Las reiteradas informaciones sobre la presencia de las FARC en Bolivia desde muchos años atrás tienen una confirmación adicional: la extrema similitud entre el “Modelo Social” aplicado por dicha narco-guerrilla en sus territorios controlados con el impuesto en el bastión presidencial del Chapare.
En las zonas de Colombia bajo imperio de las FARC se impone un “Manual de Convivencia” de 50 puntos, que incluye una serie de disposiciones arbitrarias de carácter obligatorio, cuya violación supone el sometimiento a rigurosas sanciones.
El gobierno de estos territorios está a cargo de las Juntas de Acción Comunal, obviamente correas de transmisión de la organización narco-terrorista, que dictan a los habitantes la participación forzosa en marchas, paros y bloqueos, la asistencia obligatoria a mítines, concentraciones y actos políticos del “movimiento”, militancia y contribución económica.
Quienes no cumplen son objeto de multas, trabajos forzados, expulsión de la región y confiscación de sus haberes y bienes, hasta el asesinato mismo.
Curiosa o sintomáticamente, esta metodología para el control territorial coincide al detalle con la instrumentada en el Trópico de Cochabamba, esta vez a cargo de los sindicatos cocaleros cuyo líder máximo es el presidente Evo Morales.
De acuerdo a un estudio elaborado por la consultora Sistemática para los mismos cocaleros, titulado “Diagnóstico a las organizaciones sociales de productores de hoja de coca en los departamentos de Cochabamba y La Paz”, el sindicato “cumple funciones de gobierno a nivel comunal”, con poder para asignar parcelas a los campesinos o para quitarlas.
Igualmente, existe la “obligación de participar en manifestaciones, marchas, huelgas de hambre o bloqueos”, de dar cuotas o aportes y de acatar las decisiones de sus entes matrices.
“En las elecciones para alcaldes las federaciones en cada municipio participan activamente nombrando a los principales candidatos. En todos los municipios los candidatos nombrados por las bases ganan las elecciones siendo posesionados como alcaldes”. El subrayado es nuestro.
“Es obligación del gobierno municipal, alcalde, niveles técnicos, concejales municipales y comité de vigilancia, elevar informes periódicos de la gestión municipal en los ampliados de las federaciones”. Allí se toman decisiones, llegando inclusive a “concretar el cambio del alcalde y/o de los funcionarios municipales”.
El sindicato cocalero es el encargado de administrar la justicia comunitaria, con penas que van desde las multas y los castigos físicos hasta la expulsión (el linchamiento también es parte de sus prácticas, aunque no se admita teóricamente). El principal dirigente del sindicato es quien determina las sanciones a aplicar.
“Los reglamentos internos de los sindicatos son obligatorios”, dice la citada consultoría, y son estas normas precisamente las que constituyen la legislación paralela imperante en estos territorios, donde hay una auténtica sustitución del Estado.
Según varios analistas, la metodología de dictadura sindical descrita está siendo expandida a otras partes del país, con evidentes consecuencias para la desinstitucionalización de Bolivia…