Según los productores, desde el 2012, más de 100 propiedades privadas han sido invadidas.
El INRA admitió esta semana que hay mafias que se dedican a traficar con las tierras. Exigen una norma que castigue las tomas.
EL DÍA, Santa Cruz, Bolivia
Ref. Fotografia: Asentamientos. Una vista aérea de una de las últimas propiedades tomadas por los invasores en el norte cruceño, en la zona de Limoncito.
Los recurrentes avasallamientos de tierras productivas son uno de los grandes dramas que soporta el sector agropecuario cruceño. Y sus víctimas decidieron este año tener voz propia para defenderse y crearon la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados de Santa Cruz (ASPP). Según sus cálculos desde el 2012 hasta ahora se han invadido unas 100 propiedades.
Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que recientemente se han producido cinco nuevas tomas de predios por parte de los avasalladores en la zona norte. Por lo que cuantifica, que actualmente existen más de 70 predios avasallados en el departamento. También denunció que los cabecillas comercializan las tierras mediante el cobro de dinero, además de realizar las tomas en camionetas de lujo.
"Tenemos problemas de avasallamientos en la zona del Tinto, en el Urubó, en San José, en la Bélgica, en Pailón, en Portachuelo, entre otras localidades. Son personas que se dedican a comercializar las tierras, sobre todo en la zona norte, donde están realizando el cobro de $us 100 y 200 a los campesinos, para repartir los terrenos", dijo Roda, además de añadir que los avasalladores en el norte están colocando hierros en los cultivos para dañar las maquinarias y bloquean las vías de acceso a los predios.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene cifras menores y calcula que en los dos últimos años hubo solo 25 conflictos de tierras y 15 se han solucionado. Sin embargo, desde los sectores productivos cuestionan al Gobierno porque consideran que tiene una actitud pasiva frente a este problema.
El daño que inflige la invasión de tierras. “Necesitamos seguridad jurídica para trabajar, porque aunque nos avasallen un 10% de la propiedad, ya nadie ingresa a cosechar, entonces es un perjuicio muy grande", manifestó Jorge Zambrana, presidente de la ASPP, al referirse al impacto de los avasallamientos.
Los dueños de La Fortuna calcularon una pérdida de 300 mil dólares por la invasión de este predio durante 38 días, entre septiembre y octubre de este año. A fines de octubre, un contingente policial desalojó a los invasores y los propietarios esperan procesar a los cabecillas ante la justicia.
Grupos organizados dirigen las tomas. El jefe regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Jorge Gómez, admitió esta semana que hay grupos que se dedican a traficar con las tierras. Y los testimonios de los productores confirman esta situación. "Esta gente está muy organizada, ya que para ellos es un negocio ingresar a las propiedades, no lo hacen para trabajar la tierra, sino para obtener un documento y posteriormente venderlo. Hemos denunciado a los principales cabecillas, pero no obtuvimos resultados positivos. Esto tiene que acabar”, dice Zambrana.
Según José Luis Roca, representante de la propiedad "El Carmen", ubicado en la zona de Limoncito, los cabecillas de los grupos ilegales prometen un pedazo de tierra a los campesinos a cambio de un monto económico, logrando de esta forma reunir una gran cantidad de personas para luego proceder al avasallamiento del predio. "Primeramente los cuatro o cinco dirigentes que comandan estos grupos, realizan un reconocimiento de la zona, reúnen gente mintiéndoles que van a tener tierra para cultivar, entonces empiezan a inscribir a las personas por la suma de Bs 700 a 1.000 cada uno. Les hablan de una superficie que no existe, por ejemplo, en esta zona les dicen que hay 36 mil hectáreas cuando en realidad hay 14 mil donde se produce maíz, soya y trigo, después lo desalojan y pierden su dinero. Entonces son grupos que lucran con las tierras y la gente incauta", denunció Roca.
El productor también dijo que la información de los predios con la que cuentan los cabecillas de los grupos es bastante precisa, por lo que sugiere que esta sale desde el INRA. También informó que actualmente se encuentran cinco predios avasallados de los 18 que existen en la zona, por lo que pide a las autoridades tomar cartas en el asunto antes de que los avasallamientos se expandan aún más en el área.
"Yo creo que deben tener algún contacto en el INRA que les facilita la información para saber por dónde van a ingresar. En este momento hay cinco predios avasallados, estamos hablando de 3.000 hectáreas. La intención de ellos es abarcar todos los predios que existen en la zona, ya que en un principio ingresaron entre 80 y 100 personas, pero día a día se van multiplicando", finalizó Roca.
Plan de asentamiento en la mira. El pasado viernes un masivo cabildo realizado en San José de Chiquitos rechazó el plan de asentamientos de unos 5.000 campesinos del interior del país en unas 140 mil hectáreas. "La ley dice que las tierras distribuidas deben ser con preferencia para los chiquitanos, no dice que debe ser para gente traída masivamente del occidente”, dijo el alcalde josesano, Germaín Caballero, al denunciar además la ocupación sistemática de comunidades indígenas, predios privados y parques forestales.
Productores
Piden tratamiento de la Ley de Avasallamientos Agropecuarios
Norma. Jorge Zambrana, presidente de la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados de Santa Cruz, expresó su esperanza en que la Asamblea Legislativa Plurinacional realice el tratamiento de la ley de Avasallamiento Agropecuario al igual que se hizo con la ley de Avasallamiento Minero que derivó en su promulgación, sancionando esta práctica.
"La ley sigue en el parlamento, esperamos que pueda ser tratada por los diputados para que así tengamos una herramienta legal contra estos avasallamientos", manifestó Zambrana. / MCV
Punto de vista
Víctor Hugo Vásquez
Viceministro de Desarrollo Rural
"En este país se garantiza la propiedad privada’
La Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la propiedad privada, por tanto en este país no existe lugar para aquellas personas que se apropian indebidamente de predios productivos privados. Si existe este tipo de situaciones se debe sancionar conforme establecen las leyes. En este marco, estamos pidiendo a las autoridades correspondientes del Órgano Judicial que actúen como corresponde para que agilicen los trámites y así garantizar la justicia en todo el país. Por otro lado, estamos trabajando en conjunto con los productores para avanzar en la regularización de desmontes ilegales. A la fecha tenemos registrados 135 mil hectáreas de las cuales 26 mil hectáreas corresponden a desmontes ilegales que se realizaron años anteriores”.