Exigen a ONG adecuar sus normas para seguir en Bolivia

Sólo 50 de 2.000 organizaciones en Bolivia adecuaron sus estatutos. ONG IBIS lamenta que no fue escuchada.

Leyes exigen a ONG adecuar sus normas para seguir en Bolivia

El MAS asegura que un 80% de las ONG tiene vencido su permiso de funcionamiento. La oposición afirma que es un pretexto para acallar las críticas.

Página Siete / La Paz



Dos leyes obligan a las Organizaciones No Gubernametales (ONG), fundaciones y organizaciones sin fines de lucro adecuar sus estatutos conforme al Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución Política del Estado para garantizar su permanencia en Bolivia. A la que incumple le serán "anuladas” de forma automática su personería jurídica y matrícula.

La primera norma es la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas -promulgada el 19 de marzo de 2013-, que en su decreto reglamentario señala que las organizaciones que obtuvieron su personería jurídica con anterioridad a la publicación de esta ley deben adecuar sus estatutos y reglamentos internos de acuerdo a la planificación nacional y las políticas nacionales.

Una vez adecuado el documento, éste deberá ser presentado al Ministerio de Autonomías, que se encargará de evaluar y si hay observaciones, será devuelto  para que la ONG corrija en un plazo de 10 días, caso contrario el trámite será archivado.

Una vez subsanadas las observaciones y previa evaluación, el ministerio emitirá un informe final dando curso a la solicitud.

Las ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que no sigan este trámite perderán su personería jurídica de forma automática, cumplidos los plazos establecidos por ley.  

De acuerdo a la unidad jurídica del Ministerio de Autonomías, el primer plazo venció el 5 de noviembre. Hasta ese tiempo sólo 50 de las 2.000 ONG que operan en Bolivia presentaron sus estatutos y reglamentos internos,  que aún son evaluados.

Sin embargo, la unidad jurídica del ministerio aclaró que las ONG tienen un plazo más -hasta el 15 de marzo de 2014- para regularizar su documentación.

La disposición tercera de la ley 351 establece que "para fines de registro, las personas colectivas que desarrollan actividades en más de un departamento y que obtuvieron su personería jurídica con anterioridad a la vigencia de la presente ley deberán presentar ante el Ministerio de Autonomías una copia legalizada de su personería jurídica en el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley”.

Entre las entidades que tramitan la adecuación de sus estatutos y reglamentos están la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Fundación Noel Kemp Mercado, UNIR, Fundación Tierra, la Federación Nacional de Jubilados y Rentintas del Sistema Universitario de Bolivia, entre otras entidades.

El director de la ONG Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Hernán Ávila, informó que iniciaron el trámite para la renovación de sus estatutos pero el ministerio "hasta la fecha no ha pasado ninguna nota oficial sobre alguna observación a la documentación que hemos presentado”.

La segunda norma que deben cumplir las ONG para garantizar su permanencia en Bolivia es el Decreto Supremo  22409, del 11 de enero de 1990, promulgado por el expresidente Jaime Paz Zamora, que crea el Registro Único Nacional de organizaciones no gubernamentales para la matriculación obligatoria de todas las ONG y la sistematización de la información de éstas.

Según el decreto, las ONG inscritas en el registro deberán presentar cada tres años la información sobre las actividades que realizaron y  en caso de comprobarse irregularidades en el cumplimiento de los objetivos declarados por cualquier ONG, el Ministerio de Planificación tendrá la facultad de solicitar la revocatoria de la personería jurídica.

El senador del MAS Eugenio Rojas aseguró que la norma fue aprobada con el objetivo de que las ONG regularicen su "estadía” en Bolivia, ya que un 80% tenía vencido el permiso de funcionamiento.

A consideración de Rojas, varias de las ONG no presentaron su documentación actualizada porque algunas dejaron de trabajar en Bolivia.

Mientras el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM)  Fabián Yaksic  calificó de positiva la existencia de  leyes, pero dijo que el Gobierno se "agarra” de algunas  para "amedrentar” a  instituciones o personas que critiquen el proceso de cambio.

En la misma línea, la diputada de oposición  Norma Piérola (CN) manifestó que las normas "son un pretexto para destruir a todo aquel que no esté con Evo Morales.  Tal como sucedió con la ONG IBIS, que  bajo el título de injerencia fue expulsada”.

IBIS lamenta que no fue escuchada

LA ONG DEBE IRSE EN TRES MESES.

image Los Tiempos

La directora de IBIS en Bolivia, Ximena Valdivia, y José Luis Álvarez de la ONG IBIS de Dinamarca, en rueda de prensa, ayer. Agencias.

