Con un estricto operativo de seguridad, diseñado para impedir el ingreso de ciudadanos “no-cocaleros” al Palacio, especialmente periodistas que pudieran informar al resto de la población, se llevó a cabo la reunión del gobierno con los cultivadores de coca.
Fue una nueva muestra de que en la Bolivia evista existen dos tipos de ciudadanos, de primera y de segunda clase, ya que se concedió a las bases del MAS el privilegio de conocer el archisecreto estudio sobre el consumo de la coca antes que el resto de los bolivianos.
¿Sucede entonces que los cocaleros tienen un derecho a la información más amplio que los demás ciudadanos?
La reiterada postergación en la difusión del estudio ha multiplicado legítimas suspicacias, en el sentido de que el informe estaría siendo retocado “a medida” para que el régimen pueda acercar las cifras a su objetivo definido a priori: legalizar 20.000 hectáreas de coca.
Esto, cuando investigaciones independientes como la del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin) estiman que serían suficientes 8.000 hectáreas para abastecer al mercado de consumo tradicional.
El informe financiado por la Unión Europea y reelaborado por el gobierno con “estudios adicionales” está siendo manejado como una suerte de “Secreto de Estado Cocalero”, a la espera de hacerle los últimos ajustes con el consenso de las bases.
Todo apunta a que tendremos otro “dibujo libre”, como el ocurrido entre la divulgación de los resultados preliminares y los datos finales del Censo…