Javier Paz García
Los resultados del censo han generado tensiones en el país y entre regiones porque sobre la base de ellos se redistribuyen recursos de coparticipación tributaria y los escaños en la Cámara de Diputados. Existen dos posturas por las cuales una región puede protestar la nueva redistribución: la primera para exigir justicia, equidad y credibilidad de los datos y la segunda para tratar de mantener un privilegio a costa de otras regiones.
Quienes ponen en duda los resultados del censo, porque creen que ha existido un manoseo político y un deficiente manejo técnico en su elaboración y piden que se elabore un nuevo censo, pues piden algo justo. Quienes simplemente rechazan el censo porque los resultados no les son favorables, están pidiendo que se cometa una injusticia y se privilegie a ciertas regiones a costa de otras. Quienes piden que los recursos y los escaños parlamentarios se repartan proporcionalmente de acuerdo con el número de habitantes piden algo justo y correcto. Quienes protestan porque perdieron representación parlamentaria, protestan en realidad contra la democracia misma, cuyo principio básico es que el voto de cada ciudadano debe valer lo mismo.
Aquí vale la pena repudiar el accionar del órgano electoral que ha realizado una redistribución de escaños adicionando variables económicas a la fórmula. Y no debería decir ‘fórmula’, porque tal palabra implica que existe un criterio que no varía con el tiempo y que al introducir los mismos datos siempre dará el mismo resultado. Pero sabemos que esto no es así, que hubo consideraciones políticas que empañan el carácter técnico que debería tener este órgano del Estado. Privilegiar a regiones más pobres con mayor representación parlamentaria equivale a decir que en términos de peso político el voto de un ciudadano pobre vale más que el de uno rico.
Este planteamiento, desde la perspectiva de una democracia moderna, es tan aberrante como decir que el voto de un rico vale más que el de un pobre. Un principio democrático es que el voto de cualquier ciudadano vale lo mismo y que todos son iguales ante la ley. El accionar del Órgano Electoral y del Parlamento viola este principio, discriminando sobre la base de la riqueza económica de las regiones. Por cierto, este esquema castiga el éxito y el crecimiento económico con una menor representación parlamentaria y premia la pobreza y el subdesarrollo, algo bastante habitual en gobiernos de tendencia socialista como el actual.
El Deber – Santa Cruz