Ante decisión de Venezuela de separarse de la convención americana hay temor que Evo Morales decida lo mismo para Bolivia.
Crisis. Expertos y la oposición consideran que si el país se desmarca sería para tapar los delitos de lesa humanidad.
Ref. Fotografia: ALBA. Los países que conforman el eje chavista como es el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, cuestionan el trabajo de la CIDH e incluso piden el cambio de sede, por ser considerada como parcializada para los intereses de los Estados Unidos.
Hay temores que Bolivia, Argentina, Ecuador y Nicaragua, imiten la decisión de Venezuela de salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Instrumento que es la base jurídica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Ya que esta situación, según expertos en la materia, puede dejar en estado de indefección sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por las gestiones gubernamentales del grupo de países que conforman el ALBA.
Los convenios son incómodos. Según el abogado experto en Derechos Humanos, Edgar Moreno, dijo que los convenios de derechos fundamentales son incómodos para los gobiernos de cortes totalitarios.
“Se resisten a control externo, principalmente en el tema de los derechos humanos, para que puedan cometer abusos y violaciones a sus derechos fundamentales de los ciudadanos”, explicó.
Moreno tomó como ejemplo la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) que impedía estos controles y lo mismo pasó con el Nacional Socialismo (nazis), los fascistas y las dictaduras militares.
El jurista dijo que ahora en el siglo 21, son los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) de los que forma parte la gestión del presidente Evo Morales.
A Bolivia le protege la CPE. Mientras para el abogado internacionalista Saúl Paniagua, la Constitución Política del Estado (CPE) protege el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales.
Indicó que la Convención Interamericana fue aprobada en Bolivia a través de la ley 1430 y promulgada en la gestión de Jaime Paz en febrero de 1993, ratificado con lo que ordena la actual Carta Magna.
Mientras que en Venezuela, sostiene que quiere dejar en la impunidad más de un centenar de casos de violación flagrante de los derechos humanos.
Considera que más que una cuestión internacional, ese país tiene que resolver su conflicto interno sobre su factor constitucional, porque ninguna nación puede sustraerse de la obligación que tiene con relación a los derechos fundamentales.
Se puede dar el efecto dominó. Para la decana de la Universidad de Aquino de Bolivia (Udabol), Roxana Forteza, lo sucedido en Venezuela con la decisión de su mandatario Nicolás Maduro, puede nomás producirse un efecto dominó con Bolivia.
“Esto en el sentido de que los problemas es justamente que los países neopopulistas son los mayores violadores de los derechos humanos a través de las dictaduras camufladas”, aseguró la analista internacionalista.
La académica enfatizó que no es un impedimento la Constitución boliviana, ya que como es de conocimiento público, ya el mismo Tribunal Constitucional la pisoteó al aprobar la re-reelección del binomio Evo Morales – Álvaro García Linera.
Hay un evidente debilitamiento. El exdiplomático boliviano, Manfredo Kempff, remarcó que hay un evidente debilitamiento de los derechos humanos en los países que conforman el ALBA.
Comentó que la actitud del mandatario venezolano no es novedoso en Bolivia, porque aquí se ha insistido durante mucho tiempo el de cambiar la sede de la CIDH fuera de los Estados Unidos.
Sostiene que si se diera el retiro del gobierno boliviano de este organismo sería un mal precedente para la democracia, por lo que espera que no se llegue a ese extremo, pero es algo que no se puede descartar de seguir a los venezolanos.
Situación que dejaría con una pésima imagen externa para el Estado Plurinacional boliviano, provocando la desprotección para la ciudadanía que son vulnerados sus derechos fundamentales.
El MAS niega desvinculación. Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizu, negó que Bolivia decida desvincularse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
“Venezuela ha tenido un debate profundo con la sociedad civil organizada, de que se hacía necesario abandonar esta Convención’, argumentó el parlamentario oficialista.
Respecto a Ecuador, el legislador masista mencionó que en ese país la decisión es que de manera interna se generen los cambios profundos en este organismo.
Mientras que en el caso boliviano, todavía no se ha gestado ningún debate, “esto como país pacifista se respeta los tratados y convenios internacionales y queda como un asunto pendiente”.
Garvizu mencionó que el cuestionamiento que se hace a la CIDH, es porque este organismo trata de mostrar a los gobiernos progresistas como los supuestos grandes violadores a los derechos humanos, por ello han interpelado estos informes.
Precedente nefasto de la democracia. En respuesta, el jefe de bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados, Adrían Oliva, afirma que lo sucedido en Venezuela es un nefasto precedente para la democracia.
Lamentó que la propuesta venezolana es dejar impune los casos de violación a los derechos humanos y evitar cualquier tipo de sanción que se pueda establecer sobre estos abusos cometidos en los últimos años. Indicó que con esto puede provocar que los otros estados que componen el eje chavista como Bolivia, que cuando se sientan afectados por el control que se genera en la comunidad internacional puedan tomar actitudes similares. Por lo que como parlamentario opositor, espera que ese extremo no suceda con el Estado boliviano, a pesar de los anuncios hechos en el pasado por el entorno gubernamental.
DDHH
Constitución boliviana garantiza los convenios
Constitución política
Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.
II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables.
Artículo 410.-II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
1. Constitución Política del Estado.
2. Los tratados internacionales.
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.
El eje en la mira …
Bolivia. Si bien no está en la mesa de debates, sin embargo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el presidente Evo Morales, han cuestionado el trabajo que realiza la CIDH e incluso apoyó para cambiar de sede.
Venezuela. El actual presidente Nicolás Maduro, decidió marginar a su país de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), hay críticas porque pueden quedar impunes un centenar de demandas.
Ecuador. El presidente Rafael Correa, propuso el cambio de la CIDH a la Argentina, país donde se firmó esa Convención de Derechos Humanos. Este mandatario es sindicado incluso de haber apresado a periodistas.
Argentina. Cristina Fernández viuda de Kirchner, es también cuestionada en especial por la prensa que la acusó Lanata de enriquecimiento ilícito, sin embargo, no ha cuestionado el papel de la CIDH.
Nicaragua. Daniel Ortega acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de estar politizada e influenciada por Estados Unidos. Es otro presidente sindicado de violar los derechos fundamentales.
Fuente: EL DÍA