Ciro Añez Núñez*
La corrupción ha sido analizada desde diferentes visiones y dentro de sus múltiples clasificaciones podemos citar a la corrupción política también denominada corrupción administrativa o pública (cometidas por los servidores públicos, cualquiera sea su rango o jerarquía) y la corrupción privada (cometidas por y entre los particulares).
En el ámbito legal la lucha contra la corrupción fue pensada solo en beneficio y en protección del Estado, no existiendo una definición específica de corrupción sino más bien es utilizada para agrupar varios actos delictivos predominando la idea del soborno y el abuso del poder encomendado; por ejemplo: las Convenciones Internacionales contra la Corrupción enumeran un listado de conductas delictivas que afectan por lo general al patrimonio estatal y un reflejo de ello es que en nuestro país, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (art. 2) mantiene dicha postura englobando cualquier acto u omisión que afecten los intereses del Estado dentro de una gama de delitos que en ella se encuentra contemplada.
Llevamos muchos años de búsqueda sobre las causas de la corrupción produciéndose un extravió al considerar que son la pobreza y/o a la política, pues no lo son dado que en los países ricos también se dan casos de corrupción, por lo tanto, el solo hecho de que exista corrupción en ellos desacredita tal criterio como tampoco lo es la política, porque no resulta ser de algún sistema político en particular o especial, aunque sí existen situaciones históricas coincidentes más proclives a la corrupción relacionada con la concentración del poder absoluto; entonces la corrupción tiene que ver más con lo intrínseco, es decir con la naturaleza egoísta de la especie humana la cual engendra la angurria por conseguir más dinero en corto tiempo y con el menor costo y esfuerzo posible.
Es cierto de que la corrupción corroe el sistema democrático, quebranta el Estado de Derecho, produce la interferencia de roles y de poderes públicos, el sistema de administración de justicia deja de ser auténtico para convertirse en un reflejo del poder y no un límite al poder, se instaura el desorden, los contratos no se cumplen ni se hacen cumplir, se usa los bienes públicos para uso particular, todo esto afecta a la inversión y se convierte en un enemigo a largo plazo para el crecimiento económico de los países; sin embargo, desde una perspectiva económica más que percibir a la corrupción como “causa” se lo debiera analizar como un “efecto” del alto costo de la legalidad y de la fuente monopólica de la producción del Derecho.
La gente tiende por naturaleza carnal a buscar su propio beneficio y en consecuencia busca lo más barato y evita lo más oneroso. Esto es un proceso psicológico, lo cual ocasiona que personas con débiles fundamentos éticos determinen a qué precio deciden ser personas buenas o malas.
Montero Soler y Torres López advierte que el delincuente “en la medida en que los beneficios de su acción supera los costos, el delito es cometido”. De allí que el límite de la moral de las personas incide en esa conveniencia individual.
Las leyes como la costumbre no son gratuitas. Ronald Coase señala textualmente lo siguiente: “lo que se intercambia en el mercado no son (como suelen suponer los economistas) entidades físicas, sino los derechos para realizar ciertas acciones; y los derechos de los individuos son establecidos por el sistema legal”.
Enrique Ghersi sostiene que el costo de la ley es la oportunidad desaprovechada para cumplirla, es decir: todo aquello que dejo de hacer (trabajo, vida familiar, estudio, relaciones sociales, deporte, etc.) a fin de satisfacer las exigencias impuestas por una determinada regulación.
Entonces, cuando el costo de la legalidad excede a su beneficio, la ley se incumple de acuerdo a la escala valorativa de las personas.
De allí que para algunas personas inescrupulosas bajo un sistema institucionalizado de corrupción (esto es: aquella sociedad donde los hábitos de ser corruptos se convierten en un estilo de vida generalizado), lamentablemente la corrupción les resulta rentable (logran enriquecerse ilícitamente), impune (a través del soborno evitan ser sancionados) y favorable, pues consideran que gracias al potencial económico que pudieran obtener producto de la corrupción se muestran de manera camuflada ante la sociedad como personas “prósperas y exitosas” alcanzando un supuesto prestigio basado únicamente en el dinero que ostentan. Esto es lo que comúnmente ocurre con los contrabandistas, narcotraficantes, etc.
Esta grave situación ocasiona que todo se distorsione y por consecuencia los errores ya no existen o al menos ya no son creíbles dado que la corrupción resulta siendo premeditada y deliberada como un instrumento en búsqueda de romper la competitividad institucional de un orden anteriormente establecido para imponer una nueva estructura acorde a ese estilo de vida. El resultado es que aquella idea inicial de que la corrupción afecta al crecimiento económico de un país deja de ser cierta y por el contrario ayuda a dicho crecimiento fulgor de una sociedad totalmente contaminada.
