Mauricio Ochoa Urioste
El flamante Presidente del Senado, Eugenio Rojas, pidió perdón por haber participado en el degüello de perros. Le faltó, sin embargo, rectificar su pavorosa propuesta de legalizar las torturas el 2011. Rectificación por demás necesaria pues expresó, además, que son justificables las presiones físicas y psicológicas para obtener información.
El 17 de enero de 2014, la oficina de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) fue tomada con arbitrariedad, sin que alguna autoridad del Ejecutivo condene o repudie este hecho atribuido a gente afín al oficialismo en concomitancia con agentes de inteligencia, grupos de choque y la Policía Nacional. El presidente boliviano, por su parte, afirmó que un sector de la APDHLP se parcializó con la oposición, y para colofón, recibió al Viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, quien dijo que su Gobierno está siempre al lado de sus amigos revolucionarios de Bolivia. Nota aparte es que las autoridades iraníes todavía condenan a muerte, y se han pronunciado la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos (DDHH) en contra de las ejecuciones – que suelen llevarse a cabo colgando al condenado de una grúa a veces en público – a las que se suman torturas, agresiones, arrestos y detenciones arbitrarias.
Este panorama sombrío llama a una profunda reflexión en torno a la situación de los DDHH en Bolivia. ¿Es realmente posible vivir en una sociedad organizada sin la debida promoción, respeto y defensa de los DDHH? Hay quienes opinan, como el presidente boliviano, que en este milenio es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que los DDHH. Con otras palabras también infravaloraron los DDHH gobiernos autoritarios y tiranías de diversa estirpe.
La abrogada Constitución boliviana de 1967 establecía que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables, y respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. No obstante la Constitución de 2009 adhiere los Tratados internacionales de DDHH, autoridades gubernamentales no sólo han sido cuestionadas por la APDHB, sino también por el Defensor del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
A propósito de la toma de la APDHLP, Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés, manifestó: “en los últimos días, el Gobierno de Evo Morales coherente con su vocación antidemocrática, represiva e intolerante ha desplegado acciones de represión y pisoteo de los más elementales derechos constitucionales (…) como en la época de las dictaduras militares, una de las organizaciones de DDHH más emblemáticas, está siendo víctima de semejante atropello”.
Todo lo anterior indica que los DDHH en Bolivia se encuentran en un estado de emergencia, y es un tema capital que la sociedad entera – incluido el Gobierno, claro está – garantice la independencia de las instituciones que los defienden y promueven.