El secretismo parece ser una de las características más relevantes del régimen encabezado por Evo Morales.
Por una parte, se acaba de conocer que de un total de 1.979 peticiones de informe escrito planteadas por parlamentarios de oposición a altos funcionarios de gobierno en el 2013, un total de 499 no obtuvieron respuesta alguna.
¿Cómo explicar que más del 25% de los pedidos de informe no sean contestados?
Evidentemente, estamos ante una administración que no tiene interés alguno en transparentar su gestión, y ya se sabe que cuando eso pasa es porque estamos ante “gato encerrado”.
Por otro lado, la nueva Ley de Empresas Públicas promulgada por el mandatario cocalero también propende al hermetismo, al penalizar a los funcionarios de las compañías estatales que difundan información “estratégica”.
En buen romance, lo que establece la citada normativa es sanciones a quienes, desde dentro de las empresas públicas, pudieran eventualmente colaborar con la prensa en el esclarecimiento de la verdadera situación de estas entidades, que como es sabido no se caracterizan por su eficiencia.
A no dudarlo: el secretismo es, aquí o en cualquier parte, sinónimo de irregularidades y corrupción…