La organización danesa IBIS, expulsada del país la semana pasada por el Gobierno por supuesta injerencia política, se quejó ayer de que el Ejecutivo la echó sin escucharla.

La directora en Bolivia de IBIS Dinamarca, Ximena Valdivia, confirmó que recibieron la notificación de la Cancillería, ratificando la expulsión y que tienen plazo hasta el 26 de marzo de 2014 para cerrar sus programas.

La directora de IBIS en Bolivia lamentó a través de un comunicado que dio lectura ayer, el cierre de planes que benefician a 76.500 personas, así como no haber tenido la oportunidad de dialogar con el Gobierno sobre las razones de la expulsión.

“Esperábamos que el Estado boliviano aceptara nuestra solicitud de dialogar y revisar los textos donde IBIS habría cometido injerencia política”, pero la Cancillería envió una carta ratificando la expulsión y fijando como fecha de cese el 26 de marzo de 2014, dijo Valdivia durante una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas de los periodistas y se limitó a leer un comunicado de la organización.

El Ejecutivo que preside Evo Morales acusa a IBIS de injerencia política, de financiar la división de organizaciones indígenas y de haber plasmado en documentos críticas “intolerables” a su relación con los pueblos nativos.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró hace una semana que documentos de IBIS señalan que el Gobierno boliviano “se ha extraviado”, “ha traicionado los principios de la lucha de los pueblos indígenas” y es “incapaz de aplicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, entre otras críticas.

Según Valdivia, las acusaciones no se corresponden con la política de la ONG y su historial de trabajo en Bolivia por lo que han quedado “profundamente abrumados” y sorprendidos por las denuncias.

Valdivia enfatizó que la institución tiene el “mínimo derecho de conocer con precisión cuáles son los fundamentos de la decisión de la expulsión de IBIS de Bolivia con objeto de tener la oportunidad de dar una explicación o corregir los errores cometidos”.

Agregó que la ONG respeta la soberanía de los países donde trabaja y apoya los derechos de los indígenas, pero no habla en su nombre, pero si representantes o documentos de IBIS han sobrepasado esa política están “dispuestos a pedir las disculpas necesarias”.

La organización internacional trabaja en Bolivia hace 30 años a favor de los indígenas y sectores pobres. Precisó que su forma de trabajar, sus programas y estrategias han sido reportadas a la Cancillería boliviana, “sin haber recibido nunca antes ninguna observación o llamada de atención”.

El último acuerdo marco suscrito por IBIS con la Cancillería, el  24 de enero de 2011, era por cuatro años, hasta el 24 de enero de 2015. El mismo, según la nota enviada por la Cancillería, quedó disuelto.

La directora de la ONG indicó que han solicitado al Estado que se haga cargo de todos sus programas que benefician a decenas de miles de personas, que se verán perjudicadas por su salida de Bolivia.

La organización danesa trabaja en programas educativos, gobernabilidad, proyectos productivos y salud, entre ellos uno de prevención y provisión de medicamentos a portadores de VIH en coordinación con el Gobierno. Poco más de 76.000 personas se han beneficiado en todo el país de su trabajo.

IBIS también apoya con fondos a otras organizaciones bolivianas, algunas de las cuales son críticas del Gobierno.

La decisión que precipitó la expulsión es la abierta pugna entre un grupo que respalda al Gobierno y otro que lo cuestiona en el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyu, la organización más importante de indígenas del occidente.

Organizaciones indígenas de  comunidades de Potosí, que reciben del apoyo de IBIS, anunciaron reuniones de emergencia para definir acciones de defensa de la organización ante su expulsión. Lamentaron que el Gobierno haya decidido “unilateralmente”, sin consultarles, expulsar a la ONG danesa.

EL TRABAJO DE IBIS EN BOLIVIA

* “Nuestra máxima preocupación es que por lo menos 76.500 jóvenes, niños, mujeres y productores indígenas se verán afectados por la salida de IBIS de Bolivia y que además IBIS ya no será capaz de desempeñarse como una voz de solidaridad con el pueblo boliviano y el Estado Plurinacional de Bolivia, en Dinamarca, Europa e internacionalmente”, señala un comunicado de prensa de la organización no gubernamental.

* En un anterior comunicado, IBIS recordó que en 1995 pagó el viaje del entonces dirigente cocalero y hoy presidente de Bolivia Evo Morales, al Foro Social en Dinamarca. Además de que apoyó programas en coordinación de los ministerios de Relaciones Exteriores, Autonomías y Educación.

* IBIS a través de contrapartes apoya al Conamaq, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Erbol, la Fundación Wayna Tambo, Liga De Defensa Del Medio Ambiente (Lidema), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), El Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE), entre otras instituciones.