Existe también otro extremo con similar efecto y consiste en aquellas sociedades donde el costo de la ley es alto con economías muy reguladas y con muchas barreras económicas a la libre empresa, dando lugar a que la corrupción sea vista como un mecanismo eficiente para conseguir los objetivos más productivos a corto plazo.
El economista Xavier Sala-i-Martín menciona que la relación entre corrupción y crecimiento económico no está del todo claro ni en la teoría ni en la práctica, pues si bien es cierto que en los países corruptos la economía no funciona bien, como es el caso de África, pero hay otros considerados muy corruptos (por los rankings internacionales sobre el índice de percepción de corrupción) que en lo económico les va extraordinariamente bien, citando dicho investigador, el caso de China.
Entonces, desde una perspectiva médica, diremos que la corrupción es como un tumor que puede ser maligno o benigno. Dicho tumor puede estar claramente identificado o puede camuflarse en el sistema y si éste es invasivo y afecta a muchas partes del sistema, entonces el problema es más serio pues destruye la institucionalidad, complica la productividad, las leyes benefician a unos pocos y se experimenta una fuga de inversión, entre otras complicaciones más. Entonces, la lucha contra la corrupción debe estar destinada a que ésta sea identificada, que no sea maligna, que pueda ser contralada y que no sea invasiva.
La pregunta es ¿cómo se la puede controlar?; según Sala-i-Martín existen dos grupos de teorías de la corrupción: 1) Que en aquellas sociedades donde existe un mayor incentivo a ser corruptos (Ej.: concurren más reglas que pueden ser saltadas o incumplidas a cambio de dinero, donde los beneficios de ser corrupto es más prominente y los costos de ser corrupto son bajos), el remedio es elevar los costes de la corrupción mediante persecuciones penales, agravación de penas, etc.; y, 2) la otra percepción es que la corrupción es cultural y por ende los niveles de corrupción difieren entre países, lo cual es más complejo y muchas veces se cae únicamente en el pesimismo y la fatalidad.
El primero de los criterios ha quedado históricamente demostrado que no funciona porque a pesar de aplicarse las medidas sugeridas la corrupción continúa existiendo. No solo en Bolivia sino en los demás países del mundo por muchos años se viene enfrentando a la corrupción mediante dos frentes comunes y bien definidos, esto es: 1) arremetiendo contra los actos de corrupción mediante leyes drásticas y mecanismos de persecución a través de autoridades competentes y 2) potenciando las instituciones públicas lo cual genera mayor burocracia; sin embargo, el resultado ha sido siempre el mismo: la corrupción no pierde vigencia.
La “burocracia” es definida por la Real Academia Española como “la administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”, en cuyo escenario existen mayores probabilidades de que surja la corrupción.
Desde ésta óptica y en sentido figurado, la burocracia es capaz de superar a los alquimistas pues sin necesidad de buscar la transformación del plomo o del hierro en oro (entendido como un bien evaluable en dinero), resulta que algunos servidores públicos “de la nada” son capaces de crear un problema (donde nunca debió existir) para luego vender la solución la cual se traduce en dinero (el oro), llegándose a camuflar como si se tratase de un servicio más ofrecido al administrado o consumidor, quien al final se ve obligado a pagar lo que exige el funcionario corrupto con tal de llegar a concretar sus proyectos que hasta antes de ese momento se encontraban irresolutos, al extremo que es penoso evidenciar en aquellas sociedades donde la corrupción se encuentra institucionalizada que cualquier proyecto de inversión sea pública o privada para que sea viable ya se contempla dentro del presupuesto (como algo normal) un ítem destinado a la corrupción.
Por lo tanto, resulta falto de sentido común pretender reducir la corrupción administrativa con más burocracia (controles estatales), creando y potenciando más burocracia con nuevos ministerios, direcciones públicas de anticorrupción, nuevas formas de administración pública que involucre nuevos y más cargos, etc., pues como menciona Juan Ramón Rallo: “el problema es que a más burócratas es posible más entidades corruptibles”; una muestra de todo esto es el caso Ostreicher, el cual develó públicamente el colmo de la corrupción que consiste en la posibilidad de que los servidores públicos puedan mal utilizar la Ley Anticorrupción para cometer más actos de corrupción.
