Ella en lo principal dijo que fue a cumplir una orden y que simplemente se limitó (…) a escuchar y ver lo que sucedía a objeto de realizar el seguimiento correspondiente, pero ella niega haber sido infiltrada”, afirmó Santos.
El exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, consideró como “increíble” la declaración informativa de la investigada, porque tendría la intención de encubrir la realidad de los hechos y no decir la verdad para no comprometer a instancias superiores.
Denunció que intereses políticos en el caso evitan que se conozca la verdad absoluta sobre lo que pasó en Chaparina durante la represión del 25 de septiembre de 2011.
Fuente: Erbol