Según Axel Kaiser, el mayor de los peligros en la economía es la fusión de intereses económicos y políticos pues a su entender la captura del aparato estatal tiene la siniestra ventaja de engañar al público, por cuanto sólo en apariencia el Estado controla y fiscaliza a esos grupos de interés, cuando en realidad lo que hace es trabajar para ellos procurándoles, a través de regulaciones e impuestos que se aprueban en nombre del bien común y de la protección de los más débiles, una posición de ventaja irremontable frente al resto de la sociedad.
Kaiser considera por ejemplo que la moneda de cambio son enormes sumas de dinero destinadas a campañas políticas de todos los partidos políticos, puertas giratorias entre los gobiernos y los grandes sindicatos, empresas, masa electoral cautiva y condescendiente con la voracidad tributaria que permite a políticos y burócratas darse una vida de cuasi nobleza financiada por la clase media y los más pobres.
Desde este enfoque la corrupción administrativa posee gran influencia sobre la economía; por lo tanto, el camino de solución no gravita en añadir más controles estatales sino reducir y limitar las competencias del poder político.
Por lo tanto, no es por ley, ni por decreto o mediante sentencias que se acabará la corrupción o que una sociedad cambiará, pues el costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso de la población y por ende cuando en una sociedad existen muchas leyes en realidad los más afectados resultan siendo los pobres. A esto se lo conoce como “discriminación legal” pues todo incremento en la cantidad de normas de una sociedad acaba siendo discriminatorio.
Ghersi advierte que “el alto costo de la legalidad responde a condicionamientos políticos y es un reflejo de cómo se utiliza el poder legislativo en un Estado. Cuando el poder carece de limitaciones es previsible encontrar un alto costo de la legalidad (el costo de la ley es un mero reflejo del poder)”; y, asimismo, Ghersi señala que por un problema de satisfacciones alternativas y de costo de oportunidad, a los ricos la ley les es más barata que a los pobres, porque los ricos tienen que sacrificar menos de su ingreso personal para cumplir con la ley mientras que los pobres tienen que sacrificar más cosa significativas, es decir: más tiempo y más información (ambos elementos que son excesivamente costoso en todo el mercado).
A manera de conclusión, considero que para aminorar y controlar de mejor manera a la corrupción tanto administrativa como privada, es menester agregar nuevas y más efectivas acciones de combate de largo plazo y de mayor alcance, las cuales pasan a su vez por entender cuatro (4) situaciones:
1) Que es necesario reducir el costo de la legalidad (Ej.: bajar el costo de los impuestos a un valor ínfimo, es decir el valor del IVA cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15% bajar al 5%. De esta manera todos podrían y estarían obligados a pagarlo, debiendo ser eliminado el régimen simplificado); 2) que en una economía de mercado el costo de la legalidad es más bajo que una economía intervenida, recordando la ecuación de Alejandro Chafuen: “a mayor libertad económica menor corrupción”; 3) como individuos ser cada vez menos egoístas cultivando buenos hábitos basados en principios y valores éticos morales, esto es, invertir en el capital humano como estrategia imprescindible si se pretende implementar cambios verdaderamente profundos y duraderos. Que la sociedad civil, como expongo en mi libro “Los Delitos de Corrupción”, pueda agruparse y establecerse en asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario) donde se le permita verdaderamente trabajar y sea ésta respetada, pues resulta ingenua la idea de que la corrupción administrativa que emerge de la burocracia pretenda ser controlada por sí misma con más burocracia. Esto ya ha sido demostrado por la experiencia. China por ejemplo, está trabajando en ello, habiendo establecido una Comisión Independiente Anticorrupción a manera de brigadas de control, de previsión y de instrucción desde los más pequeños hasta los mayores, con el propósito de que la sociedad entienda de que la arca pública no es dinero de los servidores públicos y que se debe castigar a la corrupción (no se la debe tolerar). Si bien es cierto que China todavía se encuentra en los listados de rankings de corrupción pero tampoco es menos cierto que se va alejando de los primeros puestos en comparación con años anteriores. Esta es una enseñanza individual de que debemos dejar la fatalidad, transformándose en seres proactivos y hacer los esfuerzos posibles que motiven un cambio cultural (Hong Kong hace cuarenta años era mucho más corrupto que ahora y eso debería ser visto y entendido por América Latina); y, 4) que las personas entiendan verdaderamente que el costo de acceso a la justicia no es mediante slogans sobre principio de gratuidad en los procesos judiciales sino que tiene que ver con el verdadero costo que la burocracia representa y por ende también apuesten por la administración de sus problemas mediante la mediación, conciliación o arbitraje como mecanismos alternativos de solución de conflictos y no así recurrir a los linchamientos como síntoma de degradación humana y desesperación por la ineficiencia en el deplorable sistema de administración de justicia.
*Abogado, escritor y profesor